La alta conflictividad laboral en el país continúa en 2012.
Entre enero y junio se registraron 1.001 protestas de trabajadores. Los meses más intensos fueron mayo y junio con 184 y 191 acciones, según el estudio del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Los reclamos laborales representaron 41% de 2.242 protestas ciudadanas realizadas en el primer semestre del presente año, indica el informe. Hubo una disminución de 8% en los conflictos en general con relación al período de 2011, sumando 2.663, de los cuales más de 2.300 fueron obreros.
Los trabajadores, principalmente del sector público, exigen el pago de pasivos pendientes y la negociación de los contratos colectivos, la mayoría vencidos entre uno y seis años. Las acciones consistieron en paralizaciones de actividades y tomas de calles, inspectorías del trabajo y portones de acceso a los centros de trabajo.
Llama la atención que frente a los numerosos conflictos, la Memoria y Cuenta del Ministerio del Trabajo de 2011 no registra haber autorizado huelgas en los sectores público y privado. Con respecto a 2012 fuentes cercanas al despacho indicaron que en lo que va de año tampoco han dado permiso a las organizaciones sindicales para llevar a cabo paralizaciones de faena.
El informe ministerial de 2010 señala que fueron permitidas 5 huelgas, todas en el sector privado, cuando cifras del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, muestran la realización de 480 protestas.
La disparidad entre los conflictos que involucran la interrupción de las actividades y la huelga, el mecanismo legal para la suspensión de faena, se debe a las trabas impuestas por las inspectorías del trabajo a las solicitudes de los pliegos conciliatorios que de no haber acuerdo entre las partes se convierten en conflictivos y posibilitan la huelga, afirmaron dirigentes sindicales.
«Los sindicatos hacen la solicitud para ir al conflicto, pero las inspectorías no les prestan atención por lo que se recurre a las huelgas pasando por encima de esa instancia», afirmó José Matute, directivo del sindicato del Instituto Nacional de Parques. Agregó que en lugar de mediar, el despacho del Trabajo pone obstáculos a las peticiones de las organizaciones obreras, especialmente cuando se trata del sector público.
Matute advirtió que con la nueva Ley Orgánica del Trabajo las huelgas son más difíciles porque incluye pasos más enrevesados que la legislación anterior, además de darle mucho más discrecionalidad de decisión a los inspectores y el titular del trabajo.
Acciones espontáneas
Pablo Castro, presidente de la Federación de Trabajadores de la Bebida, refirió que la alta polarización política y la estrategia del Gobierno de dividir el movimiento sindical mediante organizaciones paralelas ha hecho que la mayoría de las protestas sean espontáneas: realizadas unilateralmente por los trabajadores a lo que posteriormente se pliega la dirigencia sindical.
Castro indicó que la falta de interés y la poca diligencia de las autoridades han llevado a los trabajadores a emprender protestas con modos de lucha extremos y desesperados, más allá de la huelga, y nunca antes vistos en el ámbito laboral como son las huelga de hambre y de sangre y el cosido de boca, en lo que recordó la protesta de las enfermeras y trabajadores petroleros.
Indira Díaz, de la directiva del Sindicato de Trabajadores de la Salud, Sunep-SAS, señaló que la inflación neutralizó los aumentos logrados en la dramática huelga de hambre y de sangre de las enfermeras hace un año.
Sector salud a la espera
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud le solicita al Ministerio del Trabajoconvocar a las partes para negociar el contrato colectivo del sector, cuyo proyecto de pliego de peticiones fue introducido en la inspectoría en diciembre pasado.
René Quevedo, directivo Sunep-SAS, informó que la organización sindical actúa a derecho porque legitimó su directiva mediante elecciones, además de cumplir todos los requerimientos legales para la discusión de la convención colectiva que ampara a 750.000 trabajadores.
Quevedo instó a otro sindicato pro oficialista y que no ha celebrado elecciones a no crear falsas expectativas sobre el pase a la nómina fija del Ministerio de Salud de 92.0000 trabajadores contratados de Barrio Adentro, porque el despacho laboral señala en acta que estudiará la propuesta de su incorporación definitiva.
