En un informe recibido por Provea, y redactado por los fiscales Aniello Martuscelli y Elio Martínez, se registran una serie de irregularidades presentes en las asociaciones cooperativas que prestan su servicio dentro de la planta de General Motors Venezolana (GMV), situada en la ciudad de Mariara, Parroquia Mariara del Municipio Diego Ibarra del estado Carabobo.
Entre algunas de las situaciones plasmadas en el informe se encuentra la ausencia de la aprobación, por parte de la asamblea de asociados, de los términos del Contrato de Servicios suscrito con GMV en donde se definen las condiciones de trabajo. Ello evidenciaría la falta de control democrático por parte de los miembros de la cooperativa en la toma de decisiones. Por otra parte, en los contratos suscritos existe un anexo en donde se acuerda una tabla de remuneraciones, lo cual contradice el espíritu cooperativo de discutir y aprobar, en asamblea de asociados, mecanismos mediante el cual se reparten los anticipos societarios entre los asociados y asociadas, regido por los artículos 34 y 35 de la Ley Especial de Cooperativas. Tampoco existe la ejecución de planes o proyectos educativos que garanticen la formación permanente y continúa de sus asociados, ni tampoco ejecuta, participa, organiza ni desarrolla planes y actividades a nivel educativo, cultural y social, en beneficio de la comunidad. En materia administrativa los diferentes libros de la asociación no poseían registros ni anotaciones, además de no contar con su Plan Anual de Actividad con su respectivo presupuesto. Los fiscales evidenciaron que dichas asociaciones han sido fiscalizadas anteriormente y notificadas de las observaciones a corregir. Sin embargo, han hecho caso omiso de las recomendaciones.
En el informe sobre las asociaciones cooperativas que prestan servicio en la empresa GMV, los fiscales argumentan que el conjunto de situaciones constituyen una “Simulación de la relación laboral”: “Nos encontramos ante la presencia de relaciones de trabajo que deberían regirse conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, pero fueron encuadradas bajo al ropaje de Asociaciones Cooperativas para instrumentar así la simulación, y a través de ellas consagrar el fraude laboral, requiriendo previamente el consentimiento de los trabajadores para poder instrumentarlas, aprovechándose de sus necesidades (…) La empresa GMV simplemente decidió dentro del esquema capitalista eliminar la rigurosidad propia del Derecho al Trabajo, a través de la utilización de la figura de las Asociaciones Cooperativas, las cuales se regulan por una legislación especial, pretendiendo eliminar con esta práctica la condición de trabajadores de las personas que prestan el servicio y con ello la posibilidad de constitución de sindicatos, así como la solicitud de reivindicaciones laborales a través del uso de la Convención Colectiva”.
Provea ha venido registrando las diferentes denuncias del uso de cooperativas como mecanismo de flexibilización de las condiciones de trabajo en su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Si desea acceder al texto completo del “Informe General Motors de Venezuela y Asociaciones Cooperativas”, visitar el siguiente enlace
