Como todos los días, revisó la prensa regional durante las primeras horas de la mañana. Tan pronto comenzó a leer los diarios de Bolívar, algo llamó su atención: varias familias quedaron en la calle luego de que sus viviendas, en el sector Las Luces, de Puerto Ordaz, fueron demolidas.
Rafael Uzcátegui, coordinador del área de Investigaciones del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), identificó, enseguida, no pocas violaciones a los derechos humanos establecidos en el Pacto de San José claramente reflejadas en ese caso.
Imbuido en temas como el de la demolición de esas casas, Uzcátegui especificó, vía telefónica, que “hay muchos acuerdos en esa materia que han sido suscritos por el Estado venezolano, uno de los más famosos es el de San José, donde están todos los derechos económicos, sociales y culturales. La ONU tiene comités que interpretan el pacto y emiten una serie de recomendaciones, y sobre el desalojo forzoso hay varias de ellas”, expuso.
Lo primero que destaca el investigador acerca de las recomendaciones sobre los desalojos es que éstos deben ser, palabras textuales, “la última instancia” ante la ausencia de soluciones en los casos como el de los vecinos de Las Luces, ubicado a escasos metros de Colinas de Unare.
“El comité es enfático al señalar que las personas deben gozar de la seguridad jurídica en cuanto a tenencias, y que ésta les permita actuar en casos de desalojos forzosos: una cosa es el desalojo por diferencias entre inquilinos y dueños, y otra (que es lo que nos parece que sucedió allí), que se trate de un desalojo por la presencia en terrenos riesgosos”.
Autocríticas
Más allá de las consideraciones que pudo emitir acerca del desalojo en Las Luces, Uzcátegui prefirió exponer sus puntos de vista acerca de la realidad que padecen miles de familias en Venezuela para adquirir una vivienda propia.
“Es bien significativo el hecho de que, después de abandonar el Ministerio de Vivienda, Francisco Sesto hizo un diagnóstico bastante autocrítico acerca de su gestión, y algo que dijo (y que nosotros hemos reforzado a través del informe anual de la organización) fue que las ocupaciones de terrenos son la consecuencia de un problema al que el Estado no ha dado una respuesta satisfactoria. Ese problema es difícil para la familia, pero es consecuencia de un problema estructural mayor que es la alta deuda del Estado con el derecho a la vivienda”, expuso.
¿Un panorama para los próximos meses respecto del tema de la vivienda en Venezuela? Uzcátegui es muy honesto al emitir un pronunciamiento, aunque éste no sea del todo alentador, especialmente para quienes padecen esa situación.
“Todas las tendencias indican que este año se van a construir muchísimas menos casas, porque la fragilidad institucional ha permanecido. En el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda se retomó la antigua estructura, y todo ese reajuste ha sido parte de todo el drama de la falta de respuestas del Estado en materia de vivienda”, avizoró.
Consideraciones del problema
– Las peticiones de viviendas están entre las cinco causas de protestas en Venezuela.
– El derribo de casa, como medida punitiva, es incompatible con el derecho a la vivienda.
– Las especificaciones acerca del derecho a una edificación se encuentran establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Marcos Valverde, Correo del Caroní, 29.07.10)
