Representantes de tres sindicatos de docentes estadales, que el viernes presentaron un pliego de peticiones con carácter conflictivo ante la Inspectoría del Trabajo, anunciaron que de no recibir una respuesta satisfactoria por parte del gobierno regional en los próximos tres días irán a huelga indefinida.
El tiempo para que el gobierno se pronuncie culmina el miércoles al mediodía. Las directivas de Sutrabasec, Sinprotrabec y Simproeme fueron las que entregaron el documento, que establece el aumento salarial recurrente y el pago inmediato de las deudas por beneficios contenidos en la quinta convención colectiva.
El secretario de Propaganda y Cultura de Sutrabasec, Randolfo Bononi, subrayó que el incumplimiento del gobierno afecta a más de ocho mil docentes activos, jubilados, desincorporados y tercerizados, entre otros.
Los directivos de los sindicatos plantean la revisión del incremento del seguro HCM para docentes activos y jubilados. En el escrito también solicitaron que les entreguen la titularidad a más de dos mil 500 educadores en calidad de interinos, a través de una evaluación de desempeño. “Estos son maestros que no cuentan con beneficios”.
El vocero del sindicato aseveró, vía telefónica, que el incremento del 70% que ordenó en mayo el gobernador de Carabobo, Henrique Fernando Salas, no cubre las necesidades de los educadores.
Tras este anuncio se terminaron las mesas de negociaciones de la sexta convención colectiva, que iniciaron en diciembre de 2011.
En el proyecto de la quinta convención colectiva no se planteaba que este aumento se cancelara en dos partes: 35% para este año y el restante para el 2013. Randolfo Bononi considera que estos pagos no son progresivos. “Se le incumplió nuevamente a los docentes”.
El sindicalista solicitó la cancelación de los aguinaldos con base al salario integral y no con el básico como se ejecuta desde hace tres años. Esto se establece en la ley de Estatuto de los Funcionarios Públicos.
Aunque Randolfo Bononi afirmó que los educadores no desean ir a una huelga indefinida, destacó que tendrán que hacerlo ante la negativa del gobierno regional a sentarse a discutir sobre el contrato colectivo. “Nosotros estamos en la obligación de activar los mecanismos establecidos en la normativa legal”. (Gabriela Espinoza, El Carabobeño, 29.10.12)
