Los organismos del Estado venezolano implementaron los mecanismos necesarios para tratar de preservar la vida del productor agropecuario, Franklin Brito, quien falleció en la noche de este lunes en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar de Caracas, Carlos Arvelo, a consecuencia de su deterioro físico por un prolongado ayuno voluntario.
El ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, aseguró este lunes en un programa de radio que Brito contó en todo momento con el apoyo del Gobierno Bolivariano y aclaró que nunca se planteó la expropiación a los predios del hoy fallecido productor, tal como lo habían querido hacer ver los medios de comunicación privados.
De hecho, Loyo visitó recientemente a Brito en el Hospital Militar, en atención a una solicitud de sus familiares.
El encuentro se hizo sin “ningún tipo de estridencia periodística, con espíritu de ver, una vez más, como podemos ayudar por razón humanitaria”, sostuvo el ministro.
Loyo consideró además que Brito había sido “utilizado en su buena voluntad” para fines políticos por parte de sectores opositores y eso había “llegado a poner en riesgo su vida”.
Brito se encontraba en estado de inconsciencia, debido al coma inducido que los médicos se vieron obligados a practicarle el pasado viernes por una grave deficiencia respiratoria. Además, presentaba una infección generalizada, pulmonía y severos daños en órganos vitales como el hígado y el riñón.
Pese a haber recibido respuesta del Estado todas las veces que lo exigió, los familiares respaldaron el peligroso ayuno voluntario de Brito y acusaron al Gobierno Nacional de “obligarlo” a preservar su vida.
Un Estado preocupado por la salud Brito
“Nunca había visto a un Estado tan preocupado por la defensa de los derechos de un solo hombre como ha sido con el caso de Franklin Brito”, fue la consideración que hizo el coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, Alfredo Missair, a su salida de una reunión convocada en el mes de junio por el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Elías Jaua, y el canciller venezolano, Nicolás Maduro, para dar a conocer la situación del productor agropecuario.
Missair indicó que el gobierno venezolano les dio “dio amplitud y libertad de hacer cualquier tipo de preguntas” durante el encuentro al que asistieron representantes de diversos organismos internaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), Cruz Roja Internacional, Media Luna Roja Internacional, Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS).
«Nos dieron detalles de los distintos hechos sucedidos con este caso, y luego las medidas que fueron tomadas por el gobierno en cuanto a las demandas del señor Brito y las repuestas que dio para compensarlas», enfatizó Missair, quien además señaló que el estado de salud del productor correspondía al de una persona que realiza un ayuno voluntario.
El representante de la ONU reconoció que las decisiones que había tomado el gobierno para garantizar la vida de Brito habían sido las mejores.
El Estado «está usando todos los medios tecnológicos que tiene para respetar la vida del señor Brito, y está velando porque él se mantenga de la mejor manera y que su vida no corra riesgo», puntualizó.
Brito recibió respuesta del Estado
Brito -a quien el Gobierno Bolivariano entregó la titularidad de 290,20 hectáreas de tierras productivas del fundo La Iguaraya, ubicado en el estado Bolívar- inició una huelga de hambre en 2003 para denunciar la supuesta invasión de sus terrenos, cuestión que fue descartada tras una inspección practicada por las autoridades competentes.
En 2005, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) ratificó la propiedad privada de Brito al otorgarle el registro agrario correspondiente y verificó nuevamente que no existiera solapamiento alguno con los documentos de sus vecinos.
No obstante, Brito apeló ante las instancias judiciales pero su requerimiento fue declarado sin lugar al comprobarse que el demandante disfrutaba de las garantías de propiedad de sus tierras.
La respuesta del productor agropecuario a la decisión de la justicia venezolana fue mutilarse un dedo ante las cámaras de televisión.
Al año siguiente, Brito apeló ante un juzgado superior pero su recurso fue declarado inadmisible. Se designó al Presidente del Inti para que atendiera el caso y al poco tiempo se le abrieron nuevos caminos de acceso a su finca para evitar las disputas con los vecinos, y se acordó el mejoramiento de cercas, alcantarillado, entre otros beneficios a las tierras de su propiedad.
En 2007, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conoce el caso y comprueba que “no existían los elementos alegados por el ciudadano (…) en cuanto al solapamiento de tierras y violación de propiedad”.
En 2008, ante una nueva huelga de hambre y la inminencia de su muerte, el gobierno bolivariano envía al presidente del INTI a prestarle asistencia a Brito para atender el llamado de revocatoria a los títulos de propiedad a sus vecinos.
Ese mismo año el Gobierno Bolivariano decidió otorgar de manera gratuita un tractor y una rastra, reparó su vehículo, donó insumos agrícolas y deforestó 40 hectáreas de sus tierras.
Sin embargo, aunque el Estado venezolano había atendido a todas sus solicitudes, en agosto de 2009, Brito inició su tercer ayuno voluntario a las puertas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En diciembre de 2009, bajo mediación del Gobierno Bolivariano y por razón humanitaria se le revocaron las cartas agrarias a los vecinos de Brito pero éste decidió continuar el ayuno, fue entonces cuando el Ministerio Público ordenó su traslado al Hospital Militar, con una medida de amparo para tratar de proteger su vida. (Agencia Venezolana de Noticias, 31.08.10, http://www.avn.info.ve/node/14534)
