En la mañana de este martes 31 de mayo, el Centro Comunitario de Aprendizaje, mejor conocido como Cecodap, consignó por segunda vez un recurso contra la sentencia que negó una medida solicitada por la misma institución sobre la obligatoriedad del Estado a suministrar medicamentos para niños y adolescentes.
Se entregó al Tribunal Tercero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que en el transcurso del mismo día o el próximo día hábil debe remitirlo a la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia. Esta instancia debe emitir la respuesta sobre si el recurso es emitido o no en los siguientes cinco días hábiles, y si lo admiten la audiencia debe ser convocada para los siguientes diez días hábiles.
La medida fue negada por primera vez el 11 de febrero de este año, y Cecodap apeló el 15 de ese mes. Sin embargo, el 13 de abril el juez Oswaldo Tenorio declaró sin lugar la apelación.
“Estamos solicitando que se anule la decisión de ese Tribunal, que se declara procedente lasolicitud de medidas de protección (a los niños, niñas y adolescentes). Hay una escasez manifiesta y el ministerio de Salud debe abocarse a la dotación y a priorizar distribución compra para la población de niños y adolescentes del país, como lo establece laConstitución en su artículo número 78″, aseguró Fernando Pereira, coordinador general de la organización.
Artículo 78.
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la ley, la Convención sobre Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, la familia y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de las niñas, niños y adolescentes.
Las principales razones que esgrime el Tribunal para rechazar la sentencia son que los familiares son corresponsables de conseguir los medicamentos y que la organización no presentó suficientes pruebas de la escasez.
Al respecto, Pereira señaló que hoy entregaron todos los argumentos y que esperan que la Sala Social pueda dar “justicia y una esperanza a los niños y niñas de Venezuela” y que tome una decisión pensando en el interés de los pequeños.
“Nosotros seguiremos hasta que el cuerpo aguante”, dijo Pereira sobre la cruzada legal que están librando. Además señaló que la organización se mantiene haciendo trabajo de calle, visitando hospitales y acompañando familiares de niños para recoger las denuncias.
Efecto Cocuyo
