Las protestas por derechos laborales, reenganches y discusiones de contratos colectivos han hecho que 200 personas entre trabajadores y líderes sindicales estén bajo régimen de presentación en los tribunales de todo el país.
Así lo informó telefónicamente Pablo Castro, integrante de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). El sindicalista comentó que la mayoría de los empleados sobre quienes recae esta medida provienen de las empresas básicas de Guayana y de las compañías petroleras.
Destacó que obreros de Pdvsa Gas Anaco (Anzoátegui) y de la refinería El Palito (Falcón) fueron injustificadamente sancionados por estar vinculados a protestas pacíficas.
“Este Gobierno no es nada tolerable porque los movimientos sindicales son un fastidio para el régimen. Se quiere imponer el socialismo del siglo XXI para colocar a la fuerza los consejos de trabajadores con el propósito de perjudicar a los propios empleados”, señaló Castro.
Según el miembro de la CTV, las acciones en contra de los trabajadores evidencian que el Ejecutivo mantiene el control de los centros de producción indispensables para la economía del país.
Castro agregó que los mecanismos de abuso de poder son ejecutados a través de la Fiscalía General de la República y de todos los tribunales ubicados en cada una de las regiones de Venezuela.
Además de la situación que vivió Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), citó como ejemplo el caso del ex presidente de la CTV, Carlos Ortega.
Recordó que el exiliado en Perú se le realizó un “ensañamiento brutal” por convocar un paro general de trabajadores y fue condenado a la cárcel 16 años y seis meses.
“Desde el 2001 se ha visualizado una persecución en contra de los asalariados. No hay que olvidar que en ese año se despidieron a 23.000 obreros de la antigua Pdvsa”. Respecto al ambiente laboral en el estado Bolívar, calificó de “hervidero” el clima en las fábricas de hierro a consecuencia de las constantes protestas que se desarrollan diariamente.
SIGUEN LAS DETENCIONES
Por su parte, Orlando Chirinos, coordinador nacional del Movimiento Solidaridad Nacional, explicó que la situación de privatizaciones de libertad es completamente crítica en las industrias básicas del Estado.
Informó que unos 73 dirigentes sindicales de Guayana que laboran en Sidor, Alcasa, Venalum y Ferrominera tienen aún régimen de presentación cada cierto tiempo en los tribunales.
Añadió que 11 obreros de la contratista Camila perteneciente a Sidor- se mantienen privados de su libertad. “Es evidente que este Gobierno militar es un régimen antisindicalista que tiene como meta restringir los derechos laborales”, aseguró Chirinos.
No obstante, aseguró que a través de la unión de todos los trabajadores se podrá vencer el cerco que posee el Gobierno hacia quienes se encargan de defender los derechos laborales.
Resaltó que los empleados del sector eléctrico también se encuentran afectados con las políticas gubernamentales. Chirinos agregó que bajo ninguna circunstancia el Ejecutivo acepta la libertad sindical en las empresas adscritas al Estado.
PONER FIN AL ACOSO OBRERO
Para el 11 de marzo se tiene prevista una gran concentración de trabajadores y dirigentes sindicales en Ciudad Bolívar con la finalidad de exigir el cese de persecuciones de empleados y mejoras laborables.
De igual manera, exhortarán al gobierno nacional que paralice la criminalización de las protestas pacíficas. Se tiene previsto que el 19 de marzo también se lleve a cabo una movilización, pero en esta oportunidad en el estado Carabobo. (Tal Cual Digital, 10.03.11)
