Al desahuciar a familias beneficiarias de viviendas en el marco del llamado “Operativo de Liberación del Pueblo” (OLP) cuyo uno de sus integrantes esté involucrado en la comisión de delitos, el presidente Nicolás Maduro vulnera el derecho a la vivienda digna, los estándares internacionales de protección a las familias, personas de la tercera edad, niños, niñas y adolescentes y el propio régimen de propiedad que el presidente Hugo Chávez promovió para la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).

Como se recordará el pasado 27.07.15 el presidente Nicolás Maduro declaró a los medios de comunicación: “En la Ley Habilitante voy a apretar duro, pero muy duro la tuerca, y aquel que utilice su casa de la Misión Vivienda para atracar, para bachaquear o para narcotráfico ya se las voy a quitar como se las estoy quitando”. Luego de un mes de ejecución de la OLP el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz reveló que 245 viviendas de la GMVV habían sido expropiadas, bajo la denominación de “recuperación”.

La orden del presidente Maduro es ilegal, inconstitucional y vulnera los principios internacionales del derecho a la justicia y del derecho a una vivienda digna. Los estándares sobre el derecho a la justicia establecen que los castigos no deben trascender a la persona señalada de haber cometido un delito. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado la extensión de sanciones, específicamente la confiscación de bienes, que extiendan la sanción a la familia del imputado. La Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 5 numeral 3: “La pena no puede trascender de la persona del delincuente”.

El artículo 9 de la Ley de Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), promovido y sancionado por el presidente Hugo Chávez mediante el decreto 8.143, de fecha 6 de abril de 2011, establecía como “familiar” el tipo de propiedad de las casas de esta política pública. Esto quiere decir que fueron unidades familiares y no personas las que fueron beneficiadas. La decisión de Nicolás Maduro vulnera esta situación al castigar a las familias por los delitos cometidos por alguno de sus integrantes. Además, el desahucio de cientos de familias beneficiarias de GMVV se ha realizado sin respetar los procedimientos establecidos en la legislación nacional y vulnerando el derecho a la defensa y el debido proceso de las personas señaladas como presuntos delincuentes.

Este principio de proteger al núcleo familiar, especialmente a sus miembros más vulnerables, como las personas de tercera edad o los niños, niñas y adolescentes, está presente en diferentes normativas internacionales de derechos humanos. La arbitrariedad de la decisión es posible por la inseguridad jurídica que rodea las adjudicaciones de la GMVV, pues las familias no cuentan con el título de propiedad que las acrediten como dueñas legítimas del sitio que habitan, y con ello contar con el grado de seguridad jurídica necesario para no ser víctimas de un desalojo forzoso.

Provea solicita a las autoridades detener la práctica de los desalojos y desahucios en el marco de la OLP, individualizando las responsabilidades por la presunta comisión de delitos y no afectando con las decisiones a terceros o a miembros del grupo familiar. Asimismo, detener la práctica de los allanamientos sin orden judicial, denuncia reiterada durante el último mes, e investigar y sancionar a los funcionarios policiales señalados por hurto y robo dentro de las viviendas vulneradas por la OLP. (Prensa Provea, 14.08.2015)

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