Los secretarios generales del sector aluminio esperaron hasta anoche una convocatoria de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) pero esta no llegó.
Por mensajes de texto el presidente de la CVG, Carlos Osorio, y hasta el titular de la Corporación del Aluminio, Ángel Marcano, pidió a los representantes sindicales tener un poco más de paciencia mientras el presidente de la república, Nicolás Maduro, revisa con su gabinete los términos de los contratos colectivos.
La reunión es uno de los encuentros obrero-patronales más esperados y más importantes de los últimos tiempos, no sólo por la inédita mora en la discusión de los contratos colectivos en Guayana (tres y hasta cinco años) sino por el precario diálogo que ha caracterizado las relaciones laborales en la última década.
Tras la firma de la propuesta la semana pasada, elaborada por los secretarios generales y los presidentes de las empresas, el titular de la CVG debía presentar este miércoles una contraoferta al “lomito” de las convenciones colectivas conformado por las cláusulas económicas.
Entre los beneficios discutidos, los sindicatos exigen al Ejecutivo un aumento de 150 bolívares sobre el salario diario: 80 bolívares a la firma, 35 en 10 meses y otros 35 bolívares en 20 meses después de la firma.
El acuerdo de la semana pasada supuso, prácticamente, un nuevo anteproyecto, pues al principio de la negociación los sindicatos solicitaron hasta 400 y 800 bolívares de incremento por el rezago de los beneficios.
La situación ha obligado a los sindicatos, cuidadosos de la paz laboral en las últimas semanas, a reaccionar.
Asamblea en CVG
Los secretarios generales han convocado para hoy una gran asamblea en las puertas de la CVG para presionar la esperada respuesta a las cláusulas económicas.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de CVG Carbonorca (Sutracarbonorca), Emilio Campos, invitó al movimiento de los trabajadores a protestar contra el silencio de la corporación en las puertas de la casa matriz.
La decisión fue tomada anoche durante una reunión en la casa presidencial de CVG Alcasa, escenario de los últimos acuerdos entre presidentes de empresas básicas y los líderes del movimiento sindical del sector aluminio.
La movilización, también, es presionada por un grupo de trabajadores que ha amenazado con pasar por encima de sus representantes a quienes responsabilizan de bajar las estimaciones salariales.
Aunque ningún sindicato se ha pronunciado sobre la crítica hecha el lunes por un grupo de dirigentes, a lo interno se ha discutido sobre la negociación en una banda entre 120 a 150 bolívares.
“Acuerdo político”
El pasado viernes los dirigentes justificaron el aumento salarial solicitado con base a un “acuerdo político” y pidieron al resto de la dirigencia asumir una posición práctica en la exigencia que coloca en desventaja a los trabajadores desde el punto de vista operativo.
“Aquí no está valiendo lo legal, porque si nos vamos a lo legal la verdad es que estas empresas no tienen rial para discutir contrato colectivo (…) ¿Ustedes creen que después de que lleguemos a un acuerdo esto se puede echar para atrás? esto es un acuerdo político”, indicó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Bauxilum en Pijiguaos, Edgar Valentine.
Así como en los últimos años las nóminas se cancelan con fondos de la renta petrolera, los sindicatos esperan que el presidente Nicolás Maduro cumpla con la promesa de seguir subsidiando los nuevos contratos por dos años más.
Claves contractuales
– En 1999, los sindicatos del sector aluminio acordaron una prórroga de un año en la discusión de los contratos a cambio de 30 por ciento de aumento salarial y 5 mil bolívares de bonificación.
– 19 mil trabajadores en la industria del aluminio dependen de esos contratos para la actualización de sus beneficios laborales.
– Las empresas del sector aluminio operan por debajo de su capacidad de diseño. El Ejecutivo aprobó en febrero recursos a través del Fonden, pero la curva productiva sigue en descenso.
– Por primera vez en la historia sindical de Guayana se retrasa la discusión de las convenciones colectivas por más de un año y sin la negociación de una prórroga.
