El discurso del régimen es violento y el análisis nos dice que es imposible separar la violencia política de la familiar y la delictiva, ya que en definitiva son expresiones diferentes que brotan de una misma raíz. Si la tesis hegemónica es destruir lo establecido y con los ladrillos que queden hacer una nueva construcción, la realidad es que cada nueva expropiación disminuye la productividad, se reducen los puestos de trabajo y crece la inseguridad personal y jurídica. Se podría resumir el escenario venezolano, como un paracaidista que en caída libre se dirige al abismo, por eso el retardo procesal, hacinamiento, ocio y la corrupción, son un reflejo de la falta de respuesta del Estado ante la crisis penitenciaria.
El régimen socialista radical esconde las estadísticas carcelarias, porque su estudio ratificaría el colapso del sistema penal y las responsabilidades consecuentes; así por ejemplo, en los últimos 11 años se han nombrado 17 directores de Servicios Penitenciarios, para un promedio de 7,76 meses de permanencia en el cargo, no hay continuidad administrativa, no hay respeto por la tarea encomendada, no puede haber un conocimiento a fondo sobre el drama que transcurre frente a sus ojos y ni siquiera se actúa conforme al esquema gerencial del ensayo y el error. La tragedia carcelaria se dimensiona por la pasividad gubernamental.
¿Cómo explicar que granadas fragmentarias, armas cortas y largas, puedan utilizarse con plena impunidad en el holocausto de Tocorón? Nos estamos refiriendo a un hecho reciente, donde fueron asesinados 16 reclusos y heridos 36, ¿qué espera la AN para designar una comisión de investigación?, ¿por qué no se procede a la interpelación del Ministro, la Directora Nacional de Servicios Penitenciarios y evalúan los recursos que se destinan al sector, la preparación del personal y sus niveles de remuneración?
Riesgo
En los últimos 11 años han muerto en las cárceles 4.030 reclusos y heridos 12.036, en cifras recopiladas por Provea y el Observatorio Venezolano de Prisiones, lo cual demostraría que si en la calle asesinan 75 ciudadanos por cada cien mil habitantes, para un porcentaje del 0,08%, en las cárceles el riesgo se potencia a un porcentaje del 1,12%. En conclusión, hay más probabilidades de morir en un recinto controlado por el Estado.
Las armas de fuego implican la complicidad de funcionarios, así como el tráfico de drogas y los recursos con los cuales se pueden obtener aire acondicionado, antenas parabólicas y traslados a los tribunales, en tal forma que directores, vigilantes y custodia externa se convierten en cómplices de los presos, al buscar una compensación a sus bajos ingresos. Tampoco es una buena idea afirmar que los delincuentes deben estar en la cárcel o bajo tierra, primero porque la cruda realidad demuestra la pasividad del régimen ante el drama delictivo y segundo, que ello conduce a los linchamientos y al sicariato, como una forma de justicia privada frente el colapso de la administración de justicia. (El Universal, 11.10.10)
