A partir del 20 de enero de 2015 y durante los días martes en la mañana, las personas jubiladas y pensionadas del Poder Judicial, amparadas por la convención colectiva suscrita en 2005, se concentran en las puertas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) para exigir sus derechos.
El pasado martes 24 de febrero, este grupo volvió a solicitar ser recibido por las autoridades del organismo para conocer la respuesta a su demanda fundamental: que se les cancele, en igualdad de condiciones, el 15% de aumento otorgado al personal activo de la institución.
En esta oportunidad, además de crecer el número de asistentes, consignaron un escrito que contiene el ejercicio de su derecho constitucional a solicitar información a un ente del Estado, que en este caso es la DEM y se trata de demandar el pago oportuno de un monto de pensión digno y justo.
Entre las personas asistentes a la concentración estuvo Ligia Rivas, presidenta de la Seccional Nacional de Jubilados y Pensionados del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj). Además, la expresidenta del Suontraj, María Esperanza Hermida Moreno, miembro de la dirección nacional de C-CURA y defensora de derechos humanos como responsable del área de Exigibilidad en el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
Participó José Luis Solano Armas, quien fue Secretario Nacional de Finanzas, presidente de la Comisión Electoral Nacional del Suontraj, Directivo de la Seccional Caracas y firmante de la segunda convención colectiva en 2005. También Luis José Zamora Granadillos, expresidente del Consejo de Vigilancia y Disciplina del Suontraj y asesor jurídico en el año 2000, además de ser fundador de la organización sindical.
Otro dirigente que estuvo presente fue José Gregorio Morales, cariñosamente conocido como “el Lobo”, fundador del sindicato y exdirectivo en la Seccional Caracas. Fue nutrida la presencia de exdelegadas y delegados de piso, como en su momento fueron conocidos en Caracas los representantes directos de la base afiliada a ese Sindicato, en momentos de organizar huelgas.
Destacó la marcada la presencia de funcionarios de seguridad que hicieron seguimiento a los discursos de los presentes y tomaron fotos. Lo cierto es que no fue recibida ni siquiera una mínima comisión de los presentes, por ningún representante patronal, ya que se informó que los coordinadores y el personal de alto nivel se encontraban en plenaria y carecían de disponibilidad para atenderles.
Ligia Rivas, quien suscribió a nombre del Comité Directivo Seccional del Suontraj, el escrito de petición ante la DEM, procedió a consignarlo junto con Solano y Hermida. El escrito estuvo acompañado por la firma de la mayoría de las personas asistentes a la asamblea.
Esta actuación de la Seccional de Pensionados y Jubilados del Suontraj reivindica su derecho a velar porque se apliquen oportunamente los beneficios contenidos en la convención colectiva, y cumple con un deber sindical. Representa una lección moral para la directiva nacional de ese sindicato, que actualmente carece de poder de convocatoria y está desorganizado.
El acompañamiento de Provea a esta acción de exigibilidad es muy importante para las víctimas del incumplimiento contractual, que son casi 10.000 personas, ya que una vez agotadas las gestiones en la esfera nacional pudiera llevarse el caso a instancias internacionales, como ha sucedido con los jubilados de la Cantv y el Ministerio de Educación.
Vale recordar que en el Poder Judicial, la discriminación en la aplicación de los beneficios de la convención colectiva comenzó antes de que Venezuela quedara fuera de la esfera de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Es decir, las violaciones fueron materializadas a partir del año 2008-2009.
El beneficio contractual de aplicar a todos los jubilados y pensionados, los aumentos generales otorgados al personal activo, fue extendido hace algunos años y de manera unilateral por la DEM a jueces y personal administrativo de alto nivel. Ahora, en 2015, la DEM pretende justificar la discriminación ocurrida con la nómina contractual, bajo el argumento de depurar el ámbito de aplicación de la norma.
“Esta excusa es baladí, toda vez que la DEM sabe cómo cancela las pensiones y jubilaciones desde que dicta cada resolución otorgando el estatus, pues tiene toda nuestra información desde que éramos personal activo”, dijo Ligia Rivas, representante de Suontraj.
Por su parte, José Luis Solano señaló que esta maniobra dilatoria de la DEM, “se ha convertido en un daño patrimonial para el jubilado o pensionado que no está percibiendo el aumento otorgado al personal activo y además se ve sometido a las mismas situaciones de inflación y escasez que vive la población del país, con el agravante que por razones del deterioro natural de la salud en virtud de su edad, muchas de las personas afectadas por esta discriminación requieren un incremento justo a su pensión pues gastan enormes cantidades de dinero en medicamentos”.
El Consultor Jurídico de la DEM había informado a la comisión de Suontraj que logró ser atendida el 20 de enero de 2015, que el estudio de los expedientes personales y la formulación de un dictamen para la aplicación del beneficio demandado, se haría en diez (10) hábiles. Lo cierto es que ha pasado el tiempo y no se tienen información precisa al respecto.
La revisión de los casos por parte de la DEM, con el fin de precisar quienes se encuentran bajo el amparo de la convención colectiva judicial, quienes se rigen por el contrato marco del personal obrero y quienes serían jueces, defensores o personal administrativo de alto nivel, no es razón para impedirle a quienes tienen su derecho, disfrutar de este beneficio que reclaman los afectados que han dejado de percibirlo justo en momentos en los que hasta el salario mínimo ha sido incrementado por el ejecutivo nacional en varias oportunidades.
La problemática afecta no sólo el derecho a la progresividad de derechos humanos laborales colectivos, contemplado en el artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino el desarrollo del derecho a seguridad social, previsto en el artículo 86 de nuestra carta magna, por tratarse de un organismo del Estado. De paso, se produce toda esta situación en el marco de un franco deterioro general de las condiciones laborales en la administración de justicia, cuyo personal no accede a mejoras colectivas desde 2005, cuando fue suscrita la última.
Hermida señala que esta política de esquilmar los beneficios contractuales al personal judicial jubilado, pensionado y activo, forma parte de la aplicación de un paquete de medidas económicas de genuino corte liberal, similar al padecido por la población venezolana en 1989 y que produjo los hechos del Caracazo.
En este sentido, tanto las autoridades de la DEM como del Tribunal Supremo de Justicia y el Presidente de la República reproducen el mismo guión que se le criticó a CAP durante su último gobierno y que llevó al país y a los trabajadores y trabajadoras, especialmente en el sector judicial, a desarrollar una importante espiral huelgaria y de manifestaciones, haciendo uso de su derecho a exigir derechos en las calles.
En ese sentido, los presentes en la asamblea que debatió la situación de falta de respuesta por parte de la DEM acordó reunirse en las regiones a fin de organizar una movilización más numerosa en el mes de marzo y permanecer en un plantón a las puestas de la DEM, hasta ser atendidos. No se mencionan la fecha por razones de seguridad, pero si se avanza, al momento de escribir estas líneas, en la constitución de los núcleos organizativos del sector de jubilados y pensionados del Poder Judicial a nivel de varios estados del país.
Finalmente, los dirigentes Rivas, Solano, Zamora y Morales, hicieron un llamado a no dejarse invadir por la prédica desmovilizadora del sindicato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), conocido como Sintrat, cuyo único objetivo es sabotear la posibilidad de reclamar de manera autónoma y genuinamente clasista la aplicación del beneficio contenido en la convención colectiva.
Al cerrar la asamblea vocearon las tradicionales consignas reclamando justicia y reivindicando que “no somos subversivos, ni somos delincuentes, somos trabajadores en lucha consecuente”.
(Publicado originalmente por Esperanza Hermida en Deslinde / 25.02.2015)
