El conflicto que vive el sector universitario es la consecuencia natural de una política gubernamental caracterizada por el incumplimiento de las Normas de Homologación y la asignación deficitaria del presupuesto universitario. Ambos elementos configuran un cuadro dramático cuyos elementos más visibles son: El deterioro salarial y las condiciones de vida del docente universitario y su grupo familiar, la crisis de funcionamiento de los Institutos de Previsión por asfixia presupuestaria y un profundo deterioro de las instituciones universitarias caracterizado por ausencia de reposición de cargos, envejecimiento de la planta docente, concursos desiertos, jubilaciones masivas, deterioro de la planta física, ausencia de insumos para la docencia, la investigación y la extensión, por sólo mencionar algunas.
Lo que fue una lucha iniciada por la dirigencia gremial, se transformó en una lucha de otros actores institucionales y, en particular, del movimiento estudiantil, enmarcada en la defensa de una universidad autónoma y de calidad, la cual estaba seriamente amenazada por un proyecto de Contratación Colectiva con intencionalidad intervencionista.
De mutuo acuerdo con el movimiento estudiantil y en virtud de algunos logros alcanzados, las bases profesorales decidieron mantener el conflicto universitario, pero suspender el cese de actividades académicas. Elemento esencial para esa decisión fue la declaración de principios firmada por el Ministerio, AVERU y FAPUV. Declaración que obligaba a las partes a respetar los aspectos allí contenidos e iniciar el diálogo para la solución de los problemas. En esa oportunidad, se acordó como fecha para evaluar la situación universitaria el 14 de noviembre del año en curso. En ese contexto y luego de las Declaraciones de Mérida y de Guayana la Junta Directiva de FAPUV decidió convocar una reunión extraordinaria del Consejo Superior para el 13 de noviembre, en Caracas.
El Consejo Superior de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), reunido en la ciudad de Caracas el 13 de noviembre de 2013, al considerar que el día 06 de agosto de 2013, el Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria (MPPEU), la Asociación Venezolana de Rectores (AVERU) y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) firmaron una declaración de principios que contempla, entre otras cosas: a) el reconocimiento del diálogo como la forma apropiada de resolver conflictos; b) el deber del MPPEU de garantizar condiciones laborales dignas al personal docente y de investigación dada la naturaleza de sus funciones específicas y que para ello, garantizará una inversión prioritaria para asegurar esas condiciones; c) el rol de empleador de la universidad como parte del ejercicio de su autonomía; d) la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales; e) la libertad de asociación que tiene el personal docente y de investigación y el derecho a participar en la negociación colectiva de trabajo; f) la participación de las organizaciones sindicales, asociaciones, federaciones y administradores de instituciones de previsión social (IPP) en la definición de los mecanismos para mejorar y fomentar la complementariedad de los servicios de seguridad social y g) la equidad de beneficios entre el personal jubilado, pensionado y el personal ordinario.
Con fundamento en la evaluación realizada encontramos que:
- Hasta la fecha el diálogo propuesto por la FAPUV y acogido por el MPPEU a través de las mesas de trabajo no ha producido resultados concretos dirigidos a la solución de los problemas planteados.
- No se han instalado las prometidas mesas de “presupuesto universitario y calidad académica”; no obstante se nos impone un nuevo presupuesto deficitario que no garantiza condiciones laborales dignas ni el adecuado funcionamiento institucional.
- El pago de prestaciones sociales continúa siendo atribución del MPPEU y no de las universidades como empleadores directos del personal universitario violentando la autonomía universitaria. Tampoco se tiene conocimiento de la fórmula de cálculo utilizada, a pesar de las reiteradas solicitudes realizadas por las universidades y los gremios.
- En estos momentos, el normal funcionamiento de los Institutos de Previsión del Profesorado se encuentra en riesgo, en virtud de las deficiencias presupuestarias acumuladas por incumplimiento de las Actas Convenio y Acuerdos Federativos..
- La pretensión de incorporarlos a un Sistema Único Integral de Salud dirigido por el Ejecutivo Nacional y, al no ser FAPUV signataria de la Convención Colectiva Única, los Institutos de Previsión no recibirían los aportes correspondientes a la seguridad social de los profesores universitarios, violentándose la intangibilidad de los derechos.
- La intangibilidad y progresividad de los derechos no se ha concretado en el respeto a los acuerdos federativos preexistentes y válidamente suscritos entre la FAPUV y los entes gubernamentales competentes, como lo son nuestras Normas de Homologación, y se pretende imponernos una Convención Colectiva Única que no suscribimos y que es regresiva en comparación con nuestro instrumento legal.
- La existencia de sindicatos creados por el gobierno y afectos a su tendencia política pretende usurpar la legitimidad de los organismos gremiales legalmente constituidos.
- Se continúa violentando la homologación de los beneficios al personal jubilado en correspondencia con el personal ordinario, a pesar de haberlo denunciado ante las instancias competentes (MPPEU y Universidades) y haberse entregado el informe en la mesa correspondiente.
- Al sector estudiantil no se le han honrado sus providencias estudiantiles, pese a los ofrecimientos públicos y notorios del Ejecutivo Nacional.
- La exclusión, por acción u omisión, de las autoridades universitarias sobre asuntos que les incumben directamente, tal es el caso de las relaciones laborales, violentándose la autonomía de las universidades.
En este marco la FAPUV ha asumido la defensa de los intereses de todos los integrantes de la comunidad universitaria: docentes, administrativos, obreros y estudiantes, pues el problema universitario trasciende lo meramente remunerativo e implica también la necesidad de un presupuesto justo que le garantice a la universidad contribuir al progreso científico, tecnológico y humanístico del país.
En función de la evaluación realizada el Consejo Superior de FAPUV resuelve:
1) Aprobar y difundir el informe presentado por la Presidenta de FAPUV sobre el conflicto universitario, y dar un voto de apoyo y confianza a FAPUV y sus Asociaciones para la implementación del Plan de Estrategia con todas las observaciones formuladas en esta reunión y todas las acciones de conflicto necesarias para hacer valer nuestros derechos.
2) Mantener la declaratoria del conflicto universitario con actividades de protesta en el corto plazo ante la negativa del MPPEU a dar respuesta a las demandas de FAPUV: por la correcta aplicación de las Normas de Homologación; por el cumplimiento de los derechos laborales de los profesores universitarios y el pago de las deudas; por presupuesto justo para las Universidades y por las providencias estudiantiles.
3) Declarar el 06 de agosto como el Día de la Reafirmación de la Autonomía Universitaria.
4) Denunciar ante la comunidad universitaria y el país, el incumplimiento por parte del gobierno nacional de los convenios laborales. Exigimos el cumplimiento en todos sus puntos de la declaración suscrita por MPPEU, AVERU y FAPUV el pasado 06 de agosto de 2013.
5) Exigir la inmediata democratización de nuestras universidades, la realización de elecciones de autoridades tanto en las universidades donde los plazos de gestión están vencidos como en las universidades intervenidas y en las nuevas universidades, así como el respeto por parte del gobierno nacional, a la voluntad de los claustros universitarios expresada en la elección de sus autoridades.
6) Mantener la defensa de los profesores jubilados hasta alcanzar la completa equidad.
7) Jerarquizar como uno de los objetivos fundamentales de este conflicto, la demanda de pago de la deuda que tiene el MPPEU con nuestros Institutos de Previsión (IPP), deuda que los mantiene en una situación de crisis aguda. Exigimos el cumplimiento por parte del gobierno y de las Universidades de su responsabilidad de garantizar la seguridad social del personal universitario.
8) Convocar un Parlamento Universitario en defensa de los IPP
9) Ratificar el reclamo formulado en las mesas de diálogo al gobierno nacional de pago de la deuda con el programa de Beneficio Académico y la convocatoria de la premiación del Beneficio Académico para 2014.
10. Fortalecer la unidad y la articulación de las luchas sociales de los profesores universitarios con los estudiantes, demás sectores universitarios, gremios hermanos y sectores laborales del país.
11. Expresar nuestro apoyo unánime a la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana y exhortar a sus autoridades a cumplir los acuerdos suscritos con APUNEG en relación con los hechos violentos y vandálicos de que fue víctima el pasado mes de julio.
12. Exigir a las autoridades universitarias que asuman su papel como empleadoras y en defensa de la autonomía universitaria; que apliquen la normativa legal vigente más favorable a los trabajadores universitarios y exijan al MPPEU los recursos necesarios para ello.
13. Convocar en todas nuestras asociaciones Asambleas Generales para informar a las bases profesorales sobre la situación actual, y extender la consulta a nuestras bases sobre la evaluación del conflicto hasta el mes de enero de 2014 a través de la realización de un referendo nacional.
En Caracas, a los trece días del mes de noviembre de dos mil trece.
FAPUV
