Sigue pasando los días y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no emite una decisión sobre el Amparo Constitucional  que determinará si el juicio de Sabino Romero, Olegario Fernández y Alexander Romero seguirá en tribunales ordinarios o por las leyes indígenas.

Unos indicios que daban esperanza ocurrieron durante le primer día de manifestación. En adelante poco o nada han logrado

La integrante de Homo et Natura , Kelys Amundaray, sostiene “tenemos seis días acá, el primer día sentimos, digo sentimos porque no tengo otra forma de justificar lo que vamos a decir, pero sentimos que esa presencia tuvo un determinado impacto”.

Eso lo miden porque el 19.07 se inició el juicio contra Sabino los tres líderes indígenas y cuando llegaron a las instalaciones del TSJ el 21.07 se emite una orden para suspender el juicio.

Amundaray  “a las 4:00 pm por orden del Tribunal Supremo de Justicia se suspende el juicio, la figura que lo suspende es advenimiento. Nos llaman los abogados y nos dicen que vía advenimiento se ha solicitado todo el expediente completo por fax del caso”

“La acción suspende el juicio en el Zulia y los abogados, en algún momento, consideraron eso una medida positiva (…) explican que cuándo había un advenimiento el tribunal suponía que había irregularidades en el expediente y que debía arquear esa situación”, agrega.

La realidad indicaría que tal medida no fue positiva, primero por la falta de respuesta del TSJ ante la solicitud de Amparo Constitucional realizada por los abogados defensores en febrero de este año y al saber la noticia del traslado de los tres imputados al estado Trujillo.

“Por experiencia como grupo social concluimos, cuando el Estado actúa de ese modo, intenta debilitar el accionar social sobre un determinado caso”, expresó. Para la integrante de Homo et Natura es una forma de debilitar las exigencias, a los familiares y a los acusados.

Sobre el traslado a la base militar Tres Matas, Edo. Trujillo la activista de los derechos de los pueblos indígenas afirma “se termina de violentar los derechos civiles y culturales” de los procesados. Los culturales por estar más lejos de sus familias y en condiciones ajenas a su acervo cultural y los políticos por el no reconocimiento de las leyes indígenas con la privación de libertad.

Para Amundaray el Estado se encuentra en una disyuntiva y así lo explica “tiene miedo de decidir si negará los derechos constitucionales que le ha reconocido a los pueblos indígenas en el artículo 260”. La activista explica que una decisión contraria al mencionado artículo de la Carta Magna demostraría que no quiere cumplir con lo establecido en la constitución.

Ante la tardanza por parte de los organismos competentes Amundaray comenta “nosotros permaneceremos acá, primero porque conocemos este tipo de tácticas dilatorias que permanecen. Es decir, son años y años de reconocer este tipo de medidas para debilitar (…) lo otros es, porque la familia y la comunidad vino hasta acá para obtener una respuesta y creo que el Tribunal Supremo de Justicia debe darla”.

Por otra parte, considera que las autoridades competentes “desconocen”  los efectos negativos en las familias de los tres privados de libertad.

“En cinco meses que no ha salido el pronunciamiento simple, que el Estado reconoce o no, que estos pueblos pueden ser juzgados por sus propias leyes, las mujeres de la familia de Sabino han sido víctimas de violaciones sexuales, de abusos sexuales”. Sobre estos hechos, Amundaray agrega que tanto la Fiscalía como la Defensoría del Pueblo conocen los acontecimientos.

“La dilatación del Tribunal Supremo de Justicia les está quitando el buen vivir, la buena vida. Está atentando contra la tranquilidad, armonía de cada uno de ellos como individuos, familias y como comunidad”, sentenció.

Para la integrante de la ONG “la respuesta del TSJ es miserable, el retardo procesal es miserable. No se justifica”.

En la Sierra de Perijá  ¿Quién vela por esos niños?

Sobre la actuación de las instituciones que deberían velar por sus derechos, Amundaray, les cuestionó su moral. Tomó como ejemplo al Consejo Estadal de Derechos del Niño y del Adolescente (Cedna) que llegó repartiendo compotas, medicinas y pañales y por la negativa de las madres de separase de sus hijos el consejo castigó a las familias la cortar los suministros.

Calificó la actuación del Cedna de “patético”, ante la apariencia descuidada y enfermiza de los niños y niñas presentes, una apreciación cultural explica Amundaray, lo que desconoce ese organismo es que en el tiempo que llevan en la manifestación “han comido más que en toda su vida”.

“En la Sierra de Perijá se mueren a diario niños solo de gripe y allá no está el Cedna (…) tengo registros de familias enteras que han muerto de tubercolosis, de un niño de nueve años que la falta un pulmón por tubercolisis. ¿Quién vela por esos niños allá?”, acotó.

Por último, consideró que aquellas instituciones y organismo gubernamentales que debería velar por sus derechos son las más pequeñas del sistema y no pueden hacer frente a otros entes con más poder e influencia.

Prensa Provea, 26.07.10

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