Continúan sin techos. Beneficiarios de la Misión Vivienda en el sector Casco Viejo de El Tigre, cerraron la avenida Ricaurte del municipio Simón Rodríguez, para protestar por retrasos e irregularidades en el programa social.

Adicionalmente, la representante comunal señaló que las estructuras que han sido supervisadas por el consejo comunal, presentan grietas en algunos casos, así como el levantamiento del piso
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Daimarys Maita, quien resultó seleccionada para recibir una casa, señaló que desde las 7:00 de la mañana de este lunes, cerraron la referida vía con el fin de ejercer presión a las autoridades competentes y así acelerar el proceso de construcción.

Dijo la fuente que ya suman «muchos meses esperando», asegurando además que en su caso debieron pagar de su bolsillo para que obreros pegaran algunos bloques y aceleraran el proceso.

Igualmente denunció que las personas que deben trabajar en el levantamiento de las casas no cumplen con su labor, y en muchas oportunidades los beneficiarios deben proporcionales comida, o de lo contrario se niegan a construir.

Yulimar Guerrero, vocera del comité de Tierras del sector Casco Viejo, detalló que en la zona deben construirse 24 casas, y en un período de seis meses ni siquiera una ha sido entregada por las autoridades competentes.

Adicionalmente, la representante comunal señaló que las estructuras que han sido supervisadas por el consejo comunal, presentan grietas en algunos casos, así como el levantamiento del piso.

Resaltó la entrevistada que los beneficiarios de la Misión Vivienda «viven arrimados, e inclusive una vecina que tiene un hijo discapacitado anda dando tumbos».

Aseguró Guerrero que cuando fueron tumbados los ranchos donde vivían las personas, les prometieron que en un mes serían terminadas las casas, posteriormente extendieron el plazo para «luego de las elecciones» y aún continúan esperando.

A juicio de la mujer, estas acciones se deben a que desde el gobierno nacional bajan los recursos correspondientes, pero los encargados de Misión Vivienda en la zona no le han dado el uso adecuado a los mismos.

Bricelis Velázquez, otra de las protestantes, aseguró que desde hace seis meses vive alquilada en un espacio que le cuesta 400 bolívares mensuales, resaltando que actualmente le está pidiendo que desaloje porque en primera instancia el contrato era sólo de un mes, el tiempo que les llevaría levantar la nueva casa.

Por su parte Luis Maita, también beneficiario, manifestó que deben pagar para que les sean conectadas las aguas negras.

No obstante, se conoció que a las 11 de la mañana se levantó la protesta, bajo el acuerdo de una reunión para este miércoles en horas de la mañana en las instalaciones de la casa comunal del sector Casco Viejo, donde las partes involucradas estudiaran la posibilidad de cambiar al personal de las cuadrillas o que estos retomen sus labores luego de tener un mes paralizados. (Mundo Oriental, 23.10.12)

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