Trabajadores del servicio penitenciario acudieron a la Asamblea Nacional para pedir un derecho de palabra debido a que desde 2011 hasta enero de este año han despedido a 1.200 trabajadores del Ministerio de Servicios Penitenciarios, pese a los decretos de inamovilidad laboral.
Los empleados despedidos trabajaban como custodios, docentes, entrenadores deportivos y personal administrativo en diferentes cárceles del país. Los trabajadores acudieron a la Inspectoría del Trabajo y allí les dieron como argumento que el despido es “un problema político” que tardará en solucionarse, según Leduc Sojo, ex custodio del la cárcel Yare I.
El grupo se reunió con pancartas en mano para exigir que la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario, presidida por el diputado William Ojeda, los atendiera para que intermedien en el problema laboral.Durante estos tres años los empleados han acudido a la Inspectoría del Trabajo, la Vicepresidencia de la República y la Asamblea Nacional.
Sojo explicó que los trabajadores exigen que los vuelvan a contratar y les paguen salarios caídos durante estos años.
(Publicado originalmente en El Nacional / 23.02.2015)
