Desde el sector privado se ha denunciado desde hace años el aumento del «cerco» y la «penalización» de la actividad empresarial por parte del Gobierno nacional a través de diversas leyes.
El abogado Gregory Odreman afirmó que la Ley Penal del Ambiente, aprobada en mayo pasado, es uno de esos instrumentos. «Hay que tener mucho cuidado con esta ley», afirmó Odreman en un foro realizado por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
El jurista explicó que el texto legal contiene hasta 78 normas referidas a sanciones penales y que también supondrá enormes costos económicos para las empresas.
«Una de las consecuencias de esta ley es que le encarece las operaciones a las empresas porque tienen que ser muy cuidadosas».
Por tal motivo, el abogado instó a las empresas a «adecuarse» y a realizar una «auditoría penal ambiental» para evitar cometer posibles delitos ambientales.
De acuerdo a cálculos realizados por los industriales las multas establecidas en la ley se incrementan hasta en 779% con respecto al texto legal precedente, que data de 1992. En efecto, en el caso de que una empresa incurra en «descargas ilícitas al medio marino, fluvial, lacustre o costero» deberá cancelar 180 mil bolívares de multa y en la antigua ley la sanción era de poco más de 20 mil bolívares.
Ese no es el único ejemplo. En el caso de «vertido de materiales degradantes en cuerpos de agua» el incremento de la sanción llega hasta 340%, según los cálculos realizados por los industriales.
«Se ha aumentado el grado de sanciones y de consecuencias jurídicas que adversan la actividad empresarial en términos muy pocos racionales», aseguró el abogado Fernando Fernández, de la firma Baker & McKenzie.
Fernández señaló que una sanción puede llegar hasta la «disolución de la persona jurídica» en caso de un delito ambiental. «Esto es muy grave y habría que preguntarse si el delito ambiental es atribuible a una empresa del Estado, ¿se va a disolver la persona jurídica? Eso no tiene el menor sentido».
El abogado señaló que las compañías deben tener políticas ambientales «muy severas para evitar este riesgo penal». Agregó que otro vicio es que se amplió el concepto de «responsabilidad solidaria» que hace responsable a una empresa por el delito ambiental que cometa una contratista.
La Ley Penal del Ambiente fue reformada en mayo pasado y está en plena vigencia desde agosto.(Noticias Yaracuy;19.09.2012)
