Este 07.08.14 se realizó en la instalaciones de Parque Central en Caracas el “Seminario Pueblos Indígenas, Vulneración de Derechos y Jurisdicción Especial”, organizado por la Red de Educación Indígena de Radio Fe y Alegría y el Comité de Derechos Humanos de La Guajira para exponer las distintas violaciones de derechos humanos que padecen las comunidades indígenas de La Guajira venezolana y compartir experiencias prácticas de aplicabilidad de la jurisdicción especial indígena en diferentes regiones del país.
A la actividad asistió un nutrido grupo de líderes indígenas de los pueblos wayúu, pemón y warao, así como representantes de la Asamblea Nacional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y las ONG de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, y Provea.
Militarización y vulnerabilidad de derechos en la Guajira venezolana
José David González, Director del Comité de Derechos Humanos de La Guajira ofreció un balance de la situación de derechos humanos que atraviesan las comunidades indígenas que habitan en la Alta Guajira. Explicó que luego de la creación del Distrito Militar Nº 1 en el año 2010, han sido constantes los atropellos y abusos por parte de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra miembros de la etnia Wayúu. Precisó que esta situación se produce en el marco del enfrentamiento al contrabando de extracción. “A partir de la creación del Distrito Militar los funcionarios militares empezaron a matraquear, a maltratar, a asesinar, amparándose en la lucha contra el bachaqueo. Estamos en una frontera donde existe todo. Sí, hay contrabando, pero ningún funcionario del país está en el derecho de quitarle la vida a un ciudadano”, puntualizó.
Hasta la fecha el Comité de Derechos Humanos de La Guajira contabiliza 15 asesinatos, 30 heridos de bala, 60 allanamientos ilegales y 295 denuncias de abusos, que –según precisó el activista- han sido presentadas ante los distintos órganos del Estado venezolano competentes en la materia y ante la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, ente ante el cual ejercieron un derecho de palabra el pasado 16.07.2014.
“Nosotros hemos venido denunciando ante los distintos organismos del Estado, hace poco estuvimos en la Asamblea Nacional, estamos esperando respuestas”, dijo.
Las organizaciones indígenas de la Alta Guajira lamentan que desde el propio Estado venezolano se haya desplegado una matriz de opinión que estigmatiza y criminaliza a los wayuú, haciéndolos responsables de una práctica que involucra a altos funcionarios y que tiene sus orígenes en aspectos ajenos a la cultura y modo de vida de los indígenas. En opinión de las organizaciones la militarización de los territorios indígenas, lejos de contribuir a disminuir el delito de contrabando de alimentos y gasolina en la frontera, ha generado más problemas de los que resuelve.
“Pareciera que para la Fuerza Armada el pueblo Wayúu es la etnia más mala que existe en el planeta, eso es discriminación racial. Todo el contrabando pasa por la Troncal Caribe que es la zona más militarizada de la Alta Guajira; se debe investigar a todos los militares que trabajan en la frontera, ellos son los responsables de que pasen miles de toneladas de alimentos por la frontera”.
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que estos pueblos no deben ser objeto de discriminación fundada en su origen o identidad cultural, y promueve un ideal común acerca de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas registrando el compromiso de los Estados a tomar medidas para garantizar su cumplimiento. A pesar de ser solo un instrumento de orientación, en su artículo 30 establece los limites que tienen los Estados para ejercer actividades militares en territorios indígenas, imponiendo como una prerrogativa el respeto al derecho a la consulta previa y a los acuerdos previos con las comunidades indígenas afectadas, a objeto de reducir el impacto de la presencia militar en estas poblaciones.
Además, la imposición de una lógica belicista en territorios ancestrales indígenas es considerada por estos pueblos como un acto invasivo que altera su cosmovisión y su modo de vida toda vez que su eje central radica en el territorio y el derecho a la tierra.
González indicó además que en la actualidad la mayoría de los procesados que se encuentran recluidos en el Reten El Marite en Zulia, son miembros de la etnia wayúu, casi en su totalidad mujeres que han sido por efectivos de la FANB y Fiscalía como contrabandistas. Denunció que tanto el Ministerio Público como los militares obstaculizan la labor de los defensores de DDHH en la región.
“Lo que queremos es que se revise el Distrito Militar y se nombre una comisión mixta para que se investigue caso por caso las denuncias que nosotros hemos presentado. Todas estas denuncias están en la Fiscalía 45 de Maracaibo y en la Dirección de Derechos Fundamentales del Fiscalía a nivel nacional”.
Zoe. El 16.07.2013 Zoe López fue víctima de un ataque realizado por efectivos del Ejército Bolivariano en el sector Sichipé en la Parroquia Alta Guajira en el estado Zulia. Los militares dispararon contra la joven de 24 años quien luego de ser trasladada en estado crítico hasta el Hospital Universitario de Maracaibo, falleció el 26.07.2013 tras varios días de agonía. López dejó huérfanos a dos hijos de 2 y 4 años de edad.
Dulcinea López -su hermana- lamenta que después de un año de los hechos aún sus hijos y toda la familia no hayan obtenido justicia. “Queremos respuestas, las personas que hicieron eso tienen que ser sometidas a la justicia, por eso estamos aquí. El caso de mi hermana no es el primero, luchamos para que esto no se siga repitiendo”, expresó entre lágrimas.
Jurisdicción indígena
La jurisdicción indígena –consagrada en el artículo 260 de la Carta Magna y 130 de la LOPCI- y la posibilidad que tienen las autoridades legítimas y tradicionales de los pueblos indígenas de aplicar en su hábitat instancias de justicia que afecten a sus integrantes, fue otro punto de debate en el evento.
El Diputado miembro de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, José Luís González, informó que la instancia parlamentaria de la que forma parte, está discutiendo actualmente el proyecto de Ley de Coordinación de la Jurisdicción Especial Indígena con el Sistema de Justicia Nacional, con el objeto de darle la potestad a las autoridades legítimas de los pueblos originarios para administrar justicia en sus hábitat y tierras, basado en su derecho propio y conforme a sus procedimientos tradicionales. El proyecto fue aprobado en primera discusión el pasado 06.08.2014.
Jesús Zurita, activista de los derechos de los pueblos indígenas, resaltó que este es uno de los temas que mayor controversia genera a la hora de discutir y materializar los derechos de los pueblos originarios. Manifestó que desde hace 4 años no se discutía el tema de la jurisdicción especial indígena en el seno de la Asamblea Nacional, y que el Estado sigue estando en mora y en deuda con lo establecido en la Constitución Nacional. “Dos años después de la aprobación de la LOPCI debió promulgarse la Ley de Coordinación, pero lejos de debatirse e implementarse, ha encontrado mucha resistencia por parte de quienes dirigen el sistema de administración de justicia ordinaria y los encargados de legislar”.
Los asistentes coincidieron en que la mora de más de 12 años en el proceso de demarcación de territorios indígenas constituye un obstáculo para la materialización de la jurisdicción especial indígena. “Desde que se habla de jurisdicción especial el TSJ ha aplicado el criterio de que para que los hechos puedan ser asumidos por la jurisdicción especial, deben haber ocurrido en territorios indígenas. Si estos no están demarcados o autodemarcados, el indígena se ve forzado a someterse a la jurisdicción ordinaria donde el retardo procesal y la imposición de sanciones terminan lesionando su cultura y su modo de vida, afectando a toda la comunidad”.
Zurita enfatizó “el tema de la territorialidad es un punto de honor para los indígenas, es el punto por el que murió Sabino Romero, es un punto por el que han luchado muchos líderes indígenas”. Luego añadió “muy bien la Constitución, todo lo que se aprobó, el esfuerzo del constituyente, pero muy malo la gestión y el retardo que tienen con los pueblos indígenas al no reconocerlos plenamente, porque en la medida en que no se les garantice el acceso y el ejercicio pleno de cada uno de sus derechos se les está desconociendo. El derecho a la administración de justicia propia, el derecho a la territorialidad y el derecho a la consulta previa son tres derechos fundamentales a los cuales los pueblos indígenas hoy, más que nunca, se resisten a renunciar.”
El evento concluyó con una exigencia general a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público para que investiguen y sancionen las denuncias de violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas y se avance en la materialización de los derechos indígenas conquistados y reconocidos plenamente en nuestra Constitución de 1999. (Prensa Provea, 08.08.2014)
