Desde el inicio del llamado “Operativo de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), Provea ha expresado que cualquier iniciativa en materia de seguridad ciudadana debe respetar los derechos humanos. En este sentido, informamos sobre nuestras preocupaciones sobre los resultados del primer operativo realizado en la ciudad de Caracas, en la Cota 905, sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones indiscriminadas, allanamientos sin orden judicial así como de robos y hurtos a las viviendas por parte de los funcionarios policiales.
Las acciones posteriores del OLP en la capital se han focalizado en inmuebles de la Gran Misión Vivienda (GMVV), donde algunas situaciones denunciadas parecieran haberse corregido. Provea seguirá monitoreando la situación y contactando a los habitantes de las comunidades para canalizar y visibilizar cualquier denuncia sobre abuso policial. Sin embargo, persiste la tendencia de criminalizar la nacionalidad colombiana para legitimar las actuaciones policiales, recurso xenofóbico que fue objeto de duras críticas en el pasado por algunos de los funcionarios hoy en el alto gobierno.
No obstante, la focalización de los operativos OLPs en los inmuebles de la GMVV revela, por otra parte, las debilidades e insuficiencias de la principal política pública en hábitat y vivienda. Hay que recordar que el concepto de la GMVV prometía superar el énfasis reduccionista de las políticas habitacionales del pasado, transformando las condiciones de vida y el propio hábitat de las familias beneficiadas bajo la consigna del “vivir viviendo”. Hoy, el énfasis dado por los operativos policiales en urbanismos de reciente data sugiere que lejos de convertirse en una referencia del “buen vivir”, los edificios de la GMVV se han convertido en parte de los problemas del país.
A juicio de Provea esta situación es consecuencia del débil acompañamiento institucional a las familias beneficiarias; la ausencia de garantías jurídicas que los protejan contra desalojos, la tenencia de los títulos de propiedad; la débil fiscalización que ha permitido diferentes irregularidades y la rápida descomposición de los organismos de participación dentro de la GMVV tutelados por el gobierno, que al no surgir por la libre iniciativa de las comunidades sino de manera artificial y por decreto, se han utilizado para otros fines. A estas situaciones hay que agregar la ausencia de transparencia que ha caracterizado la ejecución de la GMVV, que ha afectado especialmente tanto a las familias adjudicadas como aquellas que esperan ser beneficiadas por esta política pública. Si la información sobre los procesos de adjudicación, los núcleos familiares beneficiados, los mecanismos de pago de las viviendas y de disfrute de seguridad jurídica de la tenencia, los contratistas del sector público y los procesos de participación fueran de acceso público, muchas de las situaciones irregulares hoy evidenciadas por la actuación de las OLP se hubieran minimizado.
El hecho que el OLP se esté realizando particularmente en los edificios de la GMVV sugiere que las expectativas de haberse convertido en núcleos de la construcción de un nuevo modelo de ciudadanía no se cumplieron.
Por último Provea rechaza las declaraciones del presidente Maduro acerca de la confiscación de la vivienda al núcleo familiar en caso que uno de sus miembros esté cometiendo delitos: “aquel que utilice su casa de la Misión Vivienda para atracar, para bachaquear o para narcotráfico ya se las voy a quitar”. Las responsabilidades de los delitos deben individualizarse y no se puede criminalizar a todo el núcleo familiar, donde hay diferentes normativas que protegen a las personas de tercera edad o a los niños, niñas y adolescentes en su derecho a contar con un techo propio para el desarrollo de su personalidad.
