Descalza y con la ropa ensangrentada llegó Yeniré Páez a la emergencia del Hospital de Niños J. M. de los Ríos el 26 de marzo, a las 9:15 pm.
“Está sangrando mucho, necesito, por el amor de Dios, que la atiendan rápido”, imploraba la joven mujer a todo el que encontraba a su paso para que auxiliaran a su hija de 6 años de edad. “Estábamos en una cola en el 23 de Enero, unos malandros comenzaron a disparar como locos y una bala le perforó el abdomen a mi muchachita”.
Era necesaria una operación exploratoria para determinar la gravedad de las lesiones internas. Pero los médicos y enfermeras no podían hacer más que tomarle una radiografía a la pequeña (con uno de los dos equipos con que se cuenta para todo el hospital) y aplicarle respiración artificial. Esa noche no había cirujano de guardia.
Aunque estaba consciente, lucía muy pálida y no hablaba. Como en emergencia no hay parabanes que permitan algo de privacidad, otra menor de edad que estaba en la cama de al lado se vio involucrada en la tragedia y preguntaba: “¿Se va a morir?, ¿esa niñita se va a morir?”. La angustia de todos aumentó cuando se supo que en el Hospital Universitario de Caracas, adonde la niña podría ser trasladada, tampoco había cirujano de guardia. Una médica residente hacía llamadas y llamadas desde su celular con la esperanza de que algún cirujano amigo acudiera.
Con muchísima rabia, un familiar de la niña gritó: “¡Vámonos para una clínica y en el camino vemos de dónde sacamos los reales!”. El traslado, sin destino preciso, tendría que ser en una ambulancia de los bomberos del Distrito Capital, porque las tres del hospital no sirven. Páez y su hija salieron del J. M. de los Ríos revictimizadas: primero por el hampa y, encima, por la negación de su derecho a una asistencia médica oportuna y adecuada.
Huida
Irse del hospital también fue la opción de Wuilaudy Colla, luego de sobrevivir durante un mes a las carencias del centro de salud. Estaba en una de las dos habitaciones habilitadas en el servicio de Medicina IV y contó su historia desde el colchón tirado en el suelo donde duerme con su hijo de seis años de edad que tiene un tumor cerebral.
“Le pusieron una válvula que costó mucho para conseguirla. Mi niño necesita una segunda operación, pero no se la han podido hacer: primero, porque no funcionaba terapia intensiva; después, porque clausuraron los quirófanos por fallas en los aires acondicionados y filtraciones. Todo el mundo aquí dice que esos quirófanos están contaminados y que los niños que operan se pueden enfermar más y hasta morir. Nosotros logramos obtener una ayuda económica y, gracias a Dios, la segunda operación se la van a hacer en una clínica por 1.250.000 bolívares”, dijo.
Las otras madres también duermen en el piso y todas comparten los temores de Wuilaudy Colla. Sin embargo, no todas podían asumir los costos de la atención en centros de salud privados.
Las fallas en la infraestructura del J. M. de los Ríos se perciben a simple vista. Abundan los espacios clausurados por filtraciones o porque van a ser reparados, como ocurre en el servicio de Neurocirugía, cuyos pacientes están temporalmente reubicados en Nefrología.
Donde funcionaba Oncología hay un olor nauseabundo que emana de un espacio convertido en depósito de mobiliario y equipos inservibles. Algo similar sucede en la Unidad de Inmunosuprimidos, donde están arrumadas decenas de estructuras metálicas de camas.
Muchas áreas del hospital han sido modificadas con una informalidad que tiende al caos. Por ejemplo, los teteros se preparan en un lugar originalmente destinado a faena sucia. Dos marmitas que alguna vez se usaron para hervir grandes cantidades de agua no funcionan, como tampoco el batidor industrial. Las usan para escurrir coletos y como depósitos de basura. “Aquí preparamos las fórmulas lácteas de manera manual, como si les estuviéramos haciendo la comida a los niños de la casa y no a los cientos de bebés que están hospitalizados. Solo contamos con una cocina eléctrica que nos donaron y a la que solo le sirven dos hornillas”.
Si la inspección que hizo el ministro de Salud, Henry Ventura, el 26 de marzo al hospital de niños hubiese ido más allá del área quirúrgica, habría podido ver lo que el equipo de El Nacional registró ese mismo día en la noche.
Nueva directiva, vieja crisis
Desde febrero de 2015 el hospital tiene una nueva directiva, encabezada por Carmen Rosa Graterol. Ella y su equipo asumen el reto de alcanzar soluciones que sean mucho más que paliativos. Ante la prensa exhiben su disposición a trabajar sin descanso, incluidos fines de semanas y días feriados, y tratan de ocultar su temor a que los problemas los desborden.
El subdirector Juan Félix García, con 34 años de servicio en el J. M. de los Ríos, expresa el sentimiento de muchos médicos sobre la crisis crónica en infraestructura: “La solución definitiva es construir otro hospital, porque estas instalaciones, que ya acumulan 76 años, fueron diseñadas para una escuela de enfermería y ya no aguantan más”.
Pero Graterol advierte: “Si Maduro me dice mañana: ‘Aprobamos la construcción de la nueva sede del hospital de niños’, yo le preguntaría: ¿cuánto tiempo demoró construir el Cardiológico Infantil? ¿Mientras se construye la nueva sede qué hacemos con los niños que atendemos? No es tan sencillo”.
En procura de una intervención integral del Estado, en mayo de 2014 las ONG Centro Comunitario de Aprendizaje, Cecodap; Programa Venezolano de Eduacación-Acción en Derechos Humanos, y Luz y Vida emprendieron una acción de protección ante tribunales de niños, niñas y adolescentes. Diez meses después el esfuerzo se frustró por formalidades jurídicas.
En el mismo lapso se ha profundizado el deterioro del principal centro de salud pediátrica de Venezuela, que reúne 34 especialidades médicas (algunas de las cuales solo se ofrecen allí) y que atiende a pacientes de todo el país. Los efectos en términos de morbilidad y mortalidad están por determinarse.
A pesar de que desde el principio estuvo claro que el demandado era el ministro de Salud, para ese momento Francisco Armada, la tercera jueza que intervino en el caso, Dagiely Palma, remitió el asunto a la Sala Constitucional del TSJ, con el argumento de que la competencia para determinar la responsabilidad de un ministro corresponde exclusivamente al máximo tribunal.
Pruebas oficiales
La acción de protección ejercida por Cecodap, Provea y Luz y Vida se fundamentó inicialmente en el Diagnóstico Situacional 2013, elaborado por la Sociedad Médica del hospital, que indica, entre otros datos, que en 2002 se disponía de 420 camas y en 2013 de apenas 178, una disminución de 42,38%.
La Sociedad Médica también precisó que por el déficit de anestesiólogos (en 2013 se requerían 35 y solo había 7, de los cuales apenas 4 prestaban servicios efectivamente, pues los otros 3 estaban de reposo o de vacaciones) la capacidad quirúrgica se redujo drásticamente. Se suspendieron las cirugías electivas y solo se hacían las de emergencia, de modo que la deuda quirúrgica ascendió a 5.000 pacientes en espera.
Pero la prueba más contundente en respaldo de la acción de protección la aportó el Estado venezolano a través de la Contraloría General de la República. En un informe sobre la situación del J. M. de los Ríos entre 2013 y agosto de 2014 (aunque algunos datos se recabaron hasta octubre del año pasado) se concluye que el hospital “no satisface la demanda de los servicios de atención médica y hospitalaria que requiere la comunidad, en vista de las carencias de personal, servicios médicos con fallas operativas, equipos médicos inoperativos y/o con desperfectos, insuficiencias de insumos, medicamentos y material médico quirúrgico, así como de bienes indispensables para la prestación de un servicio pediátrico con la calidad y excelencia esperadas, y deterioro de la infraestructura física; lo cual incide en la expansión, la integración y la consolidación de los Servicios de la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud”.
El informe fue incluido íntegramente en el balance de la gestión correspondiente a 2014 que el contralor general, Manuel Galindo, presentó ante el Parlamento.
El Nacional actualizó los datos recabados por la Contraloría hace siete meses con información aportada por personal de cada uno de los servicios y contrastada con la que suministraron los integrantes de la junta directiva. El resultado general es que la situación ha empeorado.
Hospitalización: de las 300 camas que debería disponer un hospital Tipo IV, como el J. M. de los Ríos, al 6 de junio de 2014 solo había 172, es decir 57,33%, señala el informe. La directora Graterol precisó que en la actualidad hay 10 camas menos, es decir 162. El hospital atiende aproximadamente a 800 pacientes al día, se indicó oficialmente.
Quirófanos: la Contraloría precisó que de 12 funcionan 8. El 26 de marzo de 2015 el ministro Henry Ventura verificó personalmente que de los 7 del área quirúrgica solo funcionan 3. La dirección del hospital asegura que otros 3 (Hematología, Hemodinamia y Cirugía Plástica) trabajan con relativa normalidad, pero que 2 más localizados en la planta baja están inoperativos desde hace más de 5 años.
Cirugía Plástica: “No efectúa intervenciones electivas desde hace aproximadamente un año y de 12 camas existentes funcionan 8”, precisa la Contraloría. La dirección del hospital dijo que el servicio está incorporado al plan quirúrgico electivo y que todas las semanas se realizan operaciones. Por las remodelaciones del área, a cargo de Corpoelec y que deben concluir en aproximadamente 45 días, solo se dispone de 4 camas.
Cardiología: la Contraloría determinó que en 2013 se hicieron en promedio 100 cateterismos mensuales y en el primer semestre de 2014, 20 al mes. Los médicos del área refutan: en todo 2012 se hicieron 350, en 2013, un total de 100; en los 12 meses de 2014, 15, y en lo que va de 2015, apenas 2. “El servicio no se puede evaluar exclusivamente por el número de cateterismos”, se queja la directora Graterol e incorpora otro problema: “Los insumos son cada vez más costosos y difíciles de obtener. Eso es lo que ha frenado la actividad”.
Medicina II: cuenta con 3 salas de hospitalización, de las cuales 2 (66,67%) están clausuradas, precisó la Contraloría. En el servicio se informó que de 27 cupos solo se dispone de 10. La Sala Norte, cuya remodelación se encargó al Sexto Cuerpo de Ingenieros del Ejército y debió terminarse en noviembre de 2014, sigue demolida. La dirección confirmó tales datos.
Unidad de Cuidados Intensivos: “Concebida para atender a 15 pacientes, en la práctica atiende a 7 (46,67%) de cuidados intermedios”, indica el informe de la Contraloría. La directora del hospital admite que la atención se limita a 7 niños. Sin embargo, el personal precisó que solo se asiste a 4 pacientes.
Oncología: atiende 100% de sus consultas, precisó la Contraloría, pero los médicos advierten que no tiene hospitalización por déficit de personal. Las autoridades del J. M. de los Ríos precisaron que los pacientes con cáncer no están hospitalizados en un área específica, sino en todos los servicios. La directora Graterol ofreció mayores explicaciones sobre el colapso de Oncología, que dan cuenta de otro problema: las reubicaciones de los servicios. “Las aguas negras obligaron a una reubicación en los pisos 5 y 6, donde estaba cirugía cardiovascular, porque ese servicio ahora se presta en el Cardiológico Infantil Gilberto Rodríguez Ochoa”, dijo la funcionaria.
Radiología: trabaja a 30% de su capacidad, se determinó en agosto de 2014. Ahora el déficit se mantiene, pues solo sirven 2 equipos portátiles en todo el hospital: 1 en Emergencia y otro para todos los quirófanos. La dirección admite que, como mínimo, se requieren 6 equipos de radiología.
Laboratorio: están cerrados los de emergencia, coproanálisis y uroanálisis, coagulación y hemoglobina anormales, asegura la Contraloría.
Fuentes del servicio informaron que actualmente no se hacen los exámenes especiales que requieren los pacientes inmunosuprimidos, como los que padecen VIH y linfoma, y que no hay equipos adecuados ni reactivos suficientes, por lo cual han sido vitales las donaciones de la Sociedad de Amigos del Niño con VIH. La mitad de los bioanalistas se han ido por su inconformidad con el sueldo de aproximadamente 6.000 bolívares mensuales. La dirección del hospital asegura que “los exámenes de emergencia sí se hacen” y también identifica el déficit de personal como la principal debilidad de los servicios de laboratorio.
Resonador magnético: la Contraloría detectó en agosto de 2014 que no funciona y la situación se mantiene.
Las conclusiones de la Contraloría son demoledoras: “De 11 servicios, 10 (90,90%) presentan debilidades motivado, entre otros, a la carencia de personal médico, equipos e insumos médicos, así como el deterioro de la infraestructura”. De 2014 al presente el porcentaje de fallas se mantiene, sobre todo por las remodelaciones inconclusas: “El cambio de autoridades en la Fundación de Edificaciones Hospitalarias, que es el organismo encargado de la infraestructura, ha afectado negativamente el cumplimiento de las metas. Necesito que terminen las remodelaciones de Nefrología, Medicina II, Medicina I, Oncología y Farmacia”, indicó la directora Graterol.
Sobre la deuda quirúrgica la Contraloría determinó: “Durante el primer semestre de 2014 se realizaron 532 electivas y de emergencia. A la fecha, 9 de octubre de 2014, de acuerdo con la información suministrada por el director del hospital, 4.428 pacientes se encuentran en lista de espera para operaciones”. Las nuevas autoridades del centro de salud no precisaron a cuánto asciende el número de personas que aguarda por una intervención.
Aunque la exhortación no provino de un tribunal, la Contraloría dio instrucciones muy precisas al Ministerio de Salud que no se han cumplido: “Gestionar lo pertinente para dotar al hospital de todo el personal, equipos, bienes, insumos y medicamentos que requiere, a los fines de que en la práctica sea el primer hospital pediátrico del país, con calidad y excelencia en la asistencia, docencia e investigación”.
La administradora del J. M. de los Ríos, Jacqueline Soto, niega que haya deficiencia de insumos: “Nosotros tenemos los documentos probatorios de ello. Recibimos medicamentos e insumos del Ministerio de la Salud a través del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmaceúticas. También de la Dirección Estadal de Salud del Distrito Capital. Hay un apoyo periódico. Y además se hacen adquisiciones de algunos rubros”.
Resistencia
Sobre la base de su afirmación, Soto dijo que está dispuesta a darle la cara a Zoraibys Ramírez, una mujer de 27 años de edad procedente de Caicara del Orinoco. Regresó al J. M. de los Ríos el 26 de enero, pues su hijo de 6 años de edad tuvo una recaída. Hidrocefalia congénita y un quiste en el cerebro son los 2 más graves diagnósticos de un total de 12 que afronta el niño.
“Necesitábamos una operación de emergencia, pero tuvimos que esperar 18 días hasta que se consiguió la válvula Cogma, de presión baja con conector Y. Lo operaron, pero se complicó porque rechazó el conector. El 16 de febrero el niño entró en estado convulsivo y al día siguiente le dieron 2 paros respiratorios. Los médicos decidieron sacarle la válvula y el conector. Ahora necesita otra operación. Cada vez es más difícil conseguir las válvulas, por eso las madres hemos trancado las calles y, si es preciso, lo volveremos a hacer. Mi niño está empeorando, apenas se sienta con dificultad. El hospital no me ofrece soluciones, y mi única esperanza es que alguien me done la válvula”.
A Ramírez no le preocupa que la tilden de revoltosa: “A la propia directora del hospital se lo he dicho clarito: ni ella como médico ni yo como madre podemos resignarnos a esperar la muerte sin hacer nada, tenemos que pelear por la salud de nuestros niños. Porque no es una limosna, es un derecho”.
