El acceso a la atención sanitaria en Venezuela se encuentra en una situación extremadamente crítica, como consecuencia de las condiciones de precariedad a las que han llegado los centros hospitalarios y ambulatorios de la salud pública.
Ello se debe al persistente deterioro al que han estado sometidos durante los últimos años, y además, a los altos niveles de desabastecimiento de medicinas para que las personas realicen sus tratamientos, de reactivos y suministros para hacer pruebas diagnósticas, de insumos básicos y repuestos de equipos médicos para el funcionamiento del sistema sanitario, tanto público como privado -en más de un 80% de procedencia importada- debido a la mora del Estado con el pago de deudas en divisas a proveedores internacionales.
Dada esta grave situación, la población venezolana se encuentra actualmente afrontando violaciones sistemáticas y generalizadas de garantías mínimas para atender sus necesidades de salud, que están conduciendo a muertes injustas y a daños inaceptables a la salud e integridad física y psicológica de diversos grupos de personas.
En la salud pública, más del 50% del personal médico se ha retirado de hospitales y ambulatorios por su deterioro y el desconocimiento del derecho a la contratación colectiva y al menos 40% de estos centros presentan fallas estructurales severas que producen hacinamiento y contaminación.
Además, una gran cantidad de obras de reparación y ampliación de hospitales públicos, mediante contrataciones irregulares entre los años 2007-2010, quedaron paralizadas y han sido objeto de denuncias por corrupción; los servicios de electricidad y agua se interrumpen frecuentemente, ocasionando daños frecuentes a equipos y ambientes inadecuados para realizar actos médicos; y el número de camas públicas ha ido reduciéndose por la falta de presupuesto, personal e insumos, alcanzando un déficit de 70% conforme a los estándares internacionales, lo que significó, según reporte del propio Ministerio de Salud en el 2011, haber dejado de atender ese año un 1 millón de personas.
El deterioro de la salud pública se sobrellevó por un tiempo a expensas de los sectores de seguridad social y de previsión social, que prestan atención a población no cotizante desde el año 2001.
En los últimos años, el deterioro ha sido soportado por el sector privado, que aumentó sus consultas médicas en altos porcentajes, como producto de la demanda de empleados asegurados del sector público, privatizando de hecho la salud, colapsando la atención de las clínicas y haciendo pagar al Estado por una atención primaria muy costosa.
Sin embargo, debido a inaccesibilidad económica de los servicios privados y a la baja cobertura de aseguramiento de la población, la mayoría de las personas continúan acudiendo a los hospitales y ambulatorios públicos
Por otra parte, aun cuando el Ministerio de Salud, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía han sido alertados en varias oportunidades sobre las graves fallas de medicamentos, insumos, reactivos y repuestos, el desabastecimiento alcanzó niveles de falta absoluta en más de un 70%, lo que ha producido el cierre de servicios, la suspensión constante de cirugías –por las cuales los pacientes esperan entre 7 y 8 meses- y el colapso de los pocos servicios de emergencia de los cuales dispone la población.
También han desaparecido en farmacias y centros de salud medicamentos para personas en condiciones oncológicas, hematológicas, cardiópatas, hipertensión, diabetes y enfermedades oportunistas asociadas al VIH, que no están tomando sus tratamientos; así como familiares y médicos reportan diariamente el fallecimiento de personas que no pueden ser operadas o de personas heridas, quemadas o infartadas que, luego de múltiples trasladados, no pueden ser atendidas.
Dada esta situación, organizaciones de personas afectadas, familiares y de derechos humanos, médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud, sociedades médicas e instituciones académicas, así como proveedores y distribuidores privados, han exigido a las autoridades nacionales que reconozcan la grave situación y presenten soluciones, declaren de inmediato una emergencia sanitaria en el país y se disponga de mecanismos de ayuda humanitaria internacionales para garantizar la salud y la vida de miles de personas.
La salud pública configura la mayor garantía de una efectiva atención sanitaria en Venezuela. Dependen también de ella, los programas, las funciones de rectoría, vigilancia y contraloría sanitaria, la formación de recurso humano y el suministro de tratamientos.
En este sentido, que persista esta situación, privando a la población de servicios sanitarios, constituye una amenaza para la protección del derecho a la salud en Venezuela, y acarrea violaciones a la Constitución y a los pactos y convenios internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales, sin que valgan excusas basadas en la insuficiencia de recursos o en cualquier otra dificultad.
Publicado en el Boletín Internacional de Derechos Humanos de Provea Nro. 13 (Julio-Agosto 2014).
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