La garantía y el pleno di
sfrute del derecho a la manifestación pacífica representa un mecanismo para la exigencia de otros derechos humanos. Así lo demostró el escenario que se vivió en las calles de Venezuela durante 2009, cuando se registraron 3.297 manifestaciones pacíficas, en su mayoría por problemas laborales, de servicios básicos y de educación. Además, estas cifras representan el índice más alto de movilizaciones que se han producido durante los 11 años de gestión del Presidente Hugo Chávez.
Estos datos fueron presentados en el Informe sobre Manifestaciones Públicas que realiza conjuntamente el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y Espacio Público, organizaciones de derechos humanos que desarrollan un “análisis pormenorizado del número de manifestaciones realizadas, demandas, actores, índices de represión, respuestas gubernamentales y diferentes tendencias de este fenómeno social”, tal como destaca el documento.
Las estadísticas resaltan que del total de manifestaciones contabilizadas durante el año pasado, 759 se registraron entre enero y abril, de mayo a agosto hubo 1.320 mientras que entre septiembre y diciembre se reportaron 1.221 acciones de calle.
Según el informe, la cifra registrada en 2009 evidencia un incremento del 105% de las movilizaciones en comparación con el año 2008, cuando se contabilizaron 1.602 manifestaciones.
Aun cuando el 97.24% de las movilizaciones fueron de carácter pacífico durante 2009, la represión apareció como una política de Estado, lo cual debilita la garantía de los derechos humanos y atenta contra el sistema democrático en el país. Para este periodo, 194 manifestaciones fueron reprimidas, impedidas u obstaculizadas, también en ellas resultaron 754 ciudadanos detenidos y 435 personas lesionadas.
Este análisis de las movilizaciones, además, revela que 7 personas perdieron la vida; 4 de ellas murieron por la actuación de los cuerpos de seguridad, mientras otras tres fueron responsabilidad de particulares. En ambos casos, el Estado es el responsable de garantizar la vida de los ciudadanos/as en cualquier contexto.
Al panorama del incremento de la represión, se le suma tendencia de la apertura de juicio penales a ciudadanos y ciudadanas en el marco del ejercicio del derecho a la manifestación. En 2009, a 17 personas se les dictó orden de encarcelamiento. Este indicador evidencia el proceso de criminalización de la protesta pacífica por parte de Estado, que se materializa a través de un “triángulo de poder” en el que actúa el Ministerio Público, los Tribunales Penales y los Cuerpos de Seguridad.
La manifestación pacífica es un derecho constitucional
La detención de Rubén González, secretario General del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), el 24 de septiembre de 2009, mientras ejercía, junto a otros trabajadores, su derecho a la protesta, es uno más de los 2.300 casos de personas que se encuentran en proceso penales por participar de manera pacífica en movilizaciones de calle. Este situación, además, deja en evidencia la práctica sistemática del Estado en contra de los manifestantes, según señala Marco Antonio Ponce, investigador del derecho a la Manifestación Pacífica de Provea.
Ponce enfatiza: “hay una tendencia a señalar a quienes salen a la calle a exigir sus derechos como delincuentes. Hay que resaltar que las personas que salen a la calle a manifestar están ejerciendo un derecho legítimo consagrado en la Constitución Nacional y en instrumentos internacionales”.
El riesgo de manifestar
Para Marino Alvarado, coordinador general de Provea, la muerte de 7 ciudadanos en el marco de manifestaciones es preocupante, porque significa que “en el país, cuando un ciudadano sale a manifestar tiene el riesgo, incluso, de perder la vida”. Alvarado, resalta que este panorama demuestra que en Venezuela “hay una ausencia de una política de control del orden público”.
“Todo lo que se viene haciendo desde el Estado implica mayor obstaculización para que la gente salga a ejercer su derecho a la protesta”, destaca Alvarado.
“El pueblo sigue en la calle y no se deja amedrentar”
Carlos Correa, director de Espacio Público resalta que a pesar de los procesos legales sobre las manifestaciones pacíficas, de la represión y el proceso de criminalización, el pueblo está en la calle. Los ciudadanos siguen reivindicando sus derechos y no se están dejando acobardar por la actuación del Estado, desde la perspectiva que plantea Correa: “El pueblo sigue en la calle y no se deja amedrentar”
Correa enfatiza que una democracia participativa no sólo exige el derecho a la manifestación pacífica sino que las demandas de los ciudadanos, sean escuchadas, atendidas y tengan respuesta por parte del Estado.
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