La población mundial está expuesta a graves consecuencias por la ocurrencia de fenómenos naturales: intensas lluvias, huracanes, terremotos, entre otros. Se afirma que producto del cambio climático, los desastres causados por acciones de la naturaleza han aumentado en los últimos tiempos. Y el resultado es mayor tragedia. Por lo tanto, se han incrementado los riesgos, no sólo para los humanos sino también para la flora y la fauna con efectos negativos además para la economía y el desarrollo social.
Los gobiernos y los ciudadanos parecen haber tomado más conciencia de esta situación y en tal sentido se vienen adoptando convenciones internacionales, acuerdos, políticas y medidas. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático es un ejemplo.
La experiencia internacional ha demostrado que cuando un Estado actúa correctamente puede minimizar al máximo las consecuencias negativas de tales fenómenos. Educar a la población de manera masiva y constante sobre cómo actuar frente a un terremoto disminuye el número de víctimas. A ello también contribuye si se adoptan normas para que las construcciones cumplan exigencias básicas y se realiza una supervisión efectiva para que las cumplan. Especialmente, si desarrolla una política de construcción de viviendas y hábitat con metas establecidas a corto, mediano y largo plazo para la satisfacción del derecho a todas las personas sin casa.
En el deslave de Vargas, en 1999, quedó evidenciada la responsabilidad humana por haber realizado construcciones en el cauce de ríos y porque las instituciones gubernamentales no habían embaulado muchas quebradas. La tragedia causada por las lluvias el año pasado reafirmó esas deficiencias y errores. Las dos tragedias y otras en el país también han evidenciado que son los pobres lo más afectados. Desde el año 2007 el gobierno conoce la existencia de más de 800.000 familias en situación de riesgo, cuyas viviendas necesitan ser reubicadas en zonas seguras.
Un Estado responsable, dispuesto a garantizar la vida y la integridad a sus habitantes, asume políticas de corto, mediano y largo plazo para disminuir los factores de riesgo y por lo tanto las consecuencias de la acción de las fuerzas naturales. La responsabilidad por mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático no es solamente, como algunos piensan, una responsabilidad de los llamados “países desarrollados”. A diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, la mayor proporción de emisiones de América Latina no proviene del sector energía sino del conjunto agricultura, cambios en el uso de la tierra y silvicultura. Las actividades agrícolas y silvicultura sumadas son responsables del 31por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). En América Latina esta proporción alcanza el 63 por ciento, dando cuenta de la importancia de estos sectores en la matriz de emisiones de la región. Por otra parte, la contribución de la región al total de emisiones globales de CO2 es un 3,11 por ciento. El mayor contribuyente de la región es Brasil, que se ubica en el lugar 17 en el rango mundial. Si se consideran las emisiones por habitante, el mayor contribuyente es Venezuela, que se ubica en el puesto 55 del rango mundial.
En América Latina, por ejemplo, hay países que han elaborado planes de largo plazo y creado instituciones para enfrentar el fenómeno del cambio climático. Planes para la adaptación y mitigación de riesgos. Se definen metas, se asignan presupuestos y designan responsabilidades a instituciones estableciendo mecanismos de coordinación. En el año 2000 Brasil creó el Foro para el Cambio Climático. Lo integran 12 ministros que diseñan y ejecutan políticas públicas. Tiene una base de datos sobre cambio climático, promueve procesos educativos en escuelas e incorpora al sector privado a colaborar en el proceso. Perú creó la Comisión Nacional de Cambio Climático integrada por instituciones de la administración central, de las regiones, representantes de la academia y de la sociedad civil. El Reino Unido promulgó en 2009 una Ley sobre Cambio Climático con metas precisas. Esas experiencias pueden ayudar al Gobierno venezolano a mejorar las políticas y salvar más vidas. La prevención es una obligación más en derechos humanos.
Al conocer el fenómeno del Cambio Climático, es una responsabilidad estatal el tomar todas las previsiones y realizar la planificación adecuada para reubicar a todas las familias en situación de riesgo, antes que una nueva temporada de lluvias deje los saldos penosos de diciembre pasado, cuando cien mil familias quedaron damnificadas y 40 personas perdieron la vida como consecuencia de las precipitaciones. Esta debería ser una de las prioridades de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
14.11.11 Correo del Caroní
