Si en los próximos días Ferrominera Orinoco no cumple con el reenganche de los siete trabajadores despedidos en julio de 2011, el nuevo comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera) activará la protesta como medida de presión.
La advertencia la lanzó este jueves el secretario general reelecto, Rubén González, en un inciso a una asamblea con trabajadores del área de Procesamiento de Mineral de Hierro (PMH): “¡Voy a hacer lo que tenga que hacer por estos compañeros que están encadenados!”, anunció entre aplausos.
El dirigente ferrominero, acompañado de otro grupo de trabajadores que denunció ser víctima del hostigamiento en planta, advirtió a la gerencia que la paz tiene sus límites y que, si bien esperan agotar todas las vías de conciliación, no descartan hacer uso de la “legítima” protesta.
Luego de las elecciones sindicales, el comité ejecutivo estableció como prioridad lograr la reincorporación de los despedidos, la mayoría de ellos con más de 20 años de servicio y encadenados al portón de la compañía desde hace tres meses.
González encontró oportunidad de diálogo en el presidente de la estatal, Radwan Sabbagh. Hasta la semana pasada, contó, había disposición a resolver el caso, de hecho, estuvo a punto de tener en sus manos el documento con la orden de reenganche.
Pero el pasado miércoles sus adversarios políticos movieron sus influencias políticas después de una reunión en Caracas, refirió. La posibilidad de llegar a un acuerdo se difuminó. “Los dirigentes patronales y gobierneros volvieron a entorpecer políticamente”, dijo.
Ayer estaba prevista la reunión entre la inspectora del Trabajo, Lenny Spin, y el presidente de FMO, pero la dirigencia no tenía buenas expectativas acerca de este encuentro.
“Estamos agotando todos los medios conciliatorios para resolver el problema. No queremos que Ferrominera caiga en un caos, no queremos que Ferrominera se paralice: queremos que Ferrominera siga adelante con su producción, pero tampoco podemos obviar a estos siete trabajadores que están encadenados desde hace tres meses”, advirtió el líder sindical.
González dijo estar dispuesto a colocarse a un lado con tal de que se haga “justicia”. “Que vengan ellos, que vayan al portón y que metan a esos compañeros. No importa, yo me pierdo y no aparezco por ningún lado, pero las injusticias, realmente, hay que combatirlas; que digan que fue gracias a ellos, no hay problema. Yo no estoy aquí por banderas”.
Los ferromineros dejarán pasar los próximos días. González es partidario de que el Gobierno evalúe el escenario, haga sus cálculos pero, eso sí, “si en este lapso no hay nada, nosotros tendremos que hacer algunas movilizaciones o algunas acciones puntuales”.
Desestimó la declaración de un grupo de militantes de la Juventud Trabajadora del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jtpsuv), quienes señalaron el pasado martes que no permitirán ningún tipo de huelga en la fábrica. “Yo no tengo que darle ninguna respuesta a ellos porque, lamentablemente, esos son unos títeres, no tienen ningún poder de convocatoria”, respondió González.
Descontento general
Un grupo de delegados de prevención, que hasta la fecha ha racionalizado su posición de rechazo al caso de los despedidos, fijó posición con vehemencia en una oficina contigua del sindicato.
Entre otros puntos, abogó por sus compañeros despedidos en julio de 2011 por haber atestiguado en contra del Movimiento 21 en las investigaciones sobre la muerte del trabajador Renny Rojas.
Cuestionó además que ante la falta de una sentencia firme, la compañía se decida a tomar la justicia por sus manos. “Y estamos con ellos porque nosotros sabemos lo que pasó allí, todo el mundo sabe lo que pasó allí. Ellos son inocentes”, indicó Yangel Osuna, uno de los delegados.
“Consideramos que esto es un caso político porque no habían causas para aplicar una medida de despido (…) es aberrante”, expuso el delegado de planta de briqueta, José Contreras.
Otros delegados de PMH y de la gerencia de Ferrocarril están dispuestos a acompañar al secretario general y al resto del sindicato en una eventual protesta en exigencia del reenganche y la liberación de Rodney Álvarez, acusado de ser el autor material del homicidio de Rojas.
Alboroto en planta
En los últimos días han ocurrido escaramuzas en las gerencias de PMH, ferrocarril y patrimonial. Las protestas contra algunos supervisores tienen su fondo en las continuas denuncias de los trabajadores sobre el terrorismo laboral en planta.
Los ferromineros dicen haber perdido el miedo y estar dispuestos a emprender una protesta general.
El trabajador Nelson Antiberos de PMH denunció “abusos” de algunos jefes que emplean “palabras que no son dignas” contra los trabajadores.
“Hay amenaza, amedrentamiento, persecuciones contra los compañeros de trabajo (…) Lo que está pasando es la misma voluntad del trabajador que, durante tanto tiempo, estuvo amenazado e imposibilitado de expresarse como trabajador”, expuso el delegado de PMH, Ricardo Bracho.
José Pérez, otro delegado, quitó responsabilidad al sindicato sobre las presuntas represalias: “Somos nosotros, los trabajadores, que hemos levantado la voz en contra de esos jefes que amedrentaban, que violan los derechos de los trabajadores, que son terroristas”.
Tres meses en la “carpa de la dignidad”
José Ortega, José López, Arquímedes Pérez, Evaldo Castillo, Pilar Aguilera, Angel Saldiña y Eric Flores tomaron el portón de Ferrominera Orinoco el 14 de mayo a 10 meses de quedarse en la calle sin percibir salario.
Poco a poco fueron convirtiendo el portón de la estatal en un campamento de guerra, bautizado días después como la “carpa de la dignidad”.
La protesta de los llamados “encadenados” obligó al pronunciamiento de la Inspectoría del Trabajo que guardaba silencio sobre el caso de los ferromineros.
Sólo José Ortega, con 33 años de servicio y con un bebé de meses, logró ser reenganchado tras el pronunciamiento del ente ministerial. De acuerdo con el último dictamen del Gobierno, el resto de los trabajadores no tiene derecho a reclamar su puesto.
Durante estos tres meses de protesta los afectados han conseguido el apoyo de sindicatos y otras organizaciones sociales. Duermen y comen en el portón y, hasta ahora, viven de la solidaridad de otros compañeros que los alientan a mantener la lucha. (Clavel Rangel, Correo del Caroní, 17.08.12)