Cada tres meses Zulima Jiménez, de 55 años de edad y paciente de VIH; debe realizarse un chequeo. Desde que cerraron las oficinas de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria –Malariología-, producto de un incendio en los almacenes por componentes tóxicos el 26 de febrero, no ha podido practicarse los estudios correspondientes y evaluar el progreso de su enfermedad. Ante esto, instó a las autoridades a reabrir de manera inmediata el centro.
Desde hace 11 años, Jiménez padece de Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y siempre acudía a este lugar para examinarse. “En enero fue la última vez que asistí para que me evaluaran, pero desde que lo cerraron me recomiendan que acuda a otro centro, pero los estudios son muy costosos”.
La preocupación de esta paciente se refleja en 40 enfermos más de VIH, que deben acudir a centros privados para que los atiendan. La Dirección General de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria realizaba 38 programas preventivos, pero desde hace dos meses están paralizados.
A esta ama de casa, que reside en El Calvario, no le avergüenza decir que es portadora del VIH. Considera que su caso se repite en distintas personas que deben enfrentar un “viacrucis” para conseguir el tratamiento adecuado, que en estos momentos no se garantiza. “Yo tengo que vivir porque es mi derecho y quiero ver crecer a mis nietos”, manifestó preocupada. (Gabriela Espinoza Fernández, El Carabobeño, 16.05.12)
