Para el período del 17 al 26 de junio, según el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD), el mayor problema de los venezolanos es la inseguridad con un 82% seguido por el desempleo 42.3% y con 15% el alto costo de la vida (El Carabobeño, 01.07.09, http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a020709e06&id=t020709-e06).
Esa preocupación, la principal de los venezolanos, se ve plasmada en las secciones de sucesos de diarios y noticieros del país.
En ese orden de ideas, El Carabobeño y el Correo del Caroní recopilaron el número de muertes violentas ocurridas en el Edo. Carabobo en los últimos seis meses y para la capital del estado Bolívar en los últimos 18 meses respectivamente.
El diario del estado central del país ofrece una cifra de 874 homicidios en el primer trimestre del año. El cálculo que ofrece el rotativo está sustentado con fuentes oficiales de las morgues de Valencia y Puerto Cabello, además, de los hechos de sangre reseñados por el periódico. “La mayoría de los casos fueron por arma de fuego, en cinco se utilizaron armas blancas y en una un objeto contundente”. (El Carabobeño, 30.06.09, http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a010709f03&id=t010709-f03)
Además, El Carabobeño disgrega la cifra por mes y obtiene que para “enero hubo 147 decesos en febrero 147, marzo 145, abril 126, mayo 152 y junio finalizó con 157 muertes”. (El Carabobeño, 30.06.09, http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a010709f03&id=t010709-f03)
Por su parte, el Correo del Caroní asegura que en los últimos 18 meses en Ciudad Guayana han ocurrido 925 asesinatos, el rotativo califica a la capital oriental como la ciudad más peligrosa de esa parte del país.
De las diez parroquias que forman Ciudad Guayana, habitados por 750.541 habitantes, las más violentas durante los 18 meses fueron Simón Bolívar (San Félix) y Chirica que tuvieron 151 y 142 respectivamente. Las que menos homicidios presentaron fueron Pozo Verde (31 muertes) y Yocoima 16 homicidios. (Correo del Caroní, 02.07.09, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=130430)
El periódico guayanés afirma que desde 2005 hasta lo que va de año “se han reportado 2.727 homicidios durante los últimos cuatro años y medio”.
El Director de los Patrulleros de Caroní, Saúl Cordero, atribuye la cantidad de hechos “sangrientos a los problemas entre bandas que existen entre los diferentes barrios y urbanizaciones de las distintas parroquias de Ciudad Guayana; hecho que indirectamente indica que la mayoría de los asesinatos en la zona son producto de los ajuste de cuentas, venganzas personales y guerras entre bandas”.
Por otra parte, el Correo del Caroní denuncia la falta de información oficial el trabajo titulado 2.727 homicidios en cuatro años y medio los números que manejaron los reporteros fueron obtenidos por el conteo que realiza el periódico, el cual da una tasa de “51 asesinatos por mes”.
La Voz, diario de Guarenas, publicó el 01.07.09 que la cifra de muertes en los Valle del Tuy (Edo. Miranda) fue de 90 durante el mes de junio, un promedio de tres muertes diarias. Citando fuentes del CICPC los móviles más comunes son “el ajuste de cuentas, la venganza personal y las diferencias entre bandas delictivas por el control de una determinada zona, no dejando por fuera la resistencia al robo y otros a determinar”. Sin embargo, el periódico no especifica cuáles fueron sus fuentes para contabilizar el número de muertos de la población mirandina. (La Voz, 01.07.09, http://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=1755¬id=300574&fecha=07/01/2009)
Venezuela se encuentra, según Índice Global de Paz 2009 (GPI por sus siglas en inglés), en el lugar 120 de los 144 países evaluados en materia de violencia, lo cual ubica al país suramericano como el segundo más violento del continente después de Colombia y dentro de los 30 países más violentos del planeta. Para consultar el ranking completo y los parámetros utilizados para la evaluación de los países visite http://www.visionofhumanity.org/gpi/results/rankings/2009/ (La página se encuentra en inglés)
Los números recogidos El Carabobeño, Correo del Caroní y La Voz; los porcentajes que ofrece la encuesta de IVAD y la posición que ocupa Venezuela en GPI ofrecen una panorámica nada alentadora en materia de seguridad ciudadana. Lo cual, y de no implementarse una política unificada y coherente para combatir la inseguridad, mantendría la tendencia de los últimos tres años en los que “la violencia y la delincuencia se incrementaron, afectando especialmente a los jóvenes pobres y excluidos, a las mujeres, los ancianos y los niños”. (Situación de los Derechos Humanos en Venezuela Informe Anual Octubre 2007 / Septiembre 2008, Pág. 355)
Disponibilidad de fuentes oficiales
En el trabajo realizado por los reporteros del Correo del Caroní se afirma que “la cifra es extraoficial, puesto que las autoridades se niegan a ofrecer un balance mensual de los hechos de sangre ocurridos en el municipio Caroní” una situación que no es exclusiva de Ciudad Guayana, si no que se repite dentro de los organismos de seguridad en todo el país.
Este vacío representa una violación al derecho de la ciudadanía a estar informada, el cual tiene rango constitucional en Venezuela, y no permite gozar de uno de los componentes fundamentales de la participación democrática dentro de una sociedad. El acceso a la
información pública en poder de los órganos y entes del Estado es fundamental para poder ejercer de manera efectiva la contraloría social. La no información pública afecta por lo tanto el derecho a la participación dificultando en este caso las propuestas que construya la sociedad civil para enfrentar de manera democrática la creciente inseguridad existente en el país.
Finalmente, consideramos que toda la información referida a la seguridad ciudadana debe ser tratada de una manera tal que no sea manipulada en el marco de la polarización política existente en el país y que ella sirva para adoptar políticas públicas eficaces de corto, mediano y largo plazo en escala nacional, regional y municipal y a través de una adecuada coordinación entre los distintos Poderes Públicos.
Perdido en Itaca
Bitácora de Rafael Uzcátegui« Barquisimeto: Por qué hoy nos movilizamos (10.12.09)Claridad para la calle, oscuridad para la casa »La poesía de Luisa Estella Morales
Diciembre 15, 2009
Luisa Estella Morales
En declaraciones realizadas recientemente, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Luisa Estella Morales Lamuño afirmó que en Venezuela no existían evidencias acerca de procedimientos realizados por los funcionarios policiales en donde repriman, atropellen, torturen y atropellen a la ciudadanía. Según la funcionaria las denuncias realizadas sobre estos temas corresponderían a casos individuales, los cuales, a su juicio, han sido convenientemente sancionados.
Estos alegatos de la máxima figura jurídica del país corresponden o al terreno de la propaganda o al de la poesía, pues no tienen ningún sustento con la realidad. El propio presidente de la República ha tenido que admitir que el abuso policial es una situación que se ha mantenido hasta nuestros días, lo cual ratificó el diagnóstico realizado por la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol), cuyos datos sistematizados reposan en un voluminoso informe que es de dominio público. En un texto anterior, asimismo, relatamos la aguda situación padecida en la región centro-occidental del país, en donde los funcionarios policiales de diferentes ramas han sido acusados, en decenas de ocasiones, de realizar prácticas ilegales, entre las cuales se encuentra la extorsión y la participación en los llamados “secuestros express”. Estas denuncias ocasionaron que un defensor de derechos humanos, Mijail Martínez, haya sido asesinado para intentar silenciar los señalamientos, convenientemente sustentados por organizaciones populares de la región como el Comité de Víctimas contra la Impunidad. Este colectivo ha mapeado el organigrama del crimen y la impunidad, colocando en el vértice del diagrama al ex comandante general de la policía, general Rodríguez Figuera, y al ex gobernador Luis Reyes Reyes. La respuesta a este trabajo de contraloría social ha sido la criminalización y el silencio. En vez de investigar las denuncias, el Ejecutivo Nacional ha premiado a estos dos funcionarios ubicándolos en altos puestos de confianza del gobierno central.
Esta situación, como lo sugiere Estella Morales, no es una excentricidad de la ciudad de los crepúsculos, sino que se repite en diferentes estados del país, lo cual prueba que la degradación de los cuerpos policiales se ha transformado en la norma y no en la excepción. En el propio estado Bolívar un lector nos ha remitido diferente información acerca de la designación como jefe de Patrulleros de Caroní a un funcionario, Saúl Cordero, acusado de cometer durante su trayectoria diferentes violaciones a los derechos humanos. Según los datos que nos remiten, este funcionario habría sido despedido de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) en el año 1989 por presuntas irregularidades en la incautación de un cargamento de droga. Una sentencia del propio TSJ, disponible en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Abril/R04-0359.htm.htm, da cuenta de los cargos señalados contra este funcionario: privación ilegítima de libertad, ocultamiento de arma de fuego, concusión y posesión ilícita de substancias estupefacientes y psicotrópicas. Posteriormente, ingresa a la policía del estado Bolívar, siendo denunciado en el año 2005 por estar, presuntamente, involucrado a la existencia de grupos de exterminio policiales en la región. Como lo registró la periodista Lorena Cañas, en el Correo del Caroní, según cifras de la Defensoría del Pueblo y Humana Dignitas, más de 300 ajusticiamientos se registraron en Bolívar entre los años 1999 y 2002. Un año más tarde la región contabilizó 700 homicidios, entre los cuales se encontró el caso de 4 jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y 17 años, que fueron encontrados en diferentes sectores de Ciudad Guayana con un tiro en la cabeza y las manos atadas. Uno de los funcionarios policiales que desmintió la acusación con mator vehemencia fue precisamente Cordero, estimando que en la zona “imperaba era una violencia incontrolable que debía combatirse con más violencia”. Casualmente, la ONG “Justicia Hoy” denunciaba en ese año 2005 que Saúl Cordero estaría involucrado en por lo menos 9 homicidios: “ese ciudadano que hoy está gozando de una cautelar tiene mucho poder y vínculo con el narcotráfico, hay muchos expedientes que fueron escondidos para evitar que se le acumularan y así darle la libertad”, afirmaron en sus declaraciones de prensa. En ese año las imputaciones por homicidio contra el actual comandante de Patrulleros del Caroní fueron reseñadas por la propia Radio Nacional de Venezuela (http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=27&t=27330).
La anterior irregularidad ha sido denominada “reciclaje policial” por parte del Coordinador de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Pablo Fernández, y se repite en diferentes puntos del territorio nacional. Cuando un funcionario es acusado por irregularidades el cuerpo policial lo saca de las calles o lo destituye, como forma de apaciguar el escándalo, en ocasiones gozando de su salario. Seguidamente, es transferido a otra dependencia policial, con lo que las acusaciones en su contra duermen el sueño de los justos y las prácticas delictivas reaparecen en otro lugar, vestidas de otro uniforme. La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el propio sistema de administración de justicia, presidido por Estella Morales, deben salir del aire acondicionado e investigar esta y cada una de las denuncias que vienen realizando los ciudadanos de a pié contra los funcionarios policiales.
Los datos e informaciones de este año, que refutan afirmaciones como las de la presidenta del TSJ, serán recopiladas en el Informe Anual 2009 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, una investigación independiente y multidisciplinaria realizada por Provea, que podrá ser descargada a partir del próximo 10 de diciembre en el sitio web https://archivo.provea.org (Correo del Caroní, 07.12.09)
una joyita a quien organismo niuno quiere poner freno…como buena cosecha de esta maldita revolución, el problema de la delincuencia quieren resolverlo imponiendo su pena de muerte executada por un delincuente de marca mayor como SAUL CORDERO GONSALEZ
En provea conocen por sus tristes hitorias quien es el actual comandante de patrulleros de caroni un narcotraficante, expulsado de la disip en el año de 1989. Un asesino despiadado que complicidad politica ha montado en guayana la mountruosa practica de ajusticiamento presentandolos luego como ajusticiamento>Son mucgas las causas que cursan contra este delincuente en los tribunales d epuerto ordaz y que acontece …nada…..EL INFORME DE PROVEA DEL AÑO 2000 DA CUENTA DE LO M,OUNSTRUOSO QUE ES ESTE ASESINO ESTORCUIONADOR Y SECUESTRADO
YONYS QUIJADA 8932360