Trabajadores, patronos y Gobierno tendrán hoy un derecho de palabra ante el pleno de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para explicar los mecanismos que se aplican en el país para la fijación del salario mínimo, a propósito de la denuncia contra Venezuela de violar el Convenio 26 del organismo.
La actividad está prevista para las 10:30 de la mañana, hora de Venezuela. Tanto empleadores como una parte de los trabajadores aspiran a que el Gobierno atienda la necesidad de que los decretos de aumento salarial sean producto de un diálogo social.
Fuentes consultadas consideran que del debate en la Comisión de Expertos puede que surja una sugerencia al Gobierno. Descartan mayores sanciones, pues lo que se está criticando es la forma cómo se lleva a cabo la consulta.
De acuerdo a las preocupaciones que recogió la Comisión de Expertos, tanto la Organización Internacional de Empleadores y Fedecámaras critican que la nueva Ley Orgánica del Trabajo confiere al Gobierno una función primordial en la fijación del salario mínimo, desplazando así a los interlocutores sociales que, según la antigua ley, se los consultaba obligatoriamente.
Al respecto, el Gobierno argumentó que entre 1991 y 1999 los miembros de la Comisión Nacional Tripartita sólo llegaron a un acuerdo sobre el ajuste del salario mínimo en dos ocasiones en detrimento de otros derechos de los trabajadores, como las prestaciones sociales.
En tal sentido, fue por esa razón que el Ejecutivo adoptó el establecimiento de un mecanismo de fijación del salario mínimo que estuviese a salvo de los intereses políticos individuales, siguiendo únicamente las recomendaciones de organizaciones sociales, sindicales y económicas, sin afectar a los demás derechos de los trabajadores.
La falta de acuerdos entre las partes llevó a incluir este año a Venezuela entre los 25 países que violan acuerdos de la OIT y en consecuencia, «la Comisión de Expertos solicitó al Gobierno que tenga a bien precisar los medios que se propone aplicar con el fin de garantizar el pleno respeto de la obligación de consultar en un plano de igualdad con las organizaciones de empleadores y de trabajadores durante la toma de decisiones relativas a los salarios mínimos».
