Hoy se cumple un mes de la muerte de 61 presos, un pastor evangélico y un guardia nacional en el Centro Penitenciario de Centro Occidente, mejor conocido como cárcel de Uribana. 30 días después de los hechos, en los que resultaron heridos 126 reos y 3 militares, aún no se han establecido responsabilidades y sólo se sabe que el Ministerio Público y la Asamblea Nacional iniciaron sendas averiguaciones.
Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, como Cofavic, Provea y Una Ventana a la Libertad, coinciden en asegurar que se trató de una masacre y que fue desproporcional el uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional y que se deben establecer responsabilidades individuales, pues Uribana es una de las nueve cárceles venezolanas que cuenta con medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“No queremos ponernos un plazo, para poder hacer una investigación exhaustiva para determinar lo que realmente sucedió. Vamos a respetar el acuerdo de confidencialidad durante este proceso, pero en lo que tengamos resultados, los daremos a conocer”, expresó el diputado de Acción Democrática Oscar Ronderos, miembro de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional.
Los parlamentarios se reunieron el jueves con la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien consignó ante la comisión los videos de la incursión militar, un informe de lo que supuestamente ocurrió y algunas fotografías tomadas por el personal del despacho penitenciario. “Nos trasladaremos el miércoles a Uribana para conversar con los familiares de los reclusos que fallecieron, con los heridos que permanecen en Rodeíto y en el hospital, con funcionarios del Cicpc y con algunos efectivos que estaban en el penal el día de los hechos”, indicó el parlamentario.
Hasta el viernes, en el Hospital Antonio María Pineda de la capital larense sólo quedaban seis reos internados.
Una tragedia anunciada
El conflicto se inició a las 7:00 am, cuando los funcionarios del Grupo de Reacción Inmediata y Custodia del Ministerio del Servicio Penitenciario entraron al penal para realizar una requisa que había sido negociada con los 2.459 reclusos que había en ese centro penitenciario.
La versión ofrecida por los presos fue que supuestamente los sacaron al área conocida como la pista, donde comenzó la revisión. El tiroteo empezó cuando las autoridades del ministerio indicaron que el pran Henry López, alias “el Chueco”, sería trasladado a otra cárcel.
La primera víctima fue el sargento segundo de la Guardia Nacional David Enrique Alvarado Vitoria, de 22 años de edad, que recibió un tiro en la cabeza. Otro de los primeros en morir fue el pastor evangélico Mario Segundo Camejo Flores, de 61 años de edad, que trató de intervenir para que cesara la confrontación. Los heridos y los muertos comenzaron a caer. Ya al mediodía las emergencias de los hospitales Antonio María Pineda y Dr. José Ángel Álamo de Barquisimeto estaban colapsadas debido a la cantidad de reclusos que fueron trasladados desde Uribana.
El sábado 26 de enero, la ministra Varela ofreció el primer informe oficial de lo que había ocurrido. Dijo que los reclusos se habían rendido y que el penal larense sería completamente desalojado, pero antes de salir los reclusos incendiaron las áreas conocidas como las comunas.
Varela precisó que 2.003 hombres y 132 mujeres habían sido trasladados a 21 penales en otros estados. En aquel momento informó que entre los reclusos fallecidos había uno que consiguieron calcinado y que la mayoría de las muertes habían sido como consecuencia de heridas producidas por armas blancas y de fabricación penitenciaria. Esta información sería desmentida posteriormente en un informe elaborado por la policía judicial, firmado por el comisario Ramón Silva Torcat, jefe de la región, en el cual se especifica que los reos murieron por heridas causadas con armas de fuego.
El día de la masacre, la ministra Varela no tardó en responsabilizar al canal de televisión Globovisión de lo ocurrido, pues indicó que habían alertado a los reclusos sobre la presencia de la Guardia Nacional en las adyacencias del penal.
Sin embargo, Marianela Sánchez, vocera del Observatorio Venezolano de Prisiones, informó que desde noviembre se habían instalado las mesas de negociación con los reclusos, las autoridades del Ministerio del Servicio Penitenciario y familiares de los presos para realizar la requisa y un pase de números, que en esa cárcel no se hacía desde 2009.
Además, el día anterior a los hechos, el director de Uribana, Nelson Bracca, informó a través de Venezolana de Televisión la intención de tomar el control del centro penitenciario.
El arsenal
13 días después de la masacre, la ministra Varela ofreció el segundo balance, esta vez con los detalles de la cantidad de armas, municiones y droga que fue hallada en el penal. En las 12 “caletas” que tenían los presos consiguieron 62 pistolas, 27 revólveres, 8 fusiles, 5 escopetas, 4 subametralladoras y 4 chopos. Además, hallaron 12 granadas fragmentarias, 12 bombas lacrimógenas y más de 8.000 municiones.
La funcionaria dijo que en 2 meses serían regresados a Uribana los más de 2.000 reos que fueron trasladados a otros penales y que cuando esto ocurriera, los presos vendrían para cumplir régimen penitenciario, es decir, utilizarían uniformes y estarían clasificados, de acuerdo con el delito que hayan cometido y el estatus de su proceso.
Las réplicas de Uribana
La cárcel de Uribana se hizo popular en el país por la práctica de los llamados “coliseos”, en los que de manera violenta los presos dirimen sus conflictos. Luego de los traslados del 26 de enero, el 28 mataron en la cárcel de Tocorón, en Aragua, a Narva Pirona, de 22 años de edad. Al recluso le dieron varios tiros mientras dormía, presuntamente por una cuenta pendiente.
Hace dos semanas hubo un conato de violencia en la cárcel de Cumaná, cuando uno de los pranes trató de obligar a los reclusos trasladados desde Uribana a realizar entre ellos un coliseo. Sin embargo, la situación fue controlada por los propios reos y no se registró ningún hecho de sangre.
Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, señaló que esta situación era previsible debido a las condiciones de hacinamiento que tienen todos los centros de reclusión del país. “Lo que pasó en Uribana fue la masacre durante una requisa más sangrienta en una cárcel venezolana de los últimos 20 años. Ahora trasladaron a los presos a otras cárceles y lo que ocurrirá es que se incrementará el hacinamiento y, como el Estado no tiene el control, sino que son los reclusos quienes mandan, es cuestión de tiempo para que comiencen a replicarse los hechos de violencia por el control, viejas rencillas o cualquier otra causa propia de la rutina penitenciaria”, expresó Nieto Palma.
El Dato
En Rodeíto, adyacente a Uribana, quedan 229 presos. Inicialmente en ese galpón estaban los reclusos que fueron trasladados de Rodeo I y II en 2011 y que no fueron aceptados en el penal larense, pero después del desalojo del 26 de enero, los heridos que fueron dados de alta fueron trasladados a esa área y una semana después de la masacre pudieron recibir la visita de sus familiares. (Thabata Molina, El Nacional, 25.02.13)
