Una calificación y una citación. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, deberá presentarse en la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro” y en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) por razones que aún desconoce.

Las dos citaciones llegaron ayer al dirigente sindical. La primera, mediante un cartel publicado en varios medios regionales por la Inspectoría del Trabajo, contra el secretario general y otros nueve trabajadores en las que se les informa de sus calificaciones de falta.

La segunda refiere a la visita que recibió el lunes el ferrominero en Ciudad Piar. El dirigente deberá comparecer hoy, a las 2:00 de la tarde, en la sede del cuerpo de investigaciones.

Más intimidación
El secretario general de Sintraferrominera, que en febrero fuera sentenciado a siete años y seis meses por ejercer una protesta en septiembre de 2009 en Ciudad Piar, no duda de que la citación obedezca a otras medidas que buscan liquidarlo en el plano político sindical.

Repudió que a los trabajadores se les esté calificando solamente por haber acudido a la asamblea del 9 de junio donde mataron al dirigente juvenil del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Renny Rojas.

Entre los calificados está el trabajador Luis Quilarque, quien el 9 de junio recibió un tiro en la pierna en el portón uno de FMO.

“Cómo es posible que Quilarque, a quien Héctor Maicán le disparó, porque yo lo vi, se le esté calificando de despido y a Maicán, que está comprobado que disparó, que sacó un arma en el portón, no se le sancione”.

El dirigente tiene 15 días para presentarse en el ente ministerial por la calificación de falta, así como los otros nueve trabajadores a quienes tendrá que representar como secretario general.

González dice no tener nada qué temer y que, este miércoles, se presentará en el Cicpc.

Línea política 
El coordinador del Programación Acción Educación en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, afirmó que la calificación contra González guarda relación con las denuncias formuladas por varias organizaciones sobre la política del Ejecutivo a atentar contra la libertad sindical.

Aunque acotó que un dirigente sí puede ser despedido, el caso de González -en su opinión- no puede ser analizado meramente desde el plano jurídico. El elemento político que siempre ha estado presente tiene las de ganar en este caso, dijo.

“Uno pudiera estar bastante seguro que esta calificación de despido es parte de este proceso político, para minar el liderazgo que él tiene frente a un sector de trabajadores. Estamos frente a una política, contra algunos trabajadores que han demostrado ser consecuentes”.

Tal como han acontecido los hechos, no sólo en FMO sino en CVG Carbonorca, Alvarado infiere que el buró oficial decidió -como línea política- implementar las calificaciones de despido para encubrir el elemento político.

“Es una política de usar instrumentos jurídicos, en este caso las calificaciones, con la intención de descabezar el movimiento de los trabajadores”.

El abogado y coordinador de Fundatrabajo, Eleuterio “Tello” Benítez, sostiene que el Ejecutivo intenta cercar al dirigente sobre quien ya pesa una medida de régimen de presentación cada 45 días.

“Es una ofensiva para sacarlo del juego, de las elecciones”, comentó.

Proyección internacional

La semana pasada, el caso de Rubén González, y el de otros trabajadores de Guayana y Venezuela, fue expuesto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de dar por enterados a la organización de las violaciones en materia de libertad sindical.

El coordinador de Provea, Marino Alvarado, espera que las recomendaciones hechas por Provea, el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) y el sindicato de CVG Carbonorca sean incluidas en el informe anual.

Trabajadores citados

Pedro Luis Calzadilla Díaz.

Norton Paúl Castillo Rosales.

Henry Alberto González Peña.

José Vicente Rodríguez Farías.

Yovanni Argenis Torres Rondón.

(Clavel Rangel Jiménez, Correo del Caroní, 02.11.11)

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