Luis-Lander
En rueda de prensa convocada del pasado jueves, la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, dio su primer informe público respecto a la etapa inicial de solicitud del Referéndum Revocatorio. El Observatorio Electoral Venezolano (OEV), estima que el anuncio fue hecho sin que los ciudadanos recibieran una explicación satisfactoria acerca de la demora en una actividad que debió terminar semanas antes y contribuyó a enrarecer el clima político del país.

Durante la mencionada conferencia de prensa se dio a conocer, así mismo, que el proceso de validación de las firmas recogidas y admitidas, luego de la revisión técnica, será entre el 20 y el 24 de junio, estableciendo que el mismo se hará en oficinas regionales del CNE para, posteriormente, iniciar el proceso de revisión de esa validación que culminaría el 26 de julio, poniendo fin así, a la primera etapa de la solicitud del Referéndum Revocatorio.

El OEV, en aras de facilitar el ejercicio de un derecho consagrado en la constitución, se une a la petición de muchos para que se amplíe el número y ubicación de lugares para esa validación, siguiendo un criterio ya usado por el CNE en anteriores ocasiones con el fin de acercar centros de votación a los electores. Así mismo, el OEV estima que es de extremada importancia darles curso a estas acciones con imparcialidad, transparencia y rapidez.

No parece tener mayor sentido el agregar una semana, del 13 al 17 de junio, para permitir que firmantes retiren su nombre de la lista de promotores, cuando eso podría hacerse simplemente dejando de asistir a la validación. La decisión, además de agregar esa semana adicional, niega principios de equidad e imparcialidad, ya que no permite en esos mismos días corregir exclusiones no atribuibles a la responsabilidad directa del ciudadano. Parece también excesivo el período de un mes completo para completar la revisión del proceso de validación, siendo que será realizado con la plataforma tecnológica usada con éxito en ocasiones anteriores y que ha permitido al CNE dar resultados definitivos en cuestión de horas.

Además, señaló la Presidente Lucena que “(…) cualquier agresión, alteración del orden o generación de violencia conllevará a la suspensión inmediata del proceso de validación hasta que se restaure por completo el orden, la tranquilidad y el respeto”. En este sentido, el OEV insta que los diversos actores políticos se desempeñen conforme a las reglas de juego electoral e igualmente, hace un llamado al Gobierno Nacional para que asuma que el Referéndum Revocatorio es la expresión de un derecho ciudadano legítimo, no la de un acto de conspiración contra el orden constitucional, que las manifestaciones públicas son un componente esencial de la vida democrática y que la preservación del orden público no puede confundirse con la represión.

el Referéndum Revocatorio es la expresión de un derecho ciudadano legítimo, no la de un acto de conspiración contra el orden constitucional

Actuación del Poder Ejecutivo

Preocupa, además, el desempeño del Poder Ejecutivo en este proceso por acciones de elevados voceros que parecen alejarse de la necesaria tolerancia y convivencia democrática. El presidente Maduro en acto realizado en el Poliedro el sábado 11 de junio, trasmitido además por cadena nacional, afirmó que “(…) es muy grave que estos políticos de la derecha hayan presentado un paquete podrido con 600 mil firmas chimbas otra vez. Esto acarrea responsabilidades jurídicas, penales, administrativas (…)”. Anunciando que el lunes 13 de junio, introducirían demandas judiciales contra la MUD, por el supuesto fraude. ¿Pensará que la vía judicial es la más idónea para resolver la grave situación política, económica y social? Cabe preguntarse, ¿qué dice el Poder Electoral? ¿No es el Poder Electoral, primero que nadie, a quien le compete pronunciarse sobre estos asuntos?

Por su parte, la canciller Delcy Rodríguez, tras un encuentro con miembros del cuerpo diplomático, afirmó que “(…) no es posible realizar el Referendo Revocatorio en el año 2016 porque los tiempos, el cronograma contemplado para la realización del mismo, tal y como lo establece la Constitución y nuestras leyes, no dan la oportunidad para que se realice”. Ni la constitución ni las leyes vigentes, establecen con nitidez cronogramas para referendos. A todas luces, no es a la cancillería a quien corresponde hacerlo.

El OEV considera que en buena medida el desarrollo pacífico y ordenado de la petición del Referéndum Revocatorio depende de la actuación del propio CNE, de su transparencia, imparcialidad, celeridad y suministro oportuno de información adecuada. Depende, en resumen, que facilite que los procesos tengan lugar sin otro propósito que no sea el de respetar la voluntad de los venezolanos, sea cual sea, con respecto al Referéndum Revocatorio planteado.

Caracas 13 de junio de 2016

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