Los funcionarios fueron imputados en la sede del despacho de la fiscal 62° nacional, Ana Beatriz Navarro, quien lleva la investigación conjuntamente con la fiscal 83° del Área Metropolitana de Caracas, Alba Martínez.
Durante el acto, fueron imputados la inspector jefe Patricia Gargiso Castillejo; al agente Darwins Cedeño Villarroel; los detectives Jorge Campos Guerrero, Jessica Carvajal Sira y Jhon Jairo Martínez Noguera; al subinspector Mily Cepeda Gudiño; a los inspectores Julio Montilla Torrealba y Pierina Medina Ferrer.
Además, de los escoltas privados Adnan Muhamad Hernández y Edward Carreño Páez, quienes para el momento de los hechos eran policías del citado municipio.
Este grupo de funcionarios fueron imputados por presuntamente incurrir en los delitos de lesiones personales intencionales menos graves en perjuicio de Juan Díaz; lesiones personales leves en relación con Alberto Solano, Ernesto Rodríguez, Armando López, Santiago Báez, Wilney Gutiérrez y Juan Rodríguez.
Igualmente, les imputaron abuso contra detenidos y quebrantamientos de pactos internacionales en concordancia con la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Adicionalmente, fue imputado, por todos los delitos antes mencionados, más uso indebido de arma de fuego, el detective Maiker Antonio Blanco.
Los 11 funcionarios de la Policía de Chacao adquirieron todos los derechos consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo establecido en los artículos 124, 125, 130 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que le permiten solicitar y evacuar pruebas y diligencias.
Vale recordar, que el 22 de febrero de 2010, las fiscales 32° nacional con competencia en materia de Ejecución de Sentencia y la 125º del AMC, Nadia Pereira y Suyin Pino, respectivamente, en visita rutinaria se presentaron a la sede de la Policía de Chacao, donde en el área de calabozos, varios detenidos les señalaron que habían sido maltratados, lesionados con perdigones y agredidos física y verbalmente por los efectivos de ese cuerpo policial.
De inmediato, las fiscales levantaron un informe sobre lo denunciado por los detenidos. Seguidamente, el mismo se remitió a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, dependencia del MP que dio inicio a la investigación el 23 de febrero.
Posteriormente, fueron comisionados los referidos fiscales, quienes serán los encargados de realizar las actuaciones respectivas a los fines de establecer las responsabilidades penales de las personas que hayan participado en este hecho.(MP;25.05.2011)