La rendición de cuentas es un ejercicio de transparencia necesario y obligatorio en cualquier gobierno que se califique de democrático. La Contraloría Social o Parlamentaria necesita de la mayor y mejor información posible para monitorear el cumplimiento de las políticas públicas.
Ante la próxima presentación del informe de gestión anual del Ministerio de Pueblos Indígenas ante la Asamblea Nacional, desde una perspectiva de derechos humanos, Provea propone que la información suministrada por la ministra pueda responder las siguientes interrogantes.
- ¿Cuántas hectáreas de tierras han sido demarcadas y entregadas a las comunidades indígenas?
– La cláusula decimosegunda de la Constitución establece un lapso de dos años para realizar la demarcación del hábitat indígena, como lo establece su artículo 119. Sin embargo, en noviembre de 2014 organizaciones indígenas denunciaron que, en 15 años sólo se había demarcado el 12,4%. No existe información pública disponible y actualizada sobre la cantidad de hectáreas que han cumplido el proceso de demarcación.
- ¿Cuál es la ubicación de las tierras entregadas por proceso de demarcación y que comunidades y pueblos indígenas han sido beneficiados?
– En junio de 2015, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, afirmó en Ginebra que se habían entregado “cerca de 3.000.000 de hectáreas”, sin detallar su ubicación ni pueblos beneficiados. Esta información, desagregada y detallada, no es de acceso público.
- ¿Cuáles son las políticas promovidas por el ministerio para garantizar el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas?
– Según el artículo 120 de la Carta Magna el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas. Sin embargo, desde la aprobación de la Constitución no se ha realizado ningún proceso de consulta. En junio de 2015, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó que se aprobara legislación específica para garantizar el derecho.
- ¿Cuáles son las medidas adoptadas por el ministerio para garantizar el derecho a la libre asociación de los pueblos y comunidades indígenas así como sus organizaciones tradicionales?
– El Ejecutivo nacional ha venido promoviendo la creación de “consejos comunales indígenas” y “comunas indígenas” dentro de las comunidades originarias del país, figuras asociativas inexistentes dentro de la cultura y el imaginario de dichas poblaciones. Diferentes líderes y voceros han denunciado que estas figuras han venido desplazando progresivamente sus organizaciones tradicionales y han estimulado la división a lo interno de las comunidades.
- ¿Cuáles son las razones del estancamiento del denominado “Plan de Salud Yanomami”?
– En 1993 tras la matanza de 16 indígenas yanomamis por mineros ilegales (garimpeiros), el Estado venezolano se comprometió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a promover un “Plan de Salud Yanomami” para garantizar su derecho a la salud. Sin embargo, no hay información pública actualizada disponible sobre sus metas alcanzadas.
- ¿Qué medidas ha tomado el ministerio para atender y articular institucionalmente una respuesta a la epidemia de VIH en comunidades warao?
– Organizaciones han denunciado la existencia de una epidemia de VIH en las comunidades warao de Delta Amacuro, la cual ha sido negada por las autoridades sanitarias del país. ¿Qué medidas está promoviendo el ministerio para atender, junto a otras instituciones, estas denuncias?
- ¿Cuál es la participación del ministerio en el proyecto de Educación Intercultural Bilingüe que se promueve en las comunidades aborígenes? ¿Cuáles han sido sus resultados?
– El proyecto de educación intercultural bilingüe fue creado en 1979 y reimpulsado durante los años 1999 y 2000. Si bien es liderado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (ME), debido a sus competencias el Ministerio de Pueblos Indígenas debe coadyuvar para el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo esta información no es pública y algunas organizaciones indígenas han venido denunciando su estancamiento.
- ¿Qué acciones ha tomado el ministerio para atender y canalizar las denuncias realizadas por diferentes comunidades sobre minería ilegal y presencia de grupos irregulares armados en territorios indígenas?
– Organizaciones indígenas del estado Bolívar y Amazonas han denunciado la expansión de la minería ilegal en sus territorios y áreas protegidas, así como la presencia de grupos paramilitares y guerrilleros. Estas denuncias han sido entregadas en las instancias de gobierno regional, sin resultados.
- ¿Cuáles iniciativas ha desarrollado el ministerio para promover la investigación y sanción de las violaciones de DD HH bajo el Distrito Militar número 01 ubicado en la Guajira venezolana?
– El Comité de Derechos Humanos de la Guajira y otras organizaciones regionales han denunciado que la militarización del territorio wayú ha ocasionado, hasta diciembre de 2015, 19 casos de violaciones al derecho a la vida por parte de los funcionarios militares. A esta cifra hay que sumar las denuncias de heridos, privaciones ilegítimas de libertad, allanamientos sin orden judicial y torturas y malos tratos.
