El gobierno de Hugo Chávez aprobó «crear el Ministerio para la Atención Integral Penitenciaria, cuyo objetivo será profundizar las políticas hacia el sector y la dignificación de los reclusos», anunció el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, informó la agencia IPS.
Unas horas antes del anuncio de El Aissami se informó que 23 presos habían muerto entre el domingo y el lunes y que otros 80 habían resultado heridos en el peor enfrentamiento a balazos dentro de cárceles en lo que va de año.
El gravísimo incidente fue protagonizado por bandas rivales que se disputaban el control de El Rodeo Uno, una de las prisiones ubicadas al este de la zona metropolitana de Caracas.
Mientras el ministro anunciaba la creación de la nueva cartera ministerial, otros tres presos morían en un pleito también dirimido a balazos en la cárcel de Maracaibo, 500 kilómetros al oeste de Caracas.
«La iniciativa de crear un ministerio de asuntos penitenciario es algo sin precedentes y denota la importancia que el Estado le da al problema y a la tarea de humanización del sistema penitenciario, parte de nuestro compromiso con la sociedad», dijo El Aissami.
También destacó que el nuevo ministerio, que se agrega a los 26 que ya cuenta el gabinete de gobierno, «no significará más burocracia», pues absorberá la actual Dirección de Prisiones que depende de su despacho. Recibirá una inyección de 93 millones de dólares para nuevos programas.
El ministro o ministra que estrenará el nuevo despacho se designará probablemente dentro de unos días, cuando Chávez regrese de La Habana, donde convalece de una cirugía a un absceso pélvico que se le detectó mientras viajaba por el extranjero.
Pero para el Observatorio Venezolano de Prisiones, «el Estado no puede tapar la masacre de más de 20 presos en una jornada diciendo que se va a crear un Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Esas muertes son su responsabilidad», dijo a IPS el director de esa organización no gubernamental, Humberto Prado.
En 2010, recordó Prado, murieron 476 reclusos y 958 resultaron heridos en las cárceles venezolanas, sobre una población reclusa de 44.500 individuos, hacinados en 34 centros, diseñados para albergar unos 14.500 presos.
En el primer trimestre de 2011 ya murieron 22 por ciento más de presos que en el mismo período de 2010, precisó Prado. Se indica que también habían fallecido 366 internados en 2009 y 422 en 2008.
Un ministerio «podría justificarse y funcionar si se entrega el manejo a gente experta, con criterios profesionales y se descentralizan las cárceles», comentó a IPS Carlos Nieto, de la organización humanitaria Una Ventana a la Libertad.
«Pero durante los gobiernos de Chávez, desde 1999, lo que ha habido es una sucesión de ministros, directores de prisiones y programas como el plan quinquenal de humanización, 2006-2011, que está concluyendo con estos tristes resultados a la vista de todos», subrayó Nieto.
Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela coinciden en destacar que las prisiones no están bajo control de autoridades sino de los propios reclusos, que imponen su ley y son el gobierno tras los muros.
Incluso las batallas entre bandas por el control interno se denominan «cambio de gobierno» en la jerga carcelaria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas de protección sobre siete cárceles desde 2006, indicando al gobierno que tome medidas para garantizar la vida de los detenidos, sin resultado.
Los presos «cuentan con revólveres, pistolas de 9 milímetros, granadas, fusiles e incluso subametralladoras, las que obviamente no son llevadas por familiares que los visitan sino que les son vendidas por mafias de custodios civiles y militares», dijo Prado.
Familiares de detenidos dan cuenta de que muchos presos tienen al menos dos armas de fuego, y algunos ‘pranes’ (jefes) hasta 20, así como abundante munición. En la última reyerta en El Rodeo Uno se estima que se dispararon al menos 3.000 proyectiles.
Numerosas otras normas son abiertamente violentadas o establecidas a voluntad de los presos y sus pranes, conectados además con bandas extramuros. Por ejemplo, organizan fiestas los fines de semana a las que llevan desde músicos hasta mujeres de compañía.
Igualmente disponen de teléfonos móviles, que se ha comprobado emplean para delinquir en sociedad con cómplices en las calles. Recientemente, en El Rodeo Dos, los presos secuestraron a 22 custodios civiles, grabaron un vídeo donde sus rehenes abogaban por su liberación pacífica y lo levantaron en redes de Internet.
Una colaboradora del diario estadounidense The New York Times grabó un vídeo de la cárcel en la nororiental isla de Margarita, al mando de un preso apodado «Conejo», que semeja un rústico resort (centro turístico) en el que los presos, armados con pistolas y escopetas, se han provisto de una piscina y estaciones para sus parrillas (barbacoas).
El polo opuesto son los atestados pabellones de varias cárceles e incluso de simples centros de detención, como el del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (policía judicial) en Caracas, donde los detenidos están tan hacinados que apenas pueden permanecer de pie y así dormir, comer y evacuar sus excretas.
Hace dos semanas, tres jóvenes perecieron en ese centro de detención y varios responsables policiales fueron arrestados por sospechas de que golpearon a los detenidos o les castigaron colocándoles en áreas sin ventilación del inmundo calabozo.
Familiares han narrado que en ese retén deben pagar hasta para que se les permita llevar comida ya preparada a los presos y, aún así, a veces deben escupir sobre ella para evitar que agentes golosos se apoderen de las viandas camino a las celdas.
«Es que las cárceles se han convertido en un gran negocio. Al preso se le cobra por todo y por eso desde la cárcel el alimenta la violencia extramuros para conseguir recursos con los cuales sobrevivir, en medio de la suciedad, el hacinamiento, el ocio y la violencia», resumió Nieto.
Prado propuso como medida urgente que en cárceles de la región capital se instalen comisiones de detenidos y autoridades que examine medidas para mejorar el vigor de los derechos humanos de la población reclusa. (Humberto Márquez, Inter Press Service, 16.06.11)
