Provea solicitó este 28.08.2015 al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la publicación de las cifras de pobreza correspondientes al año 2014 y primer semestre de 2015. Conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Constitución Nacional, Provea envió un derecho de petición a Raúl Pacheco, presidente del INE, a los fines que garantice lo establecido en el artículo 143 de la Carta Magna que consagra el derecho de las y los ciudadanos a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública «[…] sobre el Estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas[…]».
El primer semestre de 2015 terminó sin que el INE publicara las cifras oficiales de pobreza correspondientes al año 2014 y la data correspondiente a los primeros seis meses del presente año. Los últimos datos oficiales suministrados por el ente corresponden al año 2013 y sus resultados fueron manipulados por el Presidente Nicolás Maduro en cadena nacional, al afirmar que la pobreza extrema había bajado a 5.5% cuando en realidad había aumentado a 8,8%. En 2014 el INE informó sobre el aumento de 6,7% entre 2012 y 2013 (de 25,4% a 32,1%) en las cifras de pobreza en el país.
De acuerdo a los Principios Rectores sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas mediante la resolución 21/11, aprobada en septiembre de 2012, los Estados están llamados a crear un entorno propicio que facilite y promueva la capacidad de las personas, las organizaciones de base comunitaria, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales de combatir la pobreza y empoderar a las personas afectadas por ella para que reivindiquen sus derechos. Ello incluye poder contar con la información oficial sobre los avances, estancamientos y retrocesos en materia de lucha contra la pobreza, con el objetivo de poder generar consensos sobre la forma de aplicar las normas de derechos humanos en los esfuerzos por combatir la pobreza.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado venezolano en 2009 “garantizar el derecho efectivo de acceso a la información en poder del Estado con el fin de promover la transparencia de la gestión pública y afianzar la democracia”.
Provea ha alertado en reiteradas oportunidades sobre los diferentes obstáculos para acceder a la información pública, lo cual dificulta el derecho constitucional a la contraloría social establecido en el artículo 62 de nuestra Carta Magna, favoreciendo la ausencia de transparencia en la gestión pública.
Mientras más posibilidades se brinden para que los ciudadanos y las organizaciones sociales accedan a la información pública, más oportunidades tendrán estos de proponer y exigir políticas y medidas para elevar la eficacia de la acción del Estado. Si se obstaculiza el acceso a la información oficial, se niega a los ciudadanos el derecho a la contraloría social y se cierra la posibilidad de promover consensos para avanzar en la solución de los graves problemas que atraviesa el país. (Prensa Provea, 31.08.2015)
