Así lo informó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, al tiempo que agregó que el referido cuerpo policial no ha facilitado elementos que permitan contribuir con la identificación de los responsables y, en ese sentido, recordó lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, que señala:

“El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de: Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación”.

Igualmente, Ortega Díaz afirmó que la investigación sobre el trato dado a las 12 personas por parte de la Policía de Chacao, fue iniciada el 23 de febrero de 2010, luego que las fiscales 32° nacional con competencia en materia de Ejecución de Sentencia y 125º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Nadia Pereira y Suyin Hernández, respectivamente, se presentaron en la sede de la Policía de Chacao en una visita rutinaria.

Informó que como parte de la investigación, días después del hecho, el fiscal solicitó los videos de las cámaras de seguridad localizadas en las instalaciones del referido organismo, no obstante, es el 25 de octubre de 2010, cuando se recibe respuesta al requerimiento del Ministerio Público, fecha en la que fue remitido un disco compacto cuyo contenido era el procedimiento administrativo levantado a los funcionarios implicados.

En ese sentido, la Fiscal General acotó que el Ministerio Público no tenía conocimiento de la existencia del video transmitido el martes 3 de mayo durante la sesión ordinaria  del Parlamento, y, en ese sentido, la fiscalía que lleva el caso solicitó este miércoles el material audiovisual al Parlamento, pues el mismo  es de interés procesal.

Tal video fue entregado este miércoles en el edificio Sede del Despacho de la Fiscal General, por los diputados: Cilia Flores, Freddy Bernal, Iris Varela y Henry Hernández, quienes a su vez solicitaron al MP que se investigue si existe en este hecho la participación del gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski.(MP;05.05.2011)

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