Nosotros, quienes suscribimos el presente documento, Decanos de la Universidad de Los Andes, en acatamiento de nuestra Carta Magna, nos dirigimos a la opinión pública nacional para fijar posición ante las delicadas consecuencias que la recién aprobada Ley de Educación Universitaria provocará en la institucionalidad de nuestras casas de estudios. Se trata de un instrumento legal autoritario, cuyo objetivo es dotar al gobierno nacional de un medio para controlar directamente las universidades, que en caso de ser promulgada anularía su sentido trascendente pues la universidad dejaría de ser una institución para la creación de conocimientos, la investigación y la profesionalización. Estas son las razones que invocamos:
Elimina la autonomía universitaria. La universidad pasa a ser una institución completamente dependiente del poder ejecutivo. Delega en el ministro de Educación Universitaria la mayoría de las atribuciones del autogobierno universitario, al grado incluso de asignarle la garantía del ejercicio de la autonomía de nuestras casas de estudio.
Desconoce al Estado democrático y social de Derecho. La Ley incluye conceptos y artículos relacionados con la educación socialista, el desarrollo endógeno, modifica la comunidad académica y el claustro, con lo cual sujeta la gestión universitaria a un proyecto socialista contrario a la promoción del pluralismo, que además fue rechazado en el referéndum consultivo sobre la reforma constitucional del 2 de diciembre de 2007.
Desvirtúa los espacios de decisión académica. La ley incorpora a todas las instancias organizativas de las universidades a representantes del gobierno a través de las llamadas “organizaciones del poder popular”. Estas formas organizativas no están consideradas en la Constitución nacional, dependen económicamente del Ejecutivo, están controladas por la Presidencia, sin que se haya establecido el procedimiento para la elección de sus representantes.
Es un instrumento centralizador. Las instancias organizativas del sistema universitario a nivel nacional y regional se subordinan al ministro directamente. El Consejo Nacional de Transformación Universitaria tiene como fin coordinar la implementación de las políticas emanadas del Ministerio y tendrá mayor número de representantes designados por el Ejecutivo. Los Consejos Territoriales de Transformación Universitaria serán creados por el ministro, quien normará su organización y funcionamiento, lo cual rompe la posibilidad de la autorregulación universitaria y mayores niveles de eficiencia.
Es una ley altamente discrecional. El ministro regulará la creación de programas de formación de pregrado y posgrado, las políticas de ingreso y permanencia estudiantil, la creación o supresión de sedes, núcleos y extensiones. También normará la participación de las organizaciones del “poder popular”, elaborará el reglamento electoral para la elección de las autoridades universitarias, el reglamento para el funcionamiento de los órganos del gobierno universitario, y establecerá los lineamientos para los programas de formación docente.
Manipula la noción de igualitarismo. La eliminación de la distinción para el ejercicio del voto no solo desconoce hasta el nombre del personal docente, sino que la ley esconde una intención aviesa. El voto paritario es un señuelo con el que se distrae la atención del hecho de que el ministro adquiere atribuciones omnímodas sobre las universidades. Ampliar la base electoral de un gobierno universitario desprovisto de poder, cuyas competencias son transferidas a un ministro que no es elegido democráticamente, que depende del designio presidencial, es una manipulación cuyas consecuencias traerán la politización de la vida académica, impulsada por agentes extraños a la universidad.
Liquida la independencia organizativa. Esta ley aplana la autonomía organizativa de profesores, estudiantes y trabajadores. Anula la libertad sindical al otorgar al ministro la potestad de reglamentar las organizaciones gremiales en nuestras casas de estudios, de suerte que los universitarios no podrán defender ni reclamar el cumplimiento de sus derechos.
Cierra los espacios de concertación. Con el trato inconsulto dado a esta Ley se prescindió de todo dialogo, de discusión seria, de debate fecundo. Con razón se ha dicho que el grado de autoritarismo usado en su aprobación es proporcional al contenido antidemocrático del instrumento legal. La precipitación, el secretismo, el desconocimiento de otros proyectos de Ley presentados por iniciativa popular, configuran lo que con fundados motivos ha sido calificado con el nombre de un “madrugonazo” parlamentario, hecho perpetrado por una Asamblea Nacional a punto de fenecer, que no representa la voluntad del país.
Por las consideraciones ante expuestas, proponemos:
1. La convocatoria urgente de un Consejo Universitario extraordinario que fije posición ante los contenidos, alcances e implicaciones de la Ley de Educación Universitaria recién aprobada en la Asamblea Nacional.
2. Invitar a los factores organizados de la sociedad civil a la conformación de un frente en defensa de la Constitución Nacional y de la Universidad de Los Andes, así como al diseño de un plan de acción que de concreción a este propósito superior.
3. Ejercer los recursos legales que permitan la solicitud de la anulación de la mencionada Ley.
Luis Alfredo Angulo Rivas
Decano Humanidades y Educación
Raúl Huizzi Gamarra
Decano Ciencias Económicas y Sociales
Justo Miguel Bonomie
Decano de Odontología
Argimiro Castillo Gandica
Decano de Arquitectura y Diseño
Alfonso Sánchez
Decano de NUTULA
Gerardo Tovitto
Decano de Medicina
Darío Garay
Decano de Ciencias Forestales y Ambientales
Nory Pereira
Decana de Arte
Oscar Camacho
Decano de Ingeniería
Fuente: Primicias24.com
