En un rincón del estado Anzoátegui se preguntan por qué tienen que llenar sus tanques de agua con camiones cisternas, por culpa de Pdvsa. Ahora que tanto se habla de agua potable y de los daños ambientales que ha causado la industria petrolera en algunos puntos del país, en las comunidades indígenas que rodean la Mesa de Guanipa recuerdan que una fuga de gas terminó por quitarles el derecho a recibir agua a través de tuberías.

A lo largo de los ríos de la zona salen burbujas. Si no fuera porque técnicos y voceros de Petróleos de Venezuela se han acercado al lugar para advertir que no deben consumir esa agua, cualquier extraño podría confundirla con aguas termales.

El fenómeno, de cualquier forma, no tiene más de 10 años. Rafael Maita, dirigente indígena del sector, recuerda que unos olores peculiares y las burbujas en el agua fueron las primeras advertencias de que algo pasaba en Tascabaña y otras de las comunidades, que se han establecido en ese punto del este de Anzoátegui.

Las primeras denuncias salieron en la prensa regional en 2005, luego fueron sustentadas por organizaciones no gubernamentales como Provea y, en 2008, cuando las comunidades empezaron a resentir el problema en sus casas y sus cultivos, sus quejas tuvieron eco en Caracas. Diputados y funcionarios de la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y otros organismos del Estado comenzaron a reconocer entonces que en Anzoátegui salen gases de unos pozos petroleros que se pensaban clausurados.

La propia Fiscalía General de la República -donde hoy exigen pruebas a los medios antes de hablar sobre contaminación- reconoció hace cuatro años que las aguas del lugar están alteradas. A través de un análisis del que no hay detalles, señaló daños a la población.

En nombre de la Organización Indígena Taguala, Rafael Maita y otros vecinos de la zona piden que se haga público ese y cualquier otro estudio que precise la situación en la que viven. «Hay mucho temor a denunciar», lamenta. «Pero aquí la gente se olvidó de lo que era tener pozos, ya se están acostumbrando a tomar agua de los camiones cisternas».

Ilícitos ambientales

De acuerdo con el balance anual que el propio Ministerio Público formalizó al cierre de 2008, en el municipio Freites de Anzoátegui hay «ilícitos ambientales por la emanación de gases en las vertientes y dentro de un morichal aledaño a la comunidad indígena Tascabaña».

El reporte señala que del 2 al 4 de septiembre de 2008, técnicos del Ministerio para el Ambiente, la Dirección Estadal Ambiental, Petróleos de Venezuela y representantes de la comunidad, acompañaron a la Fiscalía número 21 de Anzoátegui en una inspección técnica, que concluyó con un informe remitido «a la representación del Ministerio Público que conoce el caso».

«Se efectuó un recorrido por los sectores afectados, se tomaron mediciones de campo y se recolectaron muestras de agua, lo que permitió constatar la emanación de gases en las vertientes y dentro del morichal», comunicó entonces el informe de la Fiscalía.

«Esa situación -de acuerdo con el mismo documento- se repite en los pozos de agua subterráneos utilizados para el consumo humano de la comunidad indígena, alterando su calidad, así como también ocasionando afectación en la fauna acuática y terrestre además de mermar la cosecha de los cultivos agrícolas existentes».

En fin, la propia Fiscalía ha dejado constancia de «ilícitos ambientales» en la zona. Y no es para menos, dice el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui y militante del partido Podemos, Jesús Paraqueima, luego de asegurar que lo de Tascabaña son emanaciones de gas metano.

«Cuando hay errores en la extracción de petróleo y el gas metano que queda en los pozos no ha sido bien separado o reinyectado, emerge por los puntos abiertos que en este caso, son los acuíferos del municipio Freites», dice.

Lo primero que toca ante este panorama es precisar el daño y las consecuencias sobre los más de 2.200 indígenas kari’ñas que hacen vida en las comunidades de Tascabaña I y Tascabaña II. «Si existe un estudio de impacto ambiental tiene que ser público», señala el sociólogo Rafael Uzcátegui, desde la organización no gubernamental Provea. «Tiene que haber una investigación pública sobre el impacto, una indemnización y, por supuesto, voluntad para revertir las consecuencias».

Si bien el fenómeno de Tascabaña no es nuevo, Uzcátegui cree que es necesario formalizar el impacto de una situación que, cuando menos, ha cambiado la forma de vida de la población. Hace dos años viajó a la zona y desde allí constató que a partir del año 2000, los habitantes empezaron a sustituir el agua del lugar por otra que Pdvsa les lleva en camiones cisterna.

Agua salada

De acuerdo con el balance sobre las Perspectivas del Medio Ambiente en Venezuela, que el Ministerio para el Ambiente entregó en 2010 al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los acuíferos de la Mesa de Guanipa forman una de las cuatro reservas de agua subterránea más potentes del país.
Las voces más fatalistas por eso advierten que hay una bomba de gas metano en uno de los acuíferos más productivos. No se trata de poner a Petróleos de Venezuela contra la pared. Está claro que Anzoátegui y  todo el país se sostiene gracias a su producción, pero en Tascabaña igual necesitan formalizar su situación.

Uzcátegui cree que además de responder a las comunidades afectadas, es momento de retomar el debate que los ambientalistas destacaron en los años 90, con respecto a las consecuencias de los modelos productivos basados alrededor de la extracción de minerales e hidrocarburos.

En la misma onda, Rafael Maita agrega desde los propios pueblos indígenas del municipio Freites, que no están pidiendo el desalojo de los taladros ni las tuberías que la industria ha instalado junto a sus casas. Lo que dice es que necesitan saber las condiciones ambientales y sanitarias en las que están viviendo, así como retomar los contratos de servidumbre que la industria petrolera siempre había aplicado a la hora de ocupar sus terrenos.

«En 2004 se vencieron los contratos de servidumbre de Tascabaña, Bajo Hondo y Kashama, y ahora cuando protestamos nos meten a la Guardia Nacional», denuncia. «Pdvsa no responde, nos dice que hay que demarcar las tierras pero nosotros tenemos títulos sobre ellas desde 1783».

Desde los tiempos de La Colonia hay testimonios de indígenas kari’ñas alrededor de Cantaura. Sus herederos guardan actas del Registro Subalterno de esa localidad, para advertir a quien toque a sus puertas, que desde principios del siglo pasado se desplazaron de allí hasta la Mesa de Guanipa, con la intención de mantener sus costumbres a 50 kilómetros de la ciudad.

Así nació Kashama, luego Tascabaña I, Tascabaña II y otras comunidades en las que ahora sale un agua ligeramente salada que nadie recomienda, aun sin conocer los estudios técnicos de la Fiscalía.

Ya no hay conucos de yuca, ají u otros rubros como plátano en las márgenes del río Tascabaña. Los pocos habitantes de la zona que aceptan hablar sobre el tema mencionan desde consecuencias que afectan sus actividades agrícolas hasta leyendas sobre reses muertas a causa de la intervención petrolera.

Las gotas de las lluvias que caen sobre el lugar incluso se convierten en burbujas al rozar la tierra. Esa es -después de todo- una señal de que en el Municipio Freites pasa algo fuera de lo común. Son muy pocos, sin embargo, los habitantes de la zona que este mes han querido pronunciarse sobre el caso. Hay miedo, aseguran. «En esa zona de oriente Pdvsa es el poder real», explica Rafael Uzcátegui, de Provea, desde Caracas.

Un derrame petrolero sobre el río Tascabaña volvió a traer el tema a la esfera pública a finales de febrero. La Guardia Nacional restringió el paso por la zona y en esas circunstancias, los únicos vecinos que abrían las puertas de sus casas a la prensa lo hicieron sin mencionar nombres. Si bien están preocupados por saber qué es realmente lo que pasa dentro de sus ríos, también temen perder las ayudas, misiones y obras de construcción que Pdvsa les ha financiado.
Sus vecinos de Kashama, sin embargo, ya tienen las barbas en remojo. Aunque no son los más afectados, se quejan de que no pueden consumir el agua salada que también sale por sus pozos. «Nuestra lucha no es contra el Presidente de la República ni la industria petrolera sino por el agua y los contratos de servidumbre», aclara Octavio Medina, quien gobernó esa comunidad hace un par de años.

«El kari’ña de antes no era preparado, no tenía Internet ni bachillerato pero era más guerrero», agrega Maita en nombre de la Organización Indígena Taguala. «Ahora estamos más politizados y no reclamamos lo nuestro». (Joseph Poliszuk, El Universal, 02.04.12)

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