«Mis hijos tendían las redes y al amanecer recogían lisas o corvinas para vender a restaurancitos en Puerto Caballo. Dejaron de hacerlo hace meses, porque lo que conseguían eran redes ennegrecidas y dañadas», dijo a IPS Adelso Silva, viejo pescador del poblado Santa Cruz de Mara, vecino a Maracaibo, capital del estado de Zulia.
En el noroeste de Venezuela, las costas y el lecho del lago de Maracaibo, el más grande de América del Sur, con 12.800 kilómetros cuadrados de superficie y 245.000 millones de metros cúbicos de agua, han sido objeto de una intensa explotación petrolera desde la segunda década del siglo XX.
Según Ricardo Coronado y Ramiro Ramírez, directores del grupo estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en el lago hay 6.000 pozos activos, que producen 700.000 barriles de 159 litros de crudo al día y están conectados por unos 45.000 kilómetros de tuberías, un gigantesco y sumergido «spaghetti» metálico. También hay unos 4.000 pozos inactivos.
Siempre hubo fugas de petróleo o gas desde esa gigantesca red de tuberías, según concuerdan fuentes de la industria, ambientalistas y habitantes de la región, pero desde mayo aumentaron las manchas y la afectación de los usuarios del lago.
«Cada vez se hace más difícil sacar un pescado que no esté manchado. Hace 15 años recogía hasta 90 kilogramos de pescado en un día: ahora, si acaso, 10», sostuvo Javier Araujo, un pescador de Cabimas, la principal ciudad de la costa oriental del lago y quien dedica las tardes a limpiar con gasolina las redes que se ennegrecen con el crudo.
«Unos 13.000 pescadores son los más perjudicados por este desastre presente en ocho por ciento de la superficie del lago, pero se afecta toda nuestra relación de vida con ese cuerpo de aguas e incluso merma la producción petrolera», dijo a IPS Eliseo Fermín, un opositor al gobierno nacional que preside la legislatura del estado de Zulia.
Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, negó tal desastre: «Es un problema crónico. No hay derrame, son fugas, y las fugas que tenemos en el lago no sobrepasan los ocho barriles diarios. Lo excepcional es que esta situación, que ha sido permanente, ahora la sacan a la palestra».
En los últimos meses, «hemos reparado un promedio de 117 fugas semanales» bajo la superficie del lago y unos 3.000 pescadores han sido contratados por Pdvsa para ayudar en labores de recolección y limpieza, reconoció el funcionario.
«Recogen chatarra y basura, pero también bastante crudo. Algunos días he visto que el petróleo que traen es tanto que cargan unos camiones y lo llevan a los depósitos de Pdvsa», sostuvo el pescador Silva.
«Es un trabajo duro, al día pagan 100 bolívares (23 dólares al cambio oficial), pero sin otras bonificaciones, y Pdvsa prefiere a pescadores, lancheros o vecinos que sean del (gobernante) PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela)», afirmó.
Fermín observó que los pescadores «no tienen la pericia, la experiencia ni los equipos adecuados para recoger petróleo derramado y limpiar manglares y humedales que son criaderos de peces, camarones o cangrejos».
«El daño y sus causas persisten si se derrama un barril o se derraman 100. Y el problema tiene una palabra clave: mantenimiento», dijo a IPS el ingeniero Diego González, quien trabajó 38 años en la industria y es docente de postgrados en hidrocarburos en varias universidades de Caracas.
«Siempre hubo fugas o derrames en el lago, como un problema asociado a la producción, pero las compañías operadoras se movilizaban inmediatamente para reparar esas fallas. Eso ha dejado de ocurrir», aseguró.
Según el académico, «en el pasado, Pdvsa y otras operadoras reconocían las faltas y pagaban indemnización a los pescadores. Ahora han dejado de pagar».
«Reconocer 117 reparaciones semanales da idea de la cantidad de fugas admitidas por Ramírez sólo 22 días después de nuestras denuncias. Lo que hay es improvisación y descuido para atender tuberías con 50 años o más de envejecimiento», dijo a IPS Gustavo Carrasquel, de la organización ecologista zuliana Azul Ambientalistas.
Para Fermín, «el problema está íntimamente asociado a la expropiación, confiscación más bien, de docenas de empresas contratistas (ordenada por el presidente Hugo Chávez hace un año y medio) que eran las que hacían mantenimiento y reparaciones a las instalaciones en el lago, y que a órdenes de Pdvsa han dejado de funcionar».
«Hace pocos años cada día zarpaban a vigilar las instalaciones 135 lanchas. Ahora son sólo entre 15 y 17. Desde 2003, cuando los empleados petroleros fracasaron con una huelga para presionar por la renuncia de Chávez, se han prohibido los sobrevuelos en el lago, los helicópteros no pueden vigilar», aseveró Fermín.
Pdvsa «no hace el mantenimiento que antes hacían las (empresas) contratistas, y un problema ordinario en la industria da paso a una situación extraordinaria de polución, caída de la producción y pérdida de fuente de ingreso para miles de personas», coincidió González.
«A las fugas de petróleo se suman las de gas, y el tosco cierre de esos escapes se traduce en pérdida de presión sobre los pozos, que así se extinguen más rápido, merma la producción y bajan los ingresos actuales y potenciales del país», destacó Fermín.
Para Carrasquel, «la contaminación petrolera es apenas una de las plagas sobre el lago».
«Otras son el dragado del canal de navegación que lo conecta con el Golfo de Venezuela y el mar Caribe, con la consiguiente salinización, los fosfatos provenientes de fertilizantes e insecticidas que usa la explotación agropecuaria al sur, y las aguas residuales que llegan desde las ciudades en la costa oriental», puntualizó.
«Lo primero que debería hacer el Estado es no impedir que actuemos organizaciones no gubernamentales. Luego, reconocer el problema, elaborar con muchas consultas un plan para su manejo y deslindar y definir bien si queremos sacrificar el lago por la producción de combustibles fósiles o viceversa», sentenció Carrasquel.
