paujiLaboratorio de Paz elaboró un informe ejecutivo sobre el impacto del extractivismo en Venezuela con el propósito de entregarlo este 29.10.2014 al Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Reunión y Asociación Pacíficas, Maina Kiai, y a otras instancias del Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos, organizaciones regionales y defensores de los derechos indígenas y ambientales.

Venezuela es el país de América Latina con mayores reservas de petróleo y gas. Además cuenta con otros recursos energéticos y minerales como carbón, aluminio, hierro, bauxita, fosfato, cobre, coltán, oro y diamantes. La importancia de la exportación de estos recursos es vital para la economía del país. Por ejemplo, para el año 2015, los ingresos por concepto de venta de petróleo representaran el 16,7% del total del presupuesto nacional.

Las actividades de exploración y comercialización de recursos minerales y energéticos son realizadas por el Estado venezolano. En el caso de petróleo y gas coordinados por la compañía Petróleos de Pdvsa (PDVSA), que según su sitio web es la cuarta empresa a nivel mundial y la primera a nivel latinoamericano. PDVSA se asocia con otras empresas energéticas (por ejemplo Chevron Repsol, ENI) para la explotación de los diferentes yacimientos a través de una modalidad de negocios denominada “empresas mixtas”, donde el Estado conserva la mayoría accionaria de, por lo menos, el 51%.

El informe elaborado por Laboratorio de Paz destaca que la explotación de nuevos yacimientos y la conformación de empresas mixtas se ha realizado sin tomar en cuenta lo establecido en la Constitución Nacional, toda vez que no se ha cumplido con el artículo 129 de la Carta Magna que obliga realizar y difundir los estudios de impacto ambiental para medir el grado afectación de estas actividades susceptibles de causar daños en el medio ambiente. De igual manera, tampoco se han realizado los procesos de consulta previa, libre e informada, a los pueblos y comunidades indígenas afectadas por estas actividades de acuerdo al artículo 120 de la CRBV.  Otro derecho afectado por la economía extractivista ha sido la demarcación y entrega de títulos colectivos de tierras indígenas, garantizado en el artículo 119 de la Carta Magna.

El informe también resalta el debilitamiento institucional del Ministerio de Ambiente, señalando que la decisión del Ejecutivo Nacional de eliminar el Ministerio del Ambiente se traduce en menos posibilidades de monitorear y establecer correctivos ante las consecuencias negativas del extractivismo en Venezuela.

El desplazamiento de las organizaciones tradicionales indígenas, es también un aspecto abordado en el trabajo realizado por Laboratorio de Paz. La promoción de los llamados “consejos comunales indígenas” ha sido parte de una estrategia para desplazar a las organizaciones propias y tradicionales de los pueblos indígenas, y para legitimar -mediante estas nuevas figuras- las actividades extractivas en sus territorios.

La militarización de territorios indígenas ha sido una constante empleada por el Ejecutivo Nacional para imponer y desarrollar actividades extractivas en estas comunidades. En el informe, Laboratorio de Paz recoge las principales denuncias de las comunidad es Wayúu en La Guajira venezolana afectadas por la militarización de sus territorios desde el año 2010, quienes señalan que el propósito de la ocupación militar obedece a la intención de imponer la creación de “Pararú”, un puerto de aguas profundas para garantizar la explotación del carbón en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia.

La contaminación por gas en la comunidad indígena de Tascabaña en Anzoátegui; los proyectos de prospección y extracción realizados sin respetar la consulta previa y la participación de las comunidades indígenas; el desarrollo de la minería en áreas protegidas y la presencia de mineros y grupos irregulares en territorios indígenas de la Amazonia venezolana, son otros de los aspectos abordados en el informe presentado por Laboratorio de Paz al Relator Maina Kiai.

Finalmente, entre las recomendaciones y exigencias que Laboratorio de Paz hace al Estado venezolano destacan la necesidad de realizar estudios transparentes de impacto ambiental para medir el grado de contaminación generada por la actividad extractiva en territorios indígenas; avanzar en los procesos de demarcación de territorios indígenas de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional y en la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI); revertir la militarización de los territorios Wayúu en La Guajira venezolana mediante la derogatorio del Decreto que creó el Distrito Militar Nº1 e investigando y sancionando las denuncias de violación al derecho a la vida, integridad personal y libertad personal realizadas por las organizaciones indígenas de La Guajira venezolana; reconocer a las organizaciones sociales, políticas y económicas tradicionales de los pueblos indígenas de acuerdo al artículo 119 de la Constitución Nacional; reconsiderar la decisión de fusionar el Ministerios de Ambiente con el Ministerio de Vivienda y; establecer canales democráticos de participación, sin exclusión por razones políticas o ideológicas, con las organizaciones indígenas del país. (Laboratorio de Paz, 29.10.2014)

 

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