Los profesores del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Metropolitana hacen pública su posición frente a la decisión gubernamental de eliminar el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, debilitando su jerarquía al subordinarlo al recientemente creado Ministerio de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo.
Desde hace varias décadas, la gestión ambiental pública venezolana ha sido un modelo a escala internacional, marcando pauta con la creación del primer Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en América Latina en 1976.
Su enfoque inicial, primordialmente orientado al manejo del recurso hídrico, fue profundizando su acción en ámbitos tan relevantes como la ordenación territorial ambiental, que permite ubicar dentro del espacio geográfico las zonas idóneas para cada actividad económica, generando una poderosa herramienta para la planificación del desarrollo sustentable.
De igual manera, la atención a la conservación ambiental, la gestión de la biodiversidad, la protección del paisaje, entre otras importantes áreas estratégicas, obtuvieron un gran impulso gracias a la formación, mística y compromiso de sus técnicos, tanto en el Ministerio del Ambiente como en entes descentralizados tales como el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), el Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Maracaibo (ICLAM), el Instituto Geográfico Simón Bolivar (IGSB), la Compañía Anónima Hidrológica de Venezuela (HIDROVEN) y sus organismos adscritos, entre otros.
Hoy en día la conservación del ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales son aspectos de importancia estratégica para todos los países del mundo y, problemas como la disponibilidad de agua para consumo humano, la desertificación, la acelerada pérdida de biodiversidad y las catástrofes atribuibles al cambio climático, son temas prioritarios en todas las agendas, lo cual reclama una instancia al mayor nivel técnico y político dentro de los gobiernos, que vele por la incorporación y respeto de la variable ambiental como eje transversal del desarrollo en todas sus dimensiones.
Venezuela no escapa de la situación mundial y actualmente su problemática ambiental es diversa y muy compleja: Deforestación, manejo inadecuado de residuos y desechos, contaminación de suelos, aguas y aire, desarrollos habitacionales e industriales en zonas no aptas (incluso en Parques Nacionales), pérdida de biodiversidad, entre otros. Estos son sólo algunos de los temas que reclaman atención inmediata, dados los compromisos éticos, ambientales y jurídicos de la República.
Frente a los grandes compromisos nacionales e internacionales en la materia, los ciudadanos reclamamos acciones que resuelvan los problemas ambientales y mejoren la calidad de vida de las poblaciones humanas, en armonía con el resto de los seres vivos. Por ello, la eliminación del Ministerio del Ambiente es a todas luces desacertada, en particular por contravenir el principio internacional de no regresión ambiental, que alerta ante los posibles riesgos de retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad en un país, a fin de evitar la supresión normativa o la reducción de sus exigencias por intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental, ya que en muchas ocasiones, dichas regresiones pueden llegar a tener como consecuencias daños ambientales irreversibles o de difícil reparación.
Otro asunto de índole política y legal que causa preocupación tras la creación del nuevo ministerio es lo referente al «ecosocialismo». A diferencia del ambiente, que tiene existencia física y por lo tanto puede categorizarse, medirse y gestionarse, el ecosocialismo no aparece en los preceptos de la Constitución Bolivariana. Por lo tanto, esta decisión introduce cambios conceptuales que podrán acarrear consecuencias trascendentes en muchas esferas técnicas, políticas y jurídicas.
Si bien las normas ambientales y los preceptos constitucionales en materia ambiental siguen vigentes, esta decisión suprime y debilita en la práctica a la Autoridad Nacional Ambiental, con lo se estaría enviando un mensaje distinto y confuso a la comunidad nacional e internacional, en cuanto a la importancia que el ejecutivo otorga a los principios constitucionales de protección y disfrute de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.
Es importante precisar que reconocemos las oportunidades de mejora en el funcionamiento del Ministerio del Ambiente y sus organismos adscritos, cuya gestión es necesaria fortalecer. Sin embargo, como expertos ambientales estamos convencidos que su mejoramiento institucional jamás puede ir por la vía de su eliminación, y mucho menos con la subordinación ante el ente oficial responsable de la construcción de viviendas y del desarrollo urbano, lo cual augura un cambio radical de lo que deberían ser las políticas públicas ambientales del país, conducentes al manejo de nuestro patrimonio natural de manera sustentable.
Uniéndonos a las numerosas organizaciones nacionales e internacionales, comunidades organizadas y personalidades pertenecientes a todo el espectro político que han manifestado su rechazo a esta decisión, hacemos un llamado a la reflexión a las autoridades nacionales, y les instamos a revertir esta decisión, dando un ejemplo de reconsideración estratégica, por el bien de nuestro país, noveno en el mundo en mayor biodiversidad, décimo tercero en producción de agua dulce, con extraordinarios recursos naturales aprovechables y con un enorme potencial para producir energías renovables que asegurarían su autonomía, entra tantas otras bondades.
El bienestar y el futuro de nuestro país y de sus habitantes dependen en forma directa de la calidad y salud de su ambiente y sus recursos naturales. Su conservación es condición indispensable para alcanzar el desarrollo sustentable, lo cual a su vez es un mandato expreso de nuestra Constitución, para el beneficio de la presente y futuras generaciones. (Departamento de Estudios Ambientales de la UNIMET, 11.09.2014)
