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Las convenciones colectivas corren el riesgo de quedar como simples acuerdos políticos si el Gobierno incumple con el requisito de la homologación, prevista en la Ley Orgánica de Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (Lottt).

Hasta la fecha y después de casi seis años de paralización de la negociación contractual, ninguno de los convenios discutidos en el último semestre ha recibido el auto de homologación del Ministerio del Trabajo.

En la industria del aluminio, cuyo lote de contratos se discutió en el último trimestre de 2013, preocupa que la homologación se haya pasado por alto.

“Ya todos los contratos están listos, pero falta el sello y la firma del Ministerio para que sea oficial. ¿Cómo vamos a reclamar algo después si el contrato no está homologado? ¿Cómo podemos avanzar?”, reclamó la semana pasada el secretario general del Sindicato de Trabajadores de CVG Alcasa (Sintralcasa), Henry Arias.

La irregularidad toma relieve a propósito del acuerdo en Sidor donde los trabajadores, casi tres semanas después, desconocen los beneficios aplaudidos por el Gobierno y los documentos legales que sustentan ese anuncio.

En otras empresas, donde los procesos de estatización impidieron acuerdos formales, los arreglos políticos privaron para establecer mejoras salariales.

Ésas fueron, entonces, las únicas salidas conseguidas por la dirigencia sindical que ha sorteado toda clase de obstáculos para finalizar la negociación, entre ellos la excusa de la crisis en 2009 y toda una serie de aparatos burocráticos instalados a partir de entonces para dirigir la política laboral en el país.

La Comisión Presidencial de Política Laboral para el sector Público en 2009, la comunicación del entonces vicepresidente de la república, Elías Jaua, prohibiendo los contratos que no fuesen aprobados por Hugo Chávez en 2010 y la reciente comunicación de la CVG que prohíbe los contratos sin que sean aprobados por el Ministerio de Industrias, revelan los intentos del Ejecutivo por controlar sus desaciertos en la gestión de la política laboral.

Ya lo había dicho el Ministerio del Trabajo en el documento “Caracterización de las relaciones laborales y la negociación de convenciones colectivas en el sector público”, elaborado en mayo de 2009.

Las líneas de acción proponían actuar desde arriba y no desde las bases para evitar conflictos, centralizar los recursos dispersos en “privilegios” y sobre todo: convertir a la crisis en oportunidad para “subir al trabajador que está muy abajo y bajar al que está muy arriba” en una política única.

En la propuesta también se explicó la importancia de superar el capital para coartar “la actuación de sindicaleros y grupos económicos “cuya influencia sobre las bases de los trabajadores se fundamenta en la obtención de beneficios que en realidad son privilegios, todos cancelados por el Estado sin vinculación directa con la productividad de las instituciones y empresas”.

Desmoralizar

Para el abogado laboral, Edwin Sambrano, el Gobierno pretende ahora “cercenar y disminuir la capacidad de acción de las organizaciones sindicales, y la disposición organizativa de los trabajadores utilizando los instrumentos que la ley permite y busca otros caminos con acuerdos individuales”, analiza.

La informalidad con la que se han alcanzado los últimos acuerdos en las empresas estatales busca, en su opinión, restar legalidad y, a posterior, validez a los beneficios.
Esos desafueros legales, sostiene, generan “incertidumbre” en los trabajadores “porque no se sabe cuál es el resultado, queda como en suspenso”.

El objetivo, cree, es atacar la capacidad de acción del sindicato al distraerlo en requisitos legales que el Gobierno retarda con alevosía, con el fin de también desalentar a los trabajadores a organizarse en instituciones que parecieran no dar resultados.

Un tercer efecto, comenta, es el menoscabo de los beneficios socioeconómicos y en general, generar el “síndrome de la resignación frente a una situación que no se puede controlar, esa resignación produce una disminución de las condiciones de vida”.

Esa política explica Sambrano, de alguna manera, la baja tasa de sindicalización en el país. Apenas, dice, el 15 por ciento de la población activa en el país. “Todos los gobiernos y este han intentado eso, peor ahora porque hace creer que es obrero”.

Debilidad

Ante esa intención, el abogado laboral y ex secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss), Eleuterio Benítez, nota una debilidad de las organizaciones sindicales en la defensa del derecho a la negociación colectiva.

Hasta ahora, y pese a que se ha anunciado, no se han formalizado los reclamos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ni ante otras instancias de salvaguarda de derechos en el Mercado Común del Sur (Mercosur) del que Venezuela forma parte.

Benítez defiende que la organización en el reclamo ante instancias internacionales es indispensable para visibilizar las violaciones y generar presión internacional ante casos desatendidos en el ámbito regional.

Si estos reclamos no se concretan y se deja pasar la imposición en la discusión, considera, “la consecuencia directa es prácticamente la inestabilidad de todos los derechos”.

Desproporción

Los datos del informe 2013 del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) revelan que según cifras del Ministerio del Trabajo, en ese período, se homologaron 448 convenciones colectivas de trabajo: 409 del sector privado, 39 del sector público amparando 1.160.844 trabajadores y trabajadoras.

“La desproporción entre estos dos sectores no sólo de sebe a que el primero emplea más trabajadores, sino a que en el segundo se constatan numerosas violaciones al derecho de los trabajadores a negociar convenciones colectivas”, destaca el informe. (Clavel Rangel, Correo del Caroní, 01.09.2014)

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