Las recientes protestas realizadas en el país entre febrero y marzo 2013, han puesto en la escena nacional el enorme descontento y la capacidad de movilización de importantes sectores de la población venezolana, y al mismo tiempo han permitido que el país entero sea testigo del cuantioso gasto realizado por el Gobierno venezolano en material y equipos para la contención de protestas.
Junto a la aprobación de normas para restringir la posibilidad de exigir derechos y criminalizar formas de lucha de los sectores sociales como la huelga y la tranca de calles, el Gobierno del fallecido Presidente Chávez y ahora el Presidente Nicolás Maduro, han destinado un importante porcentaje del presupuesto nacional en la adquisición de material de defensa y equipos antidisturbios, así como componentes para la fabricación de sustancias tóxicas, prohibidas en la Constitución Nacional.
En un Informe elaborado por la Secretaria de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad de España, presentado al Congreso de diputados de ese país a finales de 2013, se desprende que el gobierno español vendió – sólo en el primer semestre de 2013- material antidisturbios al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, por un valor de 16.016 euros. El objeto de esta venta fue el suministro de “colorantes para la fabricación de artificios pirotécnicos no letales”, tal y como consta en el expediente aportado por el departamento estatal de aduanas e impuestos especiales.
El informe destaca que en lo que respecta a las operaciones de venta realizadas por el gobierno de España, por concepto de material policial y de seguridad, lo «exportado ascendió a 2,8 millones de euros frente a 1,7 millones de euros en el mismo período de 2012, con un aumento del 64,7 por ciento. Las exportaciones realizadas (2,8 millones de euros) supusieron un 55,5 por ciento de lo autorizado en el mismo período (5,1 millones de euros).»
«Los destinos fueron Túnez (1,9 millones de euros, 70,1 por ciento), Nicaragua (427.514 euros, 15,1 por ciento), Perú (406.059 euros, 14,1 por ciento), Venezuela (16.016 euros, 0,6 por ciento) y Egipto (0 euros, 0 por ciento)», refiere el informe.
Asimismo, el informe de la Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, señala que entre enero y junio del pasado año se concedieron a Venezuela seis licencias de elementos antidisturbios por valor de 2,6 millones de euros.
En cuanto a material denominado “doble uso” (tanto civil como militar) España vendió a Venezuela equipos por el orden de los 2.707.710 euros, principalmente de la categoría 1 (máscaras antigás, trajes blindados, herramientas, troqueles, fluidos y sustancias lubricantes, cianuros y derivados halogenados). De dicha cuantía 14.164 euros correspondieron a la categoría 5 (equipos de transmisión de comunicaciones, cables de fibra óptica y sistemas de seguridad).
En 2011 España exportó a Venezuela material antidisturbios por valor de 145.823 euros, repartidos en despieces de inertes para fabricar artificios pirotécnicos no letales y aerosoles de defensa con pulsador. En 2012, ya con Rajoy en el poder, la cifra aumentó a los 400.000 euros.
El Gobierno venezolano ha profundizado la doctrina represiva basada en el concepto de seguridad nacional, que privilegia la represión y el uso de la fuerza contra manifestantes, por encima del diálogo y la atención a las demandas sociales. En las más recientes manifestaciones hemos visto el enorme despliegue de GNB y Policías con equipos de última generación para reprimir protestas. Asimismo el indiscriminado uso de sustancias tóxicas como bombas lacrimógenas, supone un gasto enorme de recursos que bien pudieron ser empleados en la adquisición de insumos para hospitales o destinados a la inversión en servicios públicos. (Prensa Provea, 17.03.14)
