De esta manera, los procesados pudieran tener opción a esas medidas alternativas que se aplicarían, entre otras cosas, a través de labores comunitarias.
La Fiscal General consideró importante que se utilicen tales medidas, para que no siempre se la cárcel la pena a aplicar a quienes, de una manera u otra, han cometido un hecho delictivo.
En ese sentido, explicó que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece la prestación de trabajo comunitario como una forma de no tener a una persona privada de libertad.
Sin embargo, aclaró que la única limitación que tiene el COPP es que se puede aplicar solamente en los casos de aquellos delitos cuya pena en su límite máximo no exceda de los cuatro años.
Claro está, reconoció que todos los operadores de justicia deben ponerse de acuerdo en aplicar esas medidas, las cuales permitirán el que no colapsen los centros penitenciarios, y, además, que quien haya trasgredido la ley, se le aplique una sanción que contribuya al crecimiento de las comunidades, y esa persona tenga la posibilidad cierta de reinsertarse a la sociedad.
La Fiscal General lamentó que entre algunos operadores de justicia exista una cultura inquisitiva, pese a que el actual sistema penal es acusatorio y en el que constitucionalmente se consagra la presunción de inocencia, el principio de libertad y que la excepción debe ser la privativa, salvo en aquellos casos en los cuales haya peligro de fuga y de obstaculización de la justicia.
Vale destacar, que en el marco del programa, hubo un contacto telefónico con la nueva Ministra, situación que aprovechó Ortega Díaz para celebrar tal designación y realizar una invitación a un trabajo conjunto, tal cual realiza actualmente la Comisión Interinstitucional integrada por el Ministerio Público, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y Tribunal Supremo de Justicia, para otorgar medidas humanitarias a los penados con enfermedades graves y terminales y sustitutivas de libertad a los procesados que se encuentren en idéntica situación de salud.
Con relación a este tema, informó que esta semana se realizará otra reunión de la Comisión Interinstitucional para evaluar nuevos casos, e invitó a representantes de otras instituciones vinculadas con este tema.
Alertó que sobre estas medidas humanitarias no deben generarse falsas expectativas como lo pretenden algunos sectores, pues es un trabajo exhaustivo que se rige por normas legales para referirse al hecho que a la Institución que dirige han llegado nueve listas de condenados y privados de libertad que estarían enfermos.
Finalmente, manifestó que la prevención del delito a través de inculcar valores y principios a la población, especialmente desde temprana edad, contribuirá enormemente a bajar los índices de inseguridad, para lo cual puso a la disposición del resto de los poderes públicos el Plan Nacional que en esa materia ha impulsado el Ministerio Público.Mp;26.07.2011
