Los trabajadores de Ferrominera Orinoco marcharon a paso lento por la avenida Angostura (ahora de Los Trabajadores) exigiendo la cancelación del anticipo contractual de 15 mil (activos) y 7 mil bolívares (jubilados) que el Ejecutivo prometió pagar el pasado viernes.
Tras siete seis días de retraso, la empresa no ha informado por qué ha incumplido con el compromiso publicado a través de la intranet y anunciado por el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Carlos Osorio.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, ha realizado asambleas en las que decidieron iniciar protestas escalonadas.
En las minas de Ciudad Piar el personal labora a medias y en Puerto Ordaz el descontento crece, a la par de los rumores acerca de un nuevo presidente en Ferrominera Orinoco.
González rechazó la burla y el incumplimiento del acuerdo suscrito entre las partes hace dos semanas, cuando la CVG propuso cancelar el 12 de julio.
“Sencillamente, si le pagaron a todas las empresas que tienen las convenciones colectivas, también deben pagárnosla a nosotros”, dijo.
Para González el presidente de la CVG, Carlos Osorio, quedó “muy mal” al comprometer su palabra y no cumplir con la cancelación.
Viejo reclamo
Fuentes de la empresa creen que detrás de la cancelación del anticipo se esconde un problema legal y político.
¿Cómo cancelar un compromiso que -públicamente- ha sido calificado de ilegal y por el cual se imputa al ex presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh?
Cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la detención de Sabbagh dijo que había aprobado un beneficio laboral sin consultar a nadie, “un aumento de no sé cuántos miles de bolívares ¿para qué?, para dejar embochinchada la empresa. Y violó las leyes, esos son juicios que también le vienen encima”.
El primer mandatario se refería al anticipo por retraso en la discusión del contrato colectivo de 40 mil bolívares, que el ex presidente Radwan Sabbagh accedió a cancelar a los empleados de Ferrominera durante una huelga que paralizó los despachos de mineral.
Los trabajadores de la extractora de mineral junto al sindicato Sintraferrominera exigían desde noviembre de 2012 que se les cancelara el concepto que el presidente Hugo Chávez había autorizado a los empleados de Sidor y el sector aluminio.
Según las actas consignadas a este rotativo, el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Rafael Gil Barrios, estaba enterado de la petición.
El 5 de diciembre de 2012 el propio Sabbagh envió una comunicación a Barrios (PREG0672-12) en la que le notifica de la exigencia de los trabajadores y de la indisponibilidad financiera de la fábrica.
La versión del ex presidente es que esa comunicación nunca fue respondida y que, ante un nuevo conflicto en el mes de marzo, los gerentes y el presidente de la estatal acuerdan comprometerse a buscar los recursos al Ejecutivo y pagar el 22 del mes de mayo.
Ese primer pago contractual, según la versión de allegados a la gestión de Sabbagh, se canceló con el aporte de dos clientes de Ferrominera que colaboraron con el depósito. (Clavel Rangel, Correo del Caroní, 18.07.13)
