La afirmación pertenece a Edwin Rojas, director de Prevención del Delito del ministerio de Interior y Justicia (MIJ), al ser entrevistado por el Correo del Orinoco sobre la próxima promulgación de la Ley de Desarme. Un instrumento jurídico que ayudará a reducir la tasa de homicidios en el país, según declara el representante gubernamental.
En el trabajo periodístico, y con cifras del MIJ, se sostiene que el 90% de los homicidios cometido en el territorio nacional interviene un arma de fuego, la estadística corresponde al 2009.
En la nota se plantea que un estricto control de armas reduciría los índices de homicidios que ocurren en Venezuela, situación que se comprobaría con la implementación de la ley.
A continuación Provea reproduce la entrevista completa a Edwin Roja y para consultar el reportaje visite www.correodelorinoco.gob.ve
– Parece obvio que esta Ley Desarme tiene que disminuir la cantidad de homicidios por armas de fuego, ¿eso está evaluado científicamente?
Desde la década del 70 comienza a incrementarse el uso de armas para la comisión de delitos, ese no es un problema del 98 ni del 2010. Del total de homicidios del país la mayoría se realiza con armas de fuego no registradas y por ajuste de cuentas entre bandas, bien por el control de microtráfico de drogas o control del territorio-,dice Rojas-
“La tarea de seguridad de los ciudadanos corresponde al Estado”, remarca. Dice que quienes ejercieron el poder en el pasado dejaron permear la cultura norteamericana, producto del boom petrolero, “cuando era muy fácil ir y comprar armas. La segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que todo ciudadano tiene derecho a tener un arma. Hay supermercados de armas. Detrás está el gran negocio del armamentismo mundial, que junto al narcotráfico es uno de los negocios ilícitos más lucrativos. Hasta los 90 vender armas en Venezuela era como vender celulares ahora. Había una flexibilidad con una herramienta de alta letalidad”.
– ¿Pero qué sucede con todo lo que había hasta el 98?
Pues todas esas armas están en la calle. Gran parte de los que tienen porte lícito muchas veces sirven para nutrir a la delincuencia: los delincuentes roban las armas a quienes tienen portes.
Tener un arma no garantiza la seguridad de la persona, todo lo contrario. Los estudios que se han hecho por distintas universidades e instituciones públicas destacan que es un factor criminógeno el hecho de armarse para defensa propia.
– ¿Y en los casos donde hay una larga cadena de compra y recompra de un arma?
Es más complejo, estamos buscando una solución. Evidentemente eso amerita una investigación para saber si está incriminada en un homicidio, pero la persona que no tenga nada que ver con ello no va a pagar por el hecho simple de portar el arma. Ya eso implica una fase más profunda de investigación.
No podemos acostumbrarnos a vivir con las armas como si fueran juguetes. Debemos recuperar la cultura de que para estar seguro no hay que estar armado, estar armado nos lleva a generar más violencia. No podemos acostumbrarnos a resolver conflictos sociales con armas de fuego
