«Ahorita en Lara, hace dos días, se produjo un hecho insólito: en un barrio violaron a una joven de 17 años, se llama a la Policía y no se aparece. La gente hizo justicia. Lamentablemente los violadores habían huido, pero la gente del barrio quemó las casas de los tipos y todavía están enardecidos por este hecho tan criminal y la Policía no apareció», relata el autor del libro Impunidad policial en Venezuela: 2000-2009, Pablo Hernández.
«Lo que es más grave: a veces la Policía aparece y suelta a los delincuentes. Eso ya es común en San Félix, en Caracas, en Barquisimeto, donde la gente agarra in fraganti al delincuente y luego lo deja. Y resulta que la gente que lo denunció es la que tiene que huir. Eso es el círculo macabro de la impunidad entre policía-delincuente-tribunales».
¿Qué significado tiene la impunidad en un país como Venezuela?
– La tesis central del libro es la siguiente: la inseguridad y violencia social que se ha desatado en Venezuela en estos 10 años, además de la desigualdad social y de la pobreza, tienen como componente principal la impunidad policial y si se quiere militar. Está comprobado no sólo por cifras oficiales, sino por la de los propios funcionarios del gobierno.
No se trata de que pueda esperarse impunidad de organismos del Estado, pero es más alarmante, según plantea en el libro, que las instituciones de seguridad sean ahora de quienes se experimenta la impunidad. ¿Qué puede hacerse? ¿Qué queda para los ciudadanos de a pie?
– Eso tiene que ver con lo que está pasando en América Latina: el nacimiento de un nuevo modelo Estado, los llamados estados paralelos, emergentes, que a partir del propio Estado comienzan a sustituirse las normas jurídicas… lo que está sucediendo en Venezuela, donde una cosa es la Constitución, otra es lo que se hace.
Ese Estado paralelo tiene como característica que desarrolla un aparato de violencia paralelo. Un ministro de Relaciones Interiores, encargado de la seguridad, reconoció que cada policía que comete un delito tiene por lo menos dos o tres cómplices. La propia fiscal general dice que para ellos es un problema poner a esa gente en la calle o botarla, porque es colocar gente con experiencia y armada en la calle.
¿No es más contraproducente dejarlos dentro de las instituciones de seguridad?
– Precisamente: el gobierno ha logrado un gran objetivo: el control social de la población. ¿Qué persona sale hoy a la calle después de las 6:00 de la tarde? El gobierno acaba de hacer una encuesta en la que reconoce que más del 80 por ciento reconoce no solamente que la inseguridad es su principal problema, sino que no denuncian los delitos primero porque le temen a la Policía; segundo porque la Policía y la Fiscalía no hacen absolutamente nada.
Hasta 40 por ciento de los encuestados consideraron que los policías eran quienes habían cometido el delito. Imagínate: estamos ante un gobierno que construye un Estado emergente, paralelo. No está pendiente sólo de las expropiaciones. Ha habido 123 mil homicidios en estos 10 años y de los cuales hay 23 mil homicidas detenidos, estamos hablando de 100 mil homicidas en las calles. La gente ni siquiera sabe que son homicidas, porque ni siquiera fueron detenidos.
Hablamos que están construyendo un Estado como el mexicano donde precisamente la delincuencia compite con la Policía y se enfrentan al Estado mexicano.
Hay un documento muy importante, tal vez el estudio más serio que ha hecho este Gobierno en materia de investigación, que se llama la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana, en el que el Gobierno reconoce que somos el primer país en el mundo con la tasa de homicidios más alta.
¿Te imaginas si uno suma los asesinatos junto con los heridos -y que el gobierno reconoce que hay 6,1 heridos por cada homicidio- estamos hablando de que en Venezuela se han producido más bajas que en toda la guerra de Independencia y de Federación juntas. Es decir que celebramos el bicentenario de independencia por todo lo alto: con más bajas que en la guerra.
¿Qué lo motivó realizar esta investigación?
– En el estado Lara, formamos parte del Comité de Víctimas contra la Impunidad y venimos desde hace 10 años trabajando precisamente que la hipótesis -que ya se comprueba- es que la impunidad es una política del Estado venezolano.
Para tener una idea: de 2000 a 2007, la Fiscalía reconoce que se cometieron 33 mil violaciones a derechos humanos por parte de policías y militares. 12 diarias. De esos 33 mil solamente menos del 0,1 por ciento hubo detenidos. De 2008 a 2009, la Fiscalía reconoce que esta cifra se duplicó. Sin ir muy lejos: en el estado Bolívar, el gobernador tiene el descaro de hablar que es un estado seguro.
Esto sí un problema grave y no las tonterías que vemos que si expropiaste una fábrica o un conjunto residencial. Los problemas de los venezolanos son esos inseguridad y endeudamiento… tenemos comprometidos más de 800 mil barriles de petrolero diario y tenemos que producirlo, eso es lo que este gobierno está heredando a nuestros hijos. Ninguno de los sectores del país está llamando la atención y es lo que nos tiene preocupados.
¿Tiene alguna implicación política estas cifras con la tendencia política de los estados?
– No, no, no. Según la investigación, no importa que el gobernador sea militar o sea civil, sea del gobierno o de la oposición. Eso se da en Guárico, con Manuit; se dio en el Zulia con Rosales. Se da en Barinas, donde está la familia Chávez. Es una tendencia general. Si nos ponemos a ver las violaciones de derechos humanos que ocurren en este período en el país solamente hay 32 presos en todo el país. Cuando se hace la investigación se determina que las violaciones a derechos humanos no tienen tinte político. Lo más grave es que los órganos de seguridad no dan los nombres de los funcionarios implicados.
60 por ciento de los homicidios se conoce que fue el cuerpo policial que cometió el homicidio, no se sabe quién fue el funcionario. Ya no hay transparencia en nada.
¿Cuál es el papel de los ciudadanos?
– Lo que estamos haciendo: si esto no llega a la opinión pública, si la gente no toma conciencia de que quienes están encargados de la seguridad son los que generan inseguridad, mientras esto no tome un carácter colectivo y la gente honesta no tome conciencia, terminaremos como un país donde domina la violencia.
¿Venezuela tiene solución?
– Sí, claro. Si la gente honesta y trabajadora decide cambiar al país, lo cambia. La minoría de la delincuencia es una minoría: ¿qué pueden hacer 200 mil delincuentes con 28 millones de personas? Si la mayoría de las personas no toman «la decisión» del delincuente de imponer sus normas, entonces no tendremos futuro.
Perfil
Pablo Hernández Parra es un investigador social con 40 años de experiencia. Forma parte del Comité de Víctimas contra la Impunidad, en el estado Lara y dirige el Centro de Investigaciones en la Universidad Yacambú (estado Lara).
Según informó el autor, el libro Impunidad policial en Venezuela: 2000-2009 puede conseguirse en la librería Clip, en San Félix. Más textos de Hernández están disponibles en el portal: www.soberanía.org. (Leonardo Suárez, Correo del Caroní, 08.11.10)
