Corría diciembre del año pasado cuando los dueños de una veintena de estacionamientos y talleres mecánicos en las parroquias Santa Rosalía, Santa Teresa, Altagracia y San José sufrieron la ocupación de sus negocios por milicianos. La invasión forzosa se convirtió en expropiación a través de un decreto presidencial y hoy, ocho meses después, los afectados no han recibido ni un centavo.
Calogero Alotto, del estacionamiento Inversiones Lilo te lo Lleva, en la esquina Candilito de Santa Teresa, aseguró que han acudido a la Procuraduría General y la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), pero en un despacho le endilgan la culpa de los retrasos al otro.
La última información que recibieron en la Procuraduría fue que OPPPE ordenó detener los trámites de su tasador, lo que imposibilita la presentación del informe definitivo de la Comisión de Avalúo y por ende que sus pagos se concreten.
De Inversiones Lilo te lo Lleva no qu
eda nada. Los meses siguientes a la expropiación la OPPPE demolió las bienhechurías. Tras meses de inactividad, en julio comenzaron a hacer los movimientos de tierra de lo que serán unas 98 viviendas, según se lee una valla instalada en el lugar: «Aquí se construyen viviendas dignas para el pueblo». Los mismos milicianos resguardan el terreno con su 5% de avance de la obra y Alotto no puede entrar al que fue su trabajo durante tanto tiempo.
Como Alotto, Nelson Rojas quedó desempleado. Él evita pasar por el que fue su taller mecánico Servi Auto Rocal, en donde además estaba su vivienda y la de sus empleados: «Siento impotencia y tristeza. Trabajé 35 años y perdí mi terreno, mi casa y mi taller mecánico en un solo día».
Lo único que le quedó a Rojas fue la promesa de recibir un apartamento de los que construyan en el que era su terreno. Ahora le asignaron un apartamento de transición en Fuerte Tiuna, en donde vive con su hijo con discapacidad y otras tres familias damnificadas. Su esposa y su otra hija están en casa de un familiar en Caricuao: «Ellas son mujeres y es muy duro, yo no sé qué esperar, no las quise tener allá».
En el mismo edificio está Freddy Castañeda con su familia, quien también fue desalojado de su casa-taller Corporación Castañeda (Santa Teresa): «Ahora me pidieron un documento que pruebe que no tengo vivienda y explique por qué estoy allí. En cualquier momento nos mandan a un refugio o a la calle».
