Ante las acciones oficiales ocurridas en la última semana, destinadas a censurar las informaciones sobre la contaminación del agua para uso humano, hemos considerado importante reproducir la opinión del Dr. Fernando Luis Egaña, publicada en Noticiero Digital el 24 de marzo de 2012, artículo que dibuja en terminos sencillos la situación precaria de la libertad de expresión en Venezuela.
Censura que algo queda
El operativo oficial para censurar las informaciones sobre la contaminación del agua, pone de manifiesto dos realidades principales: una, que en el Estado venezolano la separación de poderes no llega ni a decorativa; y otra, que el imperio de la Constitución es tan etéreo como los controles ambientales que deberían aplicar las autoridades. En efecto, el señor Chávez da una orden política y la «autónoma» Fiscalía General la procesa de inmediato, y un «autónomo» tribunal la transmuta en decisión judicial. Todo en pocas horas para que se destaque mejor la «independencia» de los poderes públicos…
¿Y dónde queda la Constitucióncon la referida decisión tribunalicia? Su artículo 58 consagra lo siguiente: «Toda persona tiene derecho a expresar sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura«… Más claro no canta un gallo: sin que pueda establecerse censura.
Pero no para el tribunal del caso, porque la notoria decisión exige a los medios impresos, radiales, televisivos y digitales que actúen con extrema responsabilidad (…) en la difusión de información relacionada con la presunta contaminación del agua, debiendo contar con el debido soporte técnico veraz avalado por un organismo competente… En pocas palabras, sólo pueden ser difundidas aquellas informaciones sobre la materia que sean validadas por los organismos competentes o gubernativos. Y si esto no es censura, ¿qué es?
Y además, como los organismos competentes de la «revolución bolivarista» no suele ser abiertos y confiables en el dominio de la información veraz, entonces la censura se impone con más intensidad. Puede que el ministro Hitcher se sienta tranquilo al beber el agua del chorro, pero la abrumadora mayoría de los venezolanos no, y ahora con la censura menos todavía, porque la falta de información fiable no sosiega sino angustia.
Lo cual plantea una consideración de fondo: con el agua ha pasado lo mismo que con la luz, la seguridad, la vialidad o pare usted de contar en el ámbito de los servicios y funciones del Estado nacional. Lo que con tanto esfuerzo se fue construyendo enla Venezueladel siglo XX, se ha ido desmoronando en el XXI.
Ahora bien, de un día para otro se ha hecho visible el efecto de la censura, en especial en medios impresos, radiales y televisivos, porque los «digitales» son mucho más díficiles de restringir. Muchos medios tratarán la temática de la contaminación hidríca con delicadeza de porcelana china, incluso a pesar de las masivas evidencias de deterioro en la calidad del agua.
Siendo la más notoria, desde luego, la necesidad estatal de establecer la censura al respecto. Si la situación presente del sistema de agua «potable» en Venezuela fuera tan maravillosa como alega el ministro Hitcher, bastaría permitir que instancias técnicas independientes –universidades, oeneges ambientales, expertos reconocidos– realizaran verificaciones en los reservorios, plantas y acueductos señalados, y ya está. Pero no hay ni atisbo de eso. ¿Por qué será?
Mientras tanto, la censura ejercerá su efecto corrosivo. En los medios porque intimida y distorsiona el periodismo responsable y crítico. En los usuarios de los medios, porque hace hace más complicado el acceder a la información veraz y oportuna. Y en el conjunto de la sociedad, porque se continúan demoliendo los derechos democráticos. Censura que algo queda, parece ser la orden de arriba. Y lo que queda se acumula en perjuicio de los venezolanos.
Como antecedente de esta violación constitucional de los derechos humanos,La Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas publicó el 22 de diciembre de 2010, su posición sobre la ley habilitante que le confirió poderes especiales al Presidente dela República. Entrelas leyes a aprobar estaba la de telecomunicaciones, que afecta la esencia misma de la dignidad de las personas, al imponer controles y sanciones al ejercicio del derecho a expresar opiniones y a disentir libremente.
En aquél momento manifestamos:
¨Desde la Red de Sociedades Científicas Médicas, asumimos y asumiremos nuestro compromiso con la sociedad y el país participando solidariamente en la vida poliìtica y civil, en contacto con las comunidades y otras organizaciones sociales¨.
¨Las orientaciones y recomendaciones de nuestra Institución destinadas a hacer efectivo el Derecho a la Salud, a promover la salud de la población, la promoción de conductas saludables, la prevencioìn de enfermedades, la asistencia de las personas enfermas y su rehabilitación se verán obstaculizadas por la aprobacioìn de las recientes reformas a las leyes de telecomunicaciones y la aplicacioìn de restricciones a las tecnologías de la informacioìn, disposicioìn eìsta igualmente inquietante, ya que puede conducir a la imposicioìn de restricciones a la libertad de expresión e información¨.
Ante este nuevo atropello que pretende aplicar censura a la información sobre temas vitales para la salud de las personas, manifestamos nuestra voluntad de seguir difundiendo con extrema responsabilidad y prudencia, información de fuentes oficiales y creíbles, debidamente fundamentadas en pruebas y evidencias. Así mismo, amparados en las disposiciones constitucionales y en el Reglamento Sanitario Internacional -que es ley dela República-utilizaremos información proveniente de fuentes no convencionales u oficiales, suficientemente contrastadas, información vital que garantiza la participación de los ciudadanos en la prevención de enfermedades y contribuye de manera importante a la vigilancia y control de las amenazas para la salud colectiva, cuya responsabilidad principal es del Ejecutivo Nacional y este incumple con su obligación constitucional de informar oportuna y verazmente.
José Félix Oletta L.
Ana C. Carvajal
Saúl O. Peña
(Red de Sociedades Científicas Médicas, 25.03.12)
