Ante lo recientes hallazgos sobre toneladas de alimentos descompuestos que se encontraban en almacenes y contenedores bajo la responsabilidad del gobierno nacional, a la espera de ser distribuidos en varias ciudades del país, Provea desea manifestar a la opinión pública las siguientes consideraciones.
Provea reconoce que las políticas y programas sociales alimentarios llevados adelante por el gobierno nacional, han alcanzado resultados positivos, logrando disminuir los índices de desnutrición de manera significativa en los últimos diez años; sin embargo, tales logros podrían verse amenazados si no se toman medidas inmediatas y estructurales que eviten que situaciones como las que se han denunciado en las últimas semanas, se repitan. Estos hallazgos muestran que existen deficiencias en la sostenibilidad de la seguridad alimentaria de la población que tienen su origen en una política indiscriminada de importaciones de alimentos.
Si bien el Estado está obligado a resolver la situación de desabastecimiento que afecta a algunos de los principales rubros alimenticios que conforman la dieta de los y las venezolanas, ello no puede hacerse de manera improvisada y ocasionando como consecuencia nuevas carencias y pérdidas económicas para la nación. Los hechos denunciados reflejan que las importaciones de algunos alimentos han sobrepasado las necesidades reales del país y se hicieron sin tomar en cuenta la capacidad de almacenamiento adecuado y de distribución oportuna, deviniendo entonces en una situación de mayor afectación. Además, los mecanismos de supervisión sobre estos procesos presentaron fallas evidentes como lo demuestra el hecho de que varias toneladas de estos alimentos llevaban almacenados más de dos años, entre otras razones, por la alta burocracia que acompaña los procesos de nacionalización de los productos que se importan; igualmente, voceros oficiales han reconocido que en esta situación están presentes personas que han intentado lucrarse ante la falta control de las autoridades sobre los procesos de almacenaje y distribución.
Esta situación (que por lo demás no es la primera vez que se produce), refleja que la dependencia excesiva de la importación de alimentos que padece nuestro país debe superarse si se quiere asegurar la seguridad alimentaria de la población y la soberanía alimentaria del país, conforme a lo consagrado en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mientras ello se logra, el Estado está obligado a planificar y optimizar los mecanismos para la compra en el exterior de alimentos y su rápida nacionalización, así como para su almacenaje y distribución, asegurando por encima de cualquier obstáculo que estos alimentos lleguen en óptimas condiciones a la mesa de los venezolanos y venezolanas y acudiendo a todos los mecanismos que lo permitan, incluyendo la concertación con las empresas privadas de distribución.
Frente a estos hechos, Provea exhorta a las autoridades nacionales a que:
• Se continué investigando hasta las últimas consecuencias los hechos mencionados, se establezcan las responsabilidades pertinentes y se determinen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables, independientemente de su nivel o cargo jerárquico.
• Se tomen medidas para racionalizar los procesos de importaciones, adecuando la capacidad distributiva a la cantidad de alimentos importados y apoyando dicha distribución tanto en entes privados como públicos con capacidad demostrada al respecto.
• Se optimicen los niveles de supervisión en el almacenaje de los alimentos en puertos y aduanas para asegurar que los alimentos se distribuyan con el suficiente tiempo antes de su vencimiento; igualmente, aplicar todas las medidas de control que permitan eliminar las prácticas corruptas que han intervenido en estos hechos.
• Agilizar los procesos de nacionalización de los productos alimenticios estableciendo mecanismos expeditos
• Asegurar un adecuado destino y/o destrucción de los alimentos ya dañados evitando que puedan ser consumidos y afecten la salud de los venezolanos y venezolanas.
• Impulsar una política agroalimentaria que progresivamente disminuya la dependencia de las importaciones de alimentos, creando las condiciones para una producción nacional sostenible y de calidad.
• Evaluar las posibles fallas que se estén presentando en el proceso de reforma agraria que se adelanta para garantizar un crecimiento real de la superficie cosechada y un adecuado uso de las tierras agrícolas.
• Promover espacios para el diálogo y la concertación de políticas públicas para la producción agrícola y la manufactura de alimentos estimulando a los productores nacionales.
Prensa Provea 23.06.10
