El 5 de septiembre se cumplieron cuatro años de la detención de los tres dirigentes sindicales y 11 trabajadores de la contratista Transporte Camila, acusados de violación a la zona de seguridad, apropiación indebida calificada, obstaculización al ejercicio del derecho laboral y hacerse justicia por sus propias manos, por sus reclamos en materia de seguridad y salud laboral.
El juicio será el 16 de septiembre en los Tribunales Penales del Palacio de Justicia de Ciudad Guayana. La fecha ha sido diferida una y otra vez, y se espera que la próxima semana los trabajadores sometidos a régimen de presentación puedan obtener una sentencia.
Leonel Grisett, Juan Valor y Joel Hernández, junto con los 11 trabajadores, han tenido dificultades para cancelar la defensa de un abogado privado. Acusan debilidad de Sutiss en apoyarlos tanto legal como monetariamente.
El caso se remonta a 2006 cuando Transporte Camila presentó presuntas irregularidades en su funcionamiento según las denuncias de sus trabajadores. Juan Valor, quien para la época era secretario de prensa y propaganda de Sutiss, entró en el caso junto a Joel Hernández y Leonel Grisett, este último como delegado de prevención y miembro de la comisión paritaria de Sutiss.
Los trabajadores denunciaron atropellos a su salud y seguridad. Grisett y el resto, entró en el caso para hacer los procedimientos rutinarios.
Los equipos fueron resguardados mientras el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel) procedía a hacer la inspección, lo que constituyó obligatoriamente cinco días de paralización.
Las unidades fueron trasladadas desde planta de pellas hasta el área de transporte, en la espera de que Inpsasel iniciara el procedimiento.
La noche de ese domingo, un día antes de que el instituto hiciera lo previsto, el Tribunal Cuarto de Control privó de libertad a uno de los trabajadores de Transporte Camila y en las horas sucesivas capturaron a los tres dirigentes sindicales de Sutiss y a otros 11 trabajadores de la empresa contratista.
Al día siguiente los dirigentes sindicales estaban tras las rejas por orden del Ministerio Público con 12 cargos, los cuales fueron reducidos progresivamente a cuatro: violación a la zona de seguridad, apropiación indebida calificada, obstaculización al ejercicio del derecho laboral y hacerse justicia por sus propias manos.
Hasta la fecha se ha diferido el juicio en cuatro ocasiones, y durante estos cuatro años sometidos a régimen de presentación. (Clavel Rangel, Correo del Caroní, 07.09.10)
