La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, espera que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) respete la decisión de los organismos del Estado venezolano sobre las inhabilitaciones de ex funcionarios políticos que estuvieron involucrados en el manejo irregular de recursos del país mientras ejercían funciones administrativas.

Explicó que las medidas de inhabilitaciones son tomadas para defender a los venezolanos de funcionarios corruptos, que utilizan los recursos del pueblo para otros fines.

De acuerdo con la Contraloría, cuando López se desempeñaba como analista de entorno nacional en la Oficina del Economista Jefe de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la organización Primero Justicia obtuvo una donación a través de su madre, Antonieta Mendoza de López, quien entonces ocupaba el cargo de gerente de Asuntos Públicos de la División de Servicios de Pdvsa Petróleo y Gas.

Esta donación contravino las Normas Sobre Conflicto de Interés, ya que “existe un conflicto de interés de Pdvsa y el de un empleado o grupo de sus trabajadores, cuando en una decisión, acto o contrato de la Empresa el trabajador o los trabajadores que tomen parte o influyen en tal decisión, acto o contrato se benefician en lo personal o favorecen a sus familiares inmediatos”.

Por este motivo, el activista conservador fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por un período de tres años, que comenzó a cumplir a partir de noviembre de 2008.

Posteriormente, fue sancionado de nuevo por la Contraloría por el desvío de recursos que fueron destinados al pago de bomberos, maestros y policías y a gastos de alumbrado público durante su gestión como mandatario municipal.(MPPCI;04.03.2011)

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